Las pymes captan apenas el 7% del valor de los contratos públicos en España, según el último informe anual del Banco de España. El dato pone cifras a un problema que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los expertos llevan años señalando: las barreras de acceso son tan altas que más de un tercio de las licitaciones se quedan sin competencia. Si tienes una pequeña o mediana empresa, participar en estos concursos no es imposible, pero enfrentas un coste fijo inicial que disuade a muchas.
Los números son elocuentes. De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda cerrados a 31 de diciembre de 2025, las pymes optan a menos de un tercio de los concursos, pero su peso en el presupuesto movilizado se reduce al 7%. En 2019, entre el 18% y el 34% de las grandes empresas obtuvieron al menos un contrato público, frente a apenas entre el 2% y el 4% de las pymes. Además, la proporción de licitaciones sin ninguna oferta ha pasado del 19% en 2013 al 35% en 2023, un incremento superior al registrado en otras economías de la eurozona, según el Banco de España.
Las cifras muestran que la contratación pública no está cumpliendo su papel dinamizador porque las pymes, que son el 99% del tejido productivo, prácticamente no participan.
El 7% que lo dice todo
El supervisor español subraya que este fenómeno «podría estar limitando el potencial dinamizador de la contratación pública sobre el crecimiento empresarial, especialmente en el caso de las empresas más pequeñas». Y no es un problema puntual: desde 2013, la penalización asociada a ser una pyme —medida como el efecto marginal de tener ese tamaño sobre la probabilidad de conseguir un contrato— se ha ampliado de forma notable en España, mientras que en el resto de la eurozona no se observa una dinámica comparable. Es decir, las barreras específicas para las pymes españolas han crecido más que las de sus homólogas europeas.
La casi total ausencia de pequeñas y medianas empresas en las licitaciones no solo resta oportunidades a estos negocios; también perjudica a las propias administraciones contratantes. La falta de competencia encarece los proyectos, reduce la innovación y provoca que muchos concursos queden desiertos. El regulador lo deja claro: las licitaciones sin concurrencia han aumentado 16 puntos porcentuales en diez años.
Por qué las pymes se quedan fuera: costes y burocracia
Detrás del 7% hay múltiples muros. El primero es económico: participar en una licitación pública exige asumir un coste fijo inicial —horas de estudio de pliegos, preparación de documentación, avales— que en términos relativos resulta mucho más elevado para una empresa pequeña que para un gran grupo. Ese coste de entrada disuade a muchas pymes incluso antes de intentarlo.
A esto se suma una complejidad administrativa que la CNMC califica de «importante dispersión de fuentes». No existe un portal único donde consultar todas las licitaciones de los tres niveles de la administración, lo que dificulta en en el seguimiento diario. A menudo, los pliegos exigen requisitos de solvencia y experiencia que la propia CNMC considera desproporcionados, lo que excluye de facto a empresas con buena trayectoria pero sin un historial de contratos públicos reciente. También pesan las cargas financieras: avales o retrasos en los pagos que solo las compañías más capitalizadas pueden sortear.
El cambio del SMI ha añadido una vuelta de tuerca. La Ley de Desindexación impide que las empresas contratadas por el sector público trasladen a los costes de la licitación el incremento del Salario Mínimo Interprofesional que deben asumir durante la ejecución del contrato. Esta rigidez afecta a todas las empresas, pero golpea más a las que no tienen espalda para absorber el sobrecoste.
Las reformas que intentan abrir la puerta (y lo que aún falta)
Conscientes del problema, las administraciones han movido ficha, aunque los resultados son todavía parciales. La medida más reciente llegó en el primer trimestre de 2026, cuando el Ministerio de Hacienda amplió el plazo para acreditar la experiencia técnica de los autónomos y las pymes: ahora pueden presentar trabajos y proyectos realizados en los últimos diez años, en lugar de los cinco que se exigían hasta entonces. La novedad, sin embargo, se limita a subgrupos muy concretos —infraestructuras terrestres, obras ferroviarias, hidráulicas, marítimas y proyectos energéticos— y no cubre todas las actividades.
Anteriormente, en 2017, se introdujo la obligación de dividir los contratos en lotes y de justificar por escrito cualquier decisión de no hacerlo. La medida pretendía facilitar que una pyme pudiera optar a una parte del contrato sin tener que asumir todo el volumen. Pero los expertos coinciden en que su aplicación es desigual y que algunas administraciones siguen evitándola.
La CNMC, en su informe de febrero de 2026, propuso además simplificar los formularios, unificar las plataformas de consulta y, en el plano más ambicioso, reservar un porcentaje específico de contratos públicos para las pymes, una práctica que ya existe en otros países europeos. Pero la propuesta no ha cristalizado en una norma concreta. Y falta, sobre todo, un cambio en la Ley de Desindexación que permita actualizar los costes salariales de los contratos públicos, una reforma que la anterior ministra de Hacienda bloqueó y que su sucesor aún no ha retomado.
Los avances son reales, pero limitados. El 7% refleja tanto la dureza de las barreras como la lentitud de las soluciones. Si la contratación pública quiere ser una palanca de crecimiento para el 99% del tejido empresarial, hacen falta más agilidad y, sobre todo, voluntad política para remover los obstáculos que las propias administraciones han construido.
Guía rápida para pymes que quieren empezar a licitar
- 📅 Plazos: no hay un calendario único; las licitaciones se publican de forma continua. Hay que revisar a diario los portales oficiales.
- ✅ Requisitos clave: capacidad de obrar, solvencia económica y técnica (experiencia en el sector, cifra de negocio), y no estar incursa en prohibiciones para contratar.
- 🌐 Dónde informarse: el portal de la Contratación del Estado agrupa las convocatorias estatales; las autonómicas y locales tienen sus propias plataformas. También es útil la web de la CNMC con informes sobre contratación pública.
- 💰 Coste: preparar una oferta puede costar cientos o miles de euros en horas de estudio, asesoría y avales. La mayoría de las pymes asumen este coste sin certeza de éxito.
- ⚠️ Error a evitar: no ajustar la oferta a los requisitos exactos de solvencia y experiencia del pliego, que puede provocar la exclusión automática.
