La gasolina y el gasóleo costarán 6 céntimos más por litro desde este viernes 1 de agosto. No es una estimación: es la consecuencia directa de la retirada definitiva de las ayudas al combustible que el Gobierno prorrogó por última vez en junio. El impacto inmediato lo notará cualquiera que llene el depósito. Pero la onda expansiva sobre la inflación puede sumar hasta un punto al IPC en los meses de septiembre, octubre y noviembre, justo cuando el Banco Central Europeo (BCE) estudiaba acelerar las bajadas de tipos.
La medida que desaparece este viernes es el último vestigio del descuento generalizado de 20 céntimos por litro que el Gobierno puso en marcha en 2022. El coste para las arcas públicas superó los 8.000 millones de euros en dos años. Desde enero, la bonificación se había reducido a 10 céntimos y ahora se entierra del todo. El encarecimiento neto para el conductor será de unos 6 céntimos, porque los 14 restantes ya se habían eliminado escalonadamente. Para un depósito medio de 50 litros, el repostaje se encarece 3 euros esta misma semana.
Un repunte que se cuela en la cuesta de otoño
La subida de los carburantes actúa como un impuesto silencioso sobre la actividad económica. El transporte de mercancías por carretera, que mueve el 80% del comercio interior en España, traslada el alza a los precios de alimentos, materiales de construcción y productos industriales. Los economistas del servicio de estudios del Banco de España ya advierten que la retirada de las ayudas aportará entre tres décimas y un punto al índice general de precios de consumo (IPC) en el cuarto trimestre. La cifra exacta depende de cuánto trasladen las empresas al consumidor final y de si el petróleo mantiene su actual cotización en torno a los 86 dólares por barril.
El golpe llega en un momento delicado. La inflación subyacente —la que excluye energía y alimentos frescos— sigue clavada en el 3,8%, muy por encima del objetivo del 2% del BCE. Si el IPC general repunta de forma mecánica por la gasolina, la fotografía de septiembre y octubre puede ser engañosamente alta. Eso bastará para que algunos halcones del BCE frenen en seco cualquier recorte de tipos, pese a que la economía de la eurozona apenas crece un 0,3% trimestral.
Mientras tanto, el Ministerio de Transición Ecológica ha descartado prorrogar la ayuda, argumentando que los precios del petróleo se han estabilizado en torno a 86 dólares por barril y que el déficit público no admite más excepciones. La decisión, aunque técnicamente esperada, deja sin red al sector del transporte justo cuando la operación salida de agosto dispara la demanda de combustible.
La subida de los carburantes no es un choque externo, sino una decisión de política económica que el BCE debe digerir sin sobreactuar.
El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido en público que los bancos centrales distingan entre movimientos de oferta —como este— y presiones sostenidas de demanda. De lo contrario, la política monetaria corre el riesgo de cometer un error de sincronía: apretar cuando la economía se frena y aflojar cuando la inflación ya remitía por sí sola.
Impacto empresarial: márgenes bajo presión
Para las empresas de transporte, logística y distribución, el final de la bonificación es un nuevo mordisco a unos márgenes que ya se habían estrechado por los costes laborales y la energía eléctrica. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) calcula que el sobrecoste anual para un camión medio supera los 1.200 euros si el diesel se mantiene alto. Grandes operadores como Seur, DHL o los centros logísticos de Mercadona absorberán parte del golpe en sus contratos a corto plazo, pero la presión para repercutirlo en tarifas será inevitable si la situación se prolonga más allá del verano.
No solo el transporte sufre. Las gasolineras de la red de Repsol, Cepsa y BP aplicarán desde el viernes los nuevos precios sin el descuento del Estado, y las estaciones de servicio independientes, con menos músculo financiero, tendrán que decidir si reducen su propio margen o encarecen la venta al público. El turismo de agosto, con millones de desplazamientos, será el primer termómetro del descontento.
La partida de ajedrez del BCE
El Consejo de Gobierno del BCE se reúne el próximo 14 de septiembre. Antes, los analistas esperan que la inflación de agosto —que se publica el 1 de septiembre— suba tres o cuatro décimas por el efecto carburante. Si los precios de los servicios no ceden, el argumento para una pausa ganará peso. Los mercados ya descuentan solo un 30% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre, frente al 60% que barajaban en junio.
Christine Lagarde, presidenta del BCE, tendrá que manejar un equilibrio complejo: los datos de inflación serán peores por un factor transitorio que ella misma podría calificar de «ruido estadístico». Pero la comunicación con los inversores es clave. Si el BCE no recorta en septiembre pero insinúa un movimiento para octubre, podría mantener la calma. Lo que no quiere Fráncfort es ver de nuevo la palabra «estanflación» en los titulares.
La experiencia de 2023 demuestra que la inflación generada por los precios de los combustibles puede diluirse tan rápido como llegó. Pero esta vez el contexto es distinto: la economía real muestra signos de fatiga y el mercado laboral empieza a enfriarse. La última vez que el BCE subió tipos en un entorno de bajo crecimiento y elevada incertidumbre energética fue en 2008, justo antes de la gran recesión. La historia no se repite, pero rima.
