La CNMC ha aprobado este 13 de julio de 2026 una reforma de los procedimientos de operación PO 7.4 y PO 14.4 que amplía la participación de las instalaciones renovables y de almacenamiento en el control de tensión de la red eléctrica. La resolución introduce una nueva modalidad básica de seguimiento de consignas fijas, incrementa la remuneración del servicio voluntario y crea una compensación específica para las horas en que estas plantas inyectan potencia reactiva sin generar energía activa.
Nueva modalidad básica: la puerta de entrada para renovables y baterías de al menos 1 MW
Hasta ahora, el control de tensión exigía sistemas de comunicación capaces de recibir consignas variables en tiempo real, un requisito que excluía a muchas instalaciones renovables, especialmente las de menor tamaño. La modificación del PO 7.4 salva ese obstáculo con una modalidad básica de prestación del servicio basada en el seguimiento de consignas fijas de tensión o de potencia reactiva. Cualquier planta de generación o almacenamiento de al menos 1 MW, tanto conectada a la red de transporte como a la de distribución, podrá adherirse.
El objetivo declarado por la CNMC es facilitar la transición desde el actual esquema de regulación por factor de potencia hacia sistemas más avanzados de regulación de tensión. En la práctica, supone rebajar la barrera de entrada para miles de instalaciones que, sin esta reforma, no habrían podido monetizar su capacidad de aportar estabilidad a la red. La modalidad básica no sustituye al servicio voluntario de seguimiento en tiempo real, sino que lo complementa, creando un escalón de acceso progresivo.
Remuneración revisada: más incentivos y compensación por horas sin generación activa
La reforma no solo amplía quién puede participar, sino que también revisa al alza la retribución del servicio. La CNMC incrementa la remuneración del servicio voluntario de seguimiento de consignas en tiempo real y establece, por primera vez, una compensación específica para las horas en que una instalación presta control de tensión sin generar energía activa. Es decir, cuando una planta fotovoltaica, por ejemplo, inyecta potencia reactiva durante la noche o en momentos sin recurso solar suficiente.
Además, se introduce una retribución ligada a la potencia instalada, destinada a cubrir los costes de adaptación tecnológica y los peajes y cargos que estas instalaciones afrontan cuando prestan el servicio sin recurso primario. El regulador confía en que estas señales económicas aceleren la habilitación de nuevos recursos capaces de proporcionar control dinámico de tensión y aumenten la disponibilidad de herramientas con las que Red Eléctrica podrá gestionar las crecientes necesidades de un sistema cada vez más renovable.
La reforma abre la puerta a que miles de plantas renovables empiecen a cobrar por la estabilidad de tensión, un servicio que hasta ahora solo prestaban grandes generadores síncronos.
Red Eléctrica, como operador del sistema, queda obligada a publicar periódicamente información sobre las necesidades zonales de control de tensión, los recursos disponibles y previstos, y las soluciones más adecuadas para cubrir esas carencias. La CNMC busca con ello incrementar la transparencia y facilitar la planificación de nuevas inversiones por parte de los agentes. Es, de hecho, uno de los pilares de la resolución: que el mercado conozca dónde hace falta control de tensión y pueda desplegar baterías o renovables allí donde la red más lo necesita.
Análisis: transparencia zonal y la espinosa cuestión de quién paga las restricciones técnicas
La resolución aborda también el debate sobre la financiación de los costes del control de tensión y las restricciones técnicas. Varios comercializadores habían solicitado que estos costes dejaran de formar parte del coste de adquisición de energía —donde se diluyen en el precio del pool— y pasaran a recuperarse mediante un término regulado incluido en peajes y cargos. La CNMC reconoce que ese modelo aportaría mayor previsibilidad a las comercializadoras, pero advierte de un riesgo que la industria suele pasar por alto: trasladar la incertidumbre económica al consumidor final.
Si el coste de las restricciones técnicas se recupera vía peajes, el precio regulado tendría que revisarse periódicamente para evitar déficits o superávits derivados de la evolución real de la operación del sistema. Los consumidores con contratos a precio fijo perderían parte de la estabilidad que hoy les protege. Por eso la Comisión considera prioritario continuar reduciendo el coste de las restricciones técnicas antes que modificar su mecanismo de financiación. La propia reforma va en esa dirección: facilitar la participación de renovables y almacenamiento en el control de tensión reduce la necesidad de recurrir a ciclos combinados, que son los grandes protagonistas de esas restricciones técnicas y que encarecen el servicio.
La CNMC frena la propuesta de pasar el coste de las restricciones a peajes porque, aunque daría certidumbre al comercializador, desprotegería al consumidor con tarifa fija.
La resolución no cierra el melón de la financiación: anuncia que continuará la revisión del PO 7.4 para mejorar la eficiencia del servicio. Entre las cuestiones que quedan pendientes está el control de tensión en infraestructuras de evacuación compartidas y en los nudos frontera entre las redes de transporte y distribución. También se estudia, junto con Red Eléctrica y las empresas distribuidoras, un proyecto piloto para incorporar una participación más activa de la demanda en la prestación del servicio de control de tensión, lo que añadiría una capa más de complejidad y, potencialmente, de ahorro.
El regulador se guarda una última carta: analizar si el actual mecanismo de imputación de los costes de las restricciones técnicas proporciona señales económicas adecuadas a los consumidores. Dicho de otro modo: si el sistema de precios actual incentiva un uso eficiente de la red o si, por el contrario, esconde costes que no se trasladan correctamente. La CNMC ha abierto la puerta a que renovables y baterías cobren por la estabilidad de la tensión, pero también ha dejado claro que la factura final de esa estabilidad no debe caer sobre el consumidor sin que este sepa exactamente qué está pagando.
