Una vez más, la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) en Madrid ha llevado a los tribunales la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid destinada a regular las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital. Lo hizo primero con una impugnación de la medida y, ahora, presenta un recurso contra la misma.
«AVARM ha acordado interponer recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza 2/2026, de 24 de marzo, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y publicada en el BOCM de 6 de abril de 2026, al considerar que la nueva regulación de las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección y del Servicio de Estacionamiento Regulado impone restricciones de enorme intensidad sin las debidas garantías de motivación reforzada, transparencia, participación real y proporcionalidad. La propia publicación oficial prevé su impugnación directa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid», explica la Asociación.
Si bien las ZBE han sido controvertidas desde su aparición en Madrid, hay quien las sigue defendiendo. Por un lado, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad han recordado que son una medida necesaria para cumplir con las políticas de la Unión Europea en cuanto a emisiones; por otro, empresas como Uber, Cabify y Bolt, así como el sector del taxi, han asegurado que la congestión que habría en el centro de la ciudad si decae la medida haría más complicado su trabajo, sobre todo en días de alta demanda.
AVARM mantiene su presión contra las ZBE
Por su parte, desde AVARM aseguran que «La impugnación no cuestiona la protección de la salud ni la mejora de la calidad del aire. Lo que se combate es otra cosa: que el Ayuntamiento pretende blindar un modelo altamente restrictivo sin acreditar de forma bastante, accesible y contradictoria por qué estas concretas medidas, en estos concretos barrios y con este concreto aparato sancionador y tecnológico, superan el juicio de legalidad, igualdad, proporcionalidad y buena administración. La defensa municipal conocida hasta ahora confirma precisamente que el Ayuntamiento centra su posición en la suficiencia del procedimiento y de los estudios incorporados, extremo que deberá someterse ahora al control judicial pleno».
Para AVARM, «la nueva ordenanza vuelve a cargar el peso de la regulación sobre la ciudadanía, especialmente sobre quienes tienen menos capacidad económica para adaptarse a restricciones crecientes de acceso, circulación y estacionamiento, mientras sigue sin ofrecerse a los afectados un acceso claro, completo y ordenado a toda la documentación técnica, económica, contractual y de protección de datos que sostiene el sistema. En Plaza Elíptica, además, consta que la infraestructura de la A-42 corresponde al Ministerio en conservación y explotación, aunque la gestión del tráfico sea municipal, lo que refuerza la necesidad de un examen especialmente riguroso de la coordinación interadministrativa que ha servido de base a la regulación».
«AVARM va a llevar este asunto hasta el final porque no basta con invocar la salud pública para restringir derechos: hay que motivar, justificar, transparentar y permitir un control real. Y eso es exactamente lo que vamos a exigir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid», sentencian.
Un golpe para los taxistas y para Uber, Cabify y Bolt
En cualquier caso, ya en el pasado, tanto los taxistas como las plataformas de transporte como Uber, Cabify y Bolt han avisado de que, si se cumple con los objetivos de Vox o AVARM y se retiran las ZBE, esto tendrá un efecto directo en su capacidad operativa. Y es que un aumento de la cantidad de vehículos como el que podrían asumir algunas zonas del centro de la ciudad puede hacer que operar sea complicado en días de alta demanda. Es un reto que esperan no tener que afrontar, pues la apuesta es que el Ayuntamiento de Madrid siga buscando fórmulas para mantener la ordenanza de Madrid 360, a pesar de las críticas.
Por otro lado, hay quienes dentro del sector no muestran tanto temor. Para muchos, la peatonalización de la ciudad es irreversible, incluso si cae la ordenanza, pues la apuesta de los usuarios por el transporte público debería seguir manteniendo a la mayoría de los vehículos particulares, eléctricos o no, fuera de estos espacios.
El largo conflicto por las ZBE de Madrid
Sea como fuere, el duelo por las ZBE de la capital ha sido largo y complejo, y aunque Almeida ha conseguido rescatarlas, las sentencias sobre estas medidas más allá de la capital tampoco han sido positivas. Al mismo tiempo, son una exigencia europea, y los fondos Next Generation pueden verse afectados si se pierde la medida y se acaban por disparar las emisiones.
La propia AVARM ya ha conseguido un resultado favorable en el pasado. En septiembre de 2024, la agrupación consiguió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que prohibía al Ayuntamiento exigir las etiquetas ECO para entrar en las zonas de Madrid 360. En aquel momento, la asociación ya señalaba que el plan de los de Almeida era aprobar una nueva ordenanza, por lo que ahora esperan poder obligar a que el Consistorio dé un paso atrás.
