La resolución supone un revés para la estrategia del Grupo Socialista, que sostenía que el sistema de compensación económica entre hospitales públicos y centros concesionados habría generado importantes pérdidas para el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Sin embargo, el Tribunal considera que la denuncia no identifica cantidades concretas dejadas de cobrar, no individualiza responsables y construye su argumentación sobre hipótesis que no cuentan con el respaldo documental exigido por la legislación contable.
Una denuncia sustentada en hipótesis
Uno de los aspectos más contundentes del auto es la valoración que realiza sobre el contenido de la denuncia. El Tribunal sostiene que la acción pública parte de una «inferencia racional» sobre un posible desequilibrio en la gestión de las compensaciones entre hospitales, pero concluye que esa hipótesis no va acompañada de pruebas que permitan demostrar que ese supuesto desequilibrio haya provocado un daño patrimonial efectivo para la Administración.
En otras palabras, considera que puede debatirse si determinados procedimientos administrativos funcionan mejor o peor, pero eso no equivale a acreditar una responsabilidad contable, que exige demostrar un perjuicio económico concreto, evaluable y atribuible a responsables determinados.
El informe que sustentaba la denuncia tampoco acredita el supuesto perjuicio
La resolución también desmonta otro de los pilares de la denuncia socialista. El PSOE basaba buena parte de sus acusaciones en una auditoría correspondiente al Hospital General de Villalba y en una información periodística que hablaba de un supuesto perjuicio de 71 millones de euros para la sanidad madrileña.
Sin embargo, el Tribunal señala que la auditoría únicamente refleja discrepancias en determinados porcentajes de conformidad de la facturación, pero no identifica cantidades que permitan acreditar un daño económico para los fondos públicos. Respecto a los 71 millones de euros, recuerda que esa cifra procede de una noticia de prensa y carece del soporte documental necesario dentro del procedimiento.
El SERMAS certificó que no existen cantidades pendientes de cobrar
Otro de los elementos decisivos fue la documentación aportada por la Comunidad de Madrid. Durante la tramitación del procedimiento, la Dirección General de Gestión Económico-Financiera del SERMAS certificó que no existen derechos de cobro pendientes, líquidos y exigibles derivados de los contratos y convenios cuestionados por la denuncia.
Además, explicó que las discrepancias detectadas en algunos procesos de facturación responden habitualmente a cuestiones técnicas —como errores de codificación, actividades no facturables o episodios reclasificados— y no implican necesariamente pérdidas económicas para la Administración.
El Ministerio Fiscal también rechazó la denuncia
La posición del Ministerio Fiscal coincidió plenamente con la del Tribunal de Cuentas. En su escrito, la Fiscalía solicitó igualmente el archivo del procedimiento al entender que la denuncia no acreditaba un alcance contable real y se limitaba a plantear una investigación de carácter prospectivo, más propia de la función fiscalizadora que de un procedimiento jurisdiccional.
El Ministerio Público fue especialmente crítico con el uso que la denunciante hacía de la auditoría del Hospital de Villalba, al afirmar que dicho informe «no concluye» lo que sostiene el PSOE y que las afirmaciones contenidas en la denuncia son «valorativas y no fácticas». También reprochó que se extrapolaran los resultados de un único hospital y un único ejercicio a todo el modelo sanitario madrileño.
Sin base para abrir una investigación
Con todos estos elementos, el Tribunal de Cuentas concluye que no concurren los requisitos legales necesarios para iniciar un procedimiento de responsabilidad contable y acuerda el archivo de las actuaciones.
La resolución no entra a valorar la oportunidad política del modelo sanitario madrileño ni la eficacia del sistema de facturación intercentros, pero sí deja claro que las acusaciones formuladas por el PSOE carecen de la concreción y del soporte probatorio necesarios para justificar una investigación por alcance contable, al no acreditarse un perjuicio efectivo para los fondos públicos ni la existencia de responsables individualizados.
La ofensiva del PSOE contra el sistema de facturación entre hospitales públicos y concesionarios de la Comunidad de Madrid ha terminado archivada por el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador ha rechazado abrir siquiera una investigación jurisdiccional al concluir que la denuncia presentada por la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, no acredita la existencia de un perjuicio económico para las arcas públicas ni aporta indicios suficientes de responsabilidad contable.
La resolución supone un revés para la estrategia del Grupo Socialista, que sostenía que el sistema de compensación económica entre hospitales públicos y centros concesionados habría generado importantes pérdidas para el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Sin embargo, el Tribunal considera que la denuncia no identifica cantidades concretas dejadas de cobrar, no individualiza responsables y construye su argumentación sobre hipótesis que no cuentan con el respaldo documental exigido por la legislación contable.
Una denuncia sustentada en hipótesis
Uno de los aspectos más contundentes del auto es la valoración que realiza sobre el contenido de la denuncia. El Tribunal sostiene que la acción pública parte de una «inferencia racional» sobre un posible desequilibrio en la gestión de las compensaciones entre hospitales, pero concluye que esa hipótesis no va acompañada de pruebas que permitan demostrar que ese supuesto desequilibrio haya provocado un daño patrimonial efectivo para la Administración.
En otras palabras, considera que puede debatirse si determinados procedimientos administrativos funcionan mejor o peor, pero eso no equivale a acreditar una responsabilidad contable, que exige demostrar un perjuicio económico concreto, evaluable y atribuible a responsables determinados.
El informe que sustentaba la denuncia tampoco acredita el supuesto perjuicio
La resolución también desmonta otro de los pilares de la denuncia socialista. El PSOE basaba buena parte de sus acusaciones en una auditoría correspondiente al Hospital General de Villalba y en una información periodística que hablaba de un supuesto perjuicio de 71 millones de euros para la sanidad madrileña.
Sin embargo, el Tribunal señala que la auditoría únicamente refleja discrepancias en determinados porcentajes de conformidad de la facturación, pero no identifica cantidades que permitan acreditar un daño económico para los fondos públicos. Respecto a los 71 millones de euros, recuerda que esa cifra procede de una noticia de prensa y carece del soporte documental necesario dentro del procedimiento.
El SERMAS certificó que no existen cantidades pendientes de cobrar
Otro de los elementos decisivos fue la documentación aportada por la Comunidad de Madrid. Durante la tramitación del procedimiento, la Dirección General de Gestión Económico-Financiera del SERMAS certificó que no existen derechos de cobro pendientes, líquidos y exigibles derivados de los contratos y convenios cuestionados por la denuncia.
Además, explicó que las discrepancias detectadas en algunos procesos de facturación responden habitualmente a cuestiones técnicas —como errores de codificación, actividades no facturables o episodios reclasificados— y no implican necesariamente pérdidas económicas para la Administración.
El Ministerio Fiscal también rechazó la denuncia
La posición del Ministerio Fiscal coincidió plenamente con la del Tribunal de Cuentas. En su escrito, la Fiscalía solicitó igualmente el archivo del procedimiento al entender que la denuncia no acreditaba un alcance contable real y se limitaba a plantear una investigación de carácter prospectivo, más propia de la función fiscalizadora que de un procedimiento jurisdiccional.
El Ministerio Público fue especialmente crítico con el uso que la denunciante hacía de la auditoría del Hospital de Villalba, al afirmar que dicho informe «no concluye» lo que sostiene el PSOE y que las afirmaciones contenidas en la denuncia son «valorativas y no fácticas». También reprochó que se extrapolaran los resultados de un único hospital y un único ejercicio a todo el modelo sanitario madrileño.
Sin base para abrir una investigación
Con todos estos elementos, el Tribunal de Cuentas concluye que no concurren los requisitos legales necesarios para iniciar un procedimiento de responsabilidad contable y acuerda el archivo de las actuaciones.
La resolución no entra a valorar la oportunidad política del modelo sanitario madrileño ni la eficacia del sistema de facturación intercentros, pero sí deja claro que las acusaciones formuladas por el PSOE carecen de la concreción y del soporte probatorio necesarios para justificar una investigación por alcance contable, al no acreditarse un perjuicio efectivo para los fondos públicos ni la existencia de responsables individualizados.
