El movimiento de esta semana de Vox contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid pone todavía más presión sobre Almeida y el Ayuntamiento para eliminar la medida. La decisión del partido que preside Santiago Abascal de hacer todo lo posible por forzar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo acompaña la presión ejercida por la Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones de Movilidad en Madrid (AVARM), que ha interpuesto un nuevo recurso contra la ordenanza que mantiene su presencia, ha puesto en jaque la medida. El problema es que esta decisión puede abrir la puerta a un escenario en el tráfico difícil de asumir en el centro de la ciudad.
Es un aviso no solo para los usuarios de vehículos particulares, sino para los conductores de plataformas como Uber, Cabify y Bolt, así como para los taxistas, que se han acostumbrado a transitar por calles despejadas, o al menos con menor densidad de tráfico, en la zona. Al mismo tiempo, la ZBE del centro de la capital es clave para su negocio por la importancia que tiene para el turismo y el ocio madrileño.
En esta situación, las empresas y los conductores del sector tienen un margen de maniobra reducido. Se trata de una decisión legal y política, no económica, pero que puede marcar su día a día. Además, la resolución llega tras un esfuerzo notable —que abarca desde los autónomos hasta las grandes plataformas— para electrificar sus flotas y poder seguir operando en estos espacios. Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid sigue defendiendo la medida, recordando que la limpieza del aire es una de las exigencias directas de la UE a la ciudad.
Sin embargo, hay quienes dentro del sector no muestran tanto temor. Para muchos, la peatonalización de la ciudad es un proceso irreversible, incluso si cae la ordenanza, pues la apuesta de los usuarios por el transporte público debería seguir manteniendo a la mayoría de los vehículos particulares, eléctricos o no, fuera de estos espacios.
AVARM y Vox contra las ZBE
Es cierto que responden a motivos diferentes, pero la ofensiva contra las ZBE ha sido un dolor de cabeza permanente para el PP en la capital. Eliminar ‘Madrid Central’ fue una de las promesas electorales de Almeida, pero la realidad normativa no lo ha hecho viable, lo que irónicamente ha permitido trabajar con mayor fluidez a las plataformas de VTC y a los taxistas en las áreas de mayor demanda de la ciudad.
A esto se suma que, tanto para los conductores de Uber, Cabify y Bolt como para el colectivo del taxi, optimizar los tiempos de trayecto es fundamental para sostener su facturación. Todo ello en una capital donde las plataformas de la ‘nueva movilidad’ han cobrado un protagonismo estratégico, impulsadas por la fuerte inversión en ocio nocturno y la celebración de grandes eventos deportivos, culturales y económicos programados para los próximos años.
De momento, han contado con la baza de que el Ayuntamiento ha encontrado vías legales para sostener la medida a pesar de los recursos interpuestos y las resoluciones del Tribunal Supremo. Aunque existe una parte del electorado del PP madrileño que querría el fin definitivo de las ZBE en el centro, los compromisos medioambientales asumidos ante Europa han sido la prioridad del Gobierno local.
El recurso más reciente de AVARM es un aviso para Uber, Cabify y Bolt
En cualquier caso, la impugnación más reciente de AVARM, sumada a la orden judicial de anulación de parte del trazado de las ZBE, sigue complicando la pervivencia de estos espacios restringidos. Para Uber, Cabify y Bolt, esta inseguridad jurídica puede traducirse en un cambio estructural en el modo en que operan dentro de la almendra central.
Desde AVARM han defendido que ‘la impugnación no cuestiona la protección de la salud ni la mejora de la calidad del aire. Lo que se combate es otra cosa: que el Ayuntamiento pretende blindar un modelo altamente restrictivo sin acreditar de forma bastante, accesible y contradictoria por qué estas concretas medidas, en estos concretos barrios y con este concreto aparato sancionador y tecnológico, superan el juicio de legalidad, igualdad, proporcionalidad y buena administración. La defensa municipal conocida hasta ahora confirma precisamente que el Ayuntamiento centra su posición en la suficiencia del procedimiento y de los estudios incorporados, extremo que deberá someterse ahora al control judicial pleno’.
Las multas que quedan en el aire
En todo caso, la principal preocupación del Palacio de Cibeles no se centra en los conductores de VTC ni en el taxi, sino en el impacto económico y administrativo de las sanciones impuestas a los automovilistas durante los últimos años.
Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha iniciado la ejecución forzosa de la sentencia que anula las Zonas de Bajas Emisiones de la capital. Si el procedimiento avanza, 3,5 millones de multas impuestas desde su entrada en vigor quedarían totalmente sin efecto. La resolución judicial se suma a una cascada de recursos que ponen en jaque las restricciones de tráfico en ciudades como Barcelona, Málaga o Gijón y que amenazan con rediseñar el mapa de la movilidad urbana en España.
