Corea del Sur promulga su primera ley de agrivoltaica: permisos de hasta 30 años, entrada en vigor el próximo 17 de diciembre de 2026 y un Ministerio de Agricultura que aún debe redactar la letra pequeña.
De ocho años a 30: el permiso que desbloquea la financiación
El texto salió adelante en la Asamblea Nacional en mayo y corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) ponerlo en marcha. La norma fija un plazo máximo de proyecto de hasta 30 años, por encima de los 23 años que se daban por hechos cuando la ley superó el trámite parlamentario. La duración concreta de cada proyecto la fijarán las autoridades locales mediante un decreto presidencial todavía pendiente.
Ahí está el cambio de fondo. El techo de tres décadas sustituye al permiso temporal de uso del suelo de ocho años vigente hasta ahora, la figura que los investigadores del sector señalaban como principal barrera para la financiación. Vamos a los datos: cualquier banco que financie un parque solar razona en vidas útiles de 25 a 30 años. Con un permiso de ocho, la ecuación no sale.
Quién puede operar y en qué suelo: tres categorías y una zona vetada
- Agricultores locales: residentes continuados en la zona con al menos tres años de gestión agrícola acreditada.
- Cooperativas de participación vecinal: integradas por un mínimo de diez residentes.
- Corporaciones agrícolas: las que cumplan los requisitos y operen dentro de zonas de energía renovable designadas.
El texto no prohíbe todo el capital externo ni las fórmulas de financiación, pero sí limita quién puede ostentar la titularidad de la licencia. En cuanto al suelo, solo son elegibles los terrenos situados fuera de las Zonas de Fomento Agrícola o, dentro de ellas, los que hayan sido designados como Zona de Energía Renovable, una figura ya prevista en el marco coreano de reestructuración rural.
Un permiso que no cubre la vida útil del activo no financia nada: el suelo es la primera garantía que mira cualquier inversor en renovables.
La organización sin ánimo de lucro Solutions for Our Climate cifró en mayo en torno al 47% del suelo agrícola del país el territorio cubierto por Zonas de Fomento Agrícola. El dato procede de fuentes externas de uso del suelo, no del articulado, y la ley no lo revisa: se limita a abrir la vía jurídica para que esos terrenos puedan ser elegibles.
Ese 47% no aparece en el texto legal, pero mide el suelo en juego si el decreto presidencial abre la puerta.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Plazo de explotación: hasta 30 años por proyecto, frente a los ocho años del permiso temporal anterior.
- Suelo potencial: las Zonas de Fomento Agrícola abarcan cerca del 47% del suelo agrícola del país.
- Inversión propuesta: 1,8 billones de wones (unos 1.300 millones de dólares) para solar en cubiertas industriales y agrivoltaica en el presupuesto de 2027.
- Capacidad en marcha: 10 MW de fotovoltaica agrícola en el complejo solar de Haenam.
La letra pequeña que aún no existe: sombreado, altura y separación
La ley deja los detalles técnicos al decreto presidencial: los límites exactos de sombreado, la altura de las estructuras, y la separación entre apoyos. Los materiales de política e industria han manejado referencias de un 30% de sombra como máximo, alturas mínimas en torno a 2,5 metros y espaciamientos cercanos a los 4 metros, pero ninguna de esas cifras está confirmada en el texto promulgado. Serán las autoridades locales las que verifiquen que la estructura no bloquea la maquinaria agrícola ni recorta demasiada luz a los cultivos.
Lo que sí es exigible ya es la obligación de seguir produciendo. Cada operador deberá mantener la actividad agrícola todos los años bajo un plan de cultivo aprobado y asumir deberes de mantenimiento y registro sobre el equipo solar. El compromiso no es la acción: hasta que no llegue el decreto, el marco operativo está a medias.
Francia, Italia y Japón: lo que ya exigen y en qué se diferencia Corea
Corea del Sur se suma a un club pequeño de países con legislación específica. La ley APER francesa de 2023 fijó una definición legal nacional y exige que el rendimiento del terreno cubierto se mantenga en torno al 90% de una parcela de referencia, aunque sigue abierto el reparto de ingresos con las comunidades locales. El marco italiano obliga a conservar al menos el 80% de la producción agrícola estándar. Japón funciona desde 2021 con una guía nacional, sin ley dedicada.
El presupuesto que casi dobla la apuesta
MAFRA ha propuesto casi duplicar el apoyo público a la solar en cubiertas de fábrica y a la agrivoltaica, hasta 1,8 billones de wones (unos 1.300 millones de dólares) en el presupuesto de 2027. El mayor proyecto solar de un solo emplazamiento en desarrollo, el complejo de Haenam, reserva 10 MW a capacidad fotovoltaica agrícola. La norma no llega sola: viene con dinero detrás.
Por qué los 30 años importan más que el titular de la ley
El precedente coreano es elocuente. Durante años, el permiso de ocho años obligaba a renovar la seguridad jurídica del suelo mucho antes de amortizar la instalación, y eso encarecía el capital. Los fondos institucionales que financian renovables, muchos alineados con la Taxonomía Verde europea, trabajan con horizontes que deben cubrir la vida útil del activo. Elevar el techo a 30 años ataca justo ese punto.
Quedan dos piezas sin encajar. La primera es el decreto: sin cifras de sombreado, altura y espaciamiento no hay proyecto bancable. La segunda es la titularidad. Reservar la licencia a agricultores, cooperativas vecinales y corporaciones agrícolas locales refuerza la aceptación social, pero una cooperativa de diez vecinos rara vez tiene músculo financiero para levantar una planta de varios megavatios.
El texto no veta el capital externo, solo la titularidad de la licencia, así que la fórmula que se imponga en la práctica (arrendamiento del suelo, sociedad mixta o cooperativa con socio tecnológico) decidirá si la ley se traduce en megavatios o en buenas intenciones. Ese efecto llega hasta abajo: cuando un país ordena el uso dual del suelo, empuja a promotores, fabricantes de estructuras y propietarios agrícolas a un mismo tablero.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: hasta 30 años de seguridad jurídica por proyecto frente a los ocho del régimen anterior, el factor que más pesa en el coste del capital.
- Modelo que cambia: el permiso temporal de uso del suelo agrícola deja de ser el cuello de botella y abre paso a un marco estable de uso dual.
- Para las próximas generaciones: cerca del 47% del suelo agrícola del país queda habilitado para generar electricidad sin dejar de alimentar, si el decreto acierta.
