Indra aplaza la definición de los detalles de su despliegue industrial mientras la pugna entre el Principado de Asturias y la Xunta de Galicia por albergar la segunda planta de vehículos blindados escala al terreno político. La compañía que preside Marc Murtra enmarca cualquier decisión en una «reflexión estratégica» sin plazos, en un momento en el que el debate territorial amenaza con condicionar la hoja de ruta del grupo de defensa.
«Nuestros planes industriales los hacemos, no los comentamos antes. Estamos analizando la manera de dar respuesta a las necesidades industriales que tenemos y todo eso formará parte de una reflexión estratégica», aseguraron fuentes de Indra a Europa Press. La breve declaración esquiva la concreción de ubicaciones y presupuestos que las dos comunidades exigen con urgencia.
Sin plazos ni ubicaciones: la ‘reflexión estratégica’ de Indra
La indefinición llega después de que el diario ‘La Nueva España’ adelantara que la compañía se plantea instalar su segunda fábrica de vehículos militares en As Pontes (A Coruña), en una nave con opción de ampliación en terrenos de la Xunta, y que ya habría contratado a una ingeniería para adaptar las instalaciones. Este movimiento responde a la necesidad de ampliar capacidad ante la carga de pedidos de blindados, una vez que no se ha alcanzado un acuerdo con Duro Felguera para adquirir el taller de Barros, en Langreo.
El taller asturiano de Barros era la pieza clave del desembarco fabril de Indra en el Principado, pero las negociaciones con Duro Felguera no han prosperado. Fuentes del sector apuntan a que la valoración y las condiciones laborales de la plantilla habrían trabado la operación, aunque ninguna de las partes ha confirmado los motivos de la ruptura.
Mientras, la compañía mantiene su proyecto de Gijón para la fabricación y pruebas de vehículos blindados, y continúa con otros desarrollos industriales en León y en otras provincias. Lo que está en discusión no es la presencia de Indra en Asturias, sino si la segunda macronave se levantará en el Principado o en Galicia.
Asturias versus Galicia: la pugna por la fábrica de blindados
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha elevado el tono y ha garantizado la continuidad del proyecto en Barros descartando cualquier traslado a Galicia. «Antes de perder la fábrica de Barros, nosotros actuaremos con todos los instrumentos que nos da la ley para defender esa operación», afirmó el sábado en Bimenes. Barbón fue taxativo: «A Galicia no se lleva nada. Lo que va a Barros, va a Barros».
El líder asturiano también puso en valor el conocimiento del plan estratégico de Indra y llamó a la calma. Según explicó, la compañía «quería desarrollar actividad en multitud de provincias, multitud de comunidades autónomas» y los proyectos de Asturias se mantendrían en la región. La Xunta, por su parte, guarda silencio y se limita a facilitar suelo en As Pontes, confiada en que la lógica industrial incline la balanza hacia Galicia.
La indefinición del plan industrial contrasta con la ambición de Indra de convertirse en el referente nacional de la defensa, un objetivo que exige certezas fabriles y políticas cuanto antes.
Más allá del rifirrafe autonómico, el trasfondo es la pugna por los puestos de trabajo cualificados y la inversión que traerá la nueva planta. Se habla de cientos de empleos directos y un efecto tractor sobre el tejido de pymes auxiliares de cada comunidad. La decisión final tendrá un peso simbólico y económico que ningún presidente autonómico quiere ceder.
Lo que está en juego para Indra y para la defensa nacional
Para Indra, la segunda fábrica no es un capricho: el grupo ha multiplicado su cartera de pedidos militares tras la guerra de Ucrania y el programa del Vehículo Blindado sobre Ruedas (VCR) 8×8 ‘Dragón’. La planta asturiana de Gijón ya está al límite de su capacidad, y los contratos con el Ministerio de Defensa y las exportaciones exigen una segunda línea de montaje. En el sector, competidores como GDELS-Santa Bárbara o la propia Navantia también están ampliando sus capacidades, y el tiempo de respuesta es cada vez más un factor competitivo.
La indefinición de Indra, sin embargo, responde a una estrategia deliberada: no mostrar sus cartas industriales mientras los gobiernos autonómicos compiten en incentivos. Es una táctica conocida en el sector: la opacidad inicial fortalece la posición negociadora ante las administraciones. El riesgo, no obstante, es que la dilación alimente un conflicto político que enturbie la imagen del grupo y retrase los plazos de ejecución.
El consenso de los analistas del sector de defensa indica que Indra necesita cerrar la ubicación de la segunda fábrica antes de que termine el ejercicio para no comprometer los pedidos internacionales que están sobre la mesa. Las fuentes consultadas por Merca2.es sitúan la inversión inicial en una horquilla de entre 80 y 120 millones de euros, aunque la compañía no ha confirmado ninguna cifra.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La próxima comunicación oficial de Indra sobre su plan industrial, previsiblemente en la presentación de resultados del primer semestre o en un hecho relevante específico que despeje la ubicación de la segunda fábrica.
- Reacción del valor: La cotización de Indra apenas ha reaccionado al debate autonómico porque el mercado descuenta que la decisión final será económica y no política. Cualquier retraso prolongado o un sobrecoste por injerencias políticas podría generar volatilidad.
- Precedente sectorial: El desenlace recuerda a la disputa de hace una década entre Ferrol y Cartagena por la carga de trabajo naval. El criterio industrial acabó imponiéndose, y el inversor institucional suele penalizar las soluciones que no se basan en la máxima eficiencia productiva.
