Japón ha dado un paso histórico al reclasificar oficialmente las criptomonedas, incluido Bitcoin, como activos financieros. El Parlamento nipón aprobó este miércoles una enmienda que saca a estos activos del marco de pagos y los mete de lleno en la legislación de valores. ¿El resultado? Se abre la puerta a los ETF de Bitcoin al contado en el país y se recorta el impuesto sobre ganancias del 55% al 20% a partir del año 2028.
La votación, adelantada en abril por el gabinete japonés, culmina ahora con la aprobación definitiva. La nueva ley, que entrará en vigor en el plazo de un año aproximadamente, con el objetivo de estar plenamente operativa en el año fiscal 2027, supone un cambio profundo en cómo Japón supervisa esta clase de activos.
¿Qué ha aprobado exactamente el Parlamento japonés?
Hasta ahora, las criptomonedas estaban reguladas por la Ley de Servicios de Pago, que las trataba principalmente como un medio de pago. Con la enmienda, pasan a estar bajo el paraguas de la de la Ley de Instrumentos Financieros y de Intercambio (FIEA, por sus siglas en inglés), el mismo marco que regula las acciones, los bonos y los fondos de inversión.
Esto implica que a partir de ahora, las criptomonedas estarán sujetas a normas de protección del inversor mucho más estrictas. Se aplicarán, por ejemplo, las reglas de uso de información privilegiada: emisores, operadores de exchanges y cualquier persona con acceso a datos no públicos no podrán comerciar antes de eventos como nuevas inclusiones o exclusiones de tokens, o incidentes técnicos importantes.
Los exchanges tendrán nuevas obligaciones de transparencia. Deberán publicar información detallada sobre cada token: quién lo emite, cómo funciona su blockchain y cuál es su perfil de volatilidad, un estándar similar al que se exige a las empresas de valores. Además, las autoridades ganan capacidad de vigilancia del mercado más amplia.
Las sanciones también se endurecen. La pena máxima de prisión para operadores de cripto no registrados pasa de tres a diez años, y la multa máxima sube de 3 millones de yenes a 10 millones de yenes (cerca de 62.000 dólares al cambio actual). Esta dureza equipara las infracciones con criptomonedas a los delitos de fraude de valores.
Japón deja atrás el enfoque de pagos y se alinea con los mercados de capitales. Una decisión que marcará el camino para otros países.
Impacto en los inversores: ETFs y la esperada rebaja fiscal
La reclasificación tiene dos consecuencias directas para los inversores. La primera y más inmediata es allanar el camino para los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado. Al estar ahora bajo la FIEA, los activos digitales pueden formar parte de las carteras de los fondos regulados, eliminando la barrera estructural que impedía a las gestoras japonesas lanzar ETF sobre criptomonedas.
La segunda es una rebaja fiscal muy esperada. Actualmente, las ganancias con criptomonedas en Japón tributan como ingresos varios, un tipo que puede llegar al 55%, uno de los más elevados del mundo. La reforma fiscal aprobada en paralelo establece un tipo fijo del 20% a partir de 2028, el mismo que se aplica a las ganancias bursátiles. Esto no solo alivia la carga a los inversores actuales, sino que puede atraer a nuevos participantes al mercado japonés.
Un giro que refuerza la legitimidad del sector
Japón, que fue uno de los primeros países en regular los exchanges de criptomonedas tras el colapso de Mt. Gox, siempre ha sido visto como un regulador temprano pero cauto. Con esta decisión, el país da un salto cualitativo: deja de tratar las criptodivisas como un fenómeno aislado y las integra en el corazón de su sistema financiero.
Este movimiento se produce en un contexto de impulso a las tecnologías Web3 por parte del gobierno japonés y en el momento en que se debate la posibilidad de exigir a los exchanges reservas de capital similares a las de las firmas de valores. La industria cripto local, con un número creciente de cuentas de usuario, se prepara para una base más amplia de inversores minoristas. La medida también podría influir en otras jurisdicciones que hasta ahora mantenían un enfoque más restrictivo, presionándolas a seguir el ejemplo japonés.
Sin embargo, no todo es inmediato. La implementación llevará su tiempo (el objetivo es el año fiscal 2027) y la rebaja fiscal no llegará hasta 2028. Además, la equiparación con valores trae consigo exigencias de transparencia y control que podrían ser difíciles de cumplir para algunos proyectos pequeños o exchanges con menos recursos. Aún así, la señal es clara: Japón apuesta por dotar a las criptomonedas de un marco jurídico sólido, alejándolas de la zona gris regulatoria en la que se movían.
