La polémica alcanzó su punto álgido durante el encuentro DigitalES Summit. En dicho foro, el líder de MasOrange, Meinrad Spenger, calificó de «interesada y parcial» la propuesta de Telefónica para actualizar los precios mayoristas de su infraestructura civil, apelando al «buen criterio» de la CNMC para frenar cualquier incremento. Sin embargo, la firme oposición de la compañía fusionada contrasta radicalmente con la realidad del entorno europeo, especialmente con el modelo regulatorio implementado en Francia.
En el país vecino, las autoridades de competencia permitieron una actualización muy significativa de los precios de acceso a la infraestructura civil de Orange (el operador incumbente francés). Lejos de cumplir los pronósticos que auguraban un perjuicio para los consumidores o una desestabilización del mercado, la medida se ejecutó con normalidad. Los datos del sector revelan que las tarifas mayoristas francesas han subido más de un 130% desde marzo de 2024, partiendo ya de niveles considerablemente más elevados que los españoles. En la actualidad, los precios que pagan los operadores en Francia por usar los conductos son más de cuatro veces superiores a los de Telefónica en España.
Esta comparativa internacional debilita el argumento de que una revisión de la oferta MARCo en España vaya a estrangular la competencia. Al contrario, los analistas señalan que actualizar estos baremos no supone «remonopolizar» el sector, sino adaptar las reglas del juego a los principios del Reglamento Gigabit de la Unión Europea, garantizando la sostenibilidad de las redes y un retorno razonable de las inversiones 30 años después de la liberalización del mercado.
Desmitificando el impacto real en los costes de despliegue
Frente a las estimaciones que sugieren que el alquiler de las canalizaciones subterráneas representa una carga inasumible para las tarifas de los operadores alternativos, las auditorías reales del sector ofrecen una perspectiva muy diferente. El acceso a la infraestructura civil de Telefónica representa poco más del 2% de los costes totales de despliegue de un operador eficiente. Por lo tanto, una actualización moderada de los precios regulados carece de la capacidad de alterar significativamente la competitividad o de encarecer de forma automática el internet contratado por los hogares.
Por otra parte, fuentes sectoriales rechazan de forma categórica que Telefónica esté obteniendo márgenes de beneficio desproporcionados del 50% mediante este servicio mayorista. La propia metodología de costes corrientes aplicada por la CNMC —que sigue estrictamente el enfoque de la Comisión Europea y es auditada de forma periódica por el regulador español— arroja de hecho márgenes negativos para Telefónica en la gestión de estos conductos y registros.
El conflicto, por tanto, trasciende la mera pugna empresarial. De acuerdo con los informes técnicos, la intervención de la CNMC no debe plantearse como una extracción de rentas a favor del antiguo monopolio, sino como la corrección de una regulación anclada en una fase del mercado ya superada. El desenlace de la revisión mayorista de la banda ancha determinará si España sigue la senda de armonización europea para asegurar la inversión en redes de última generación o si cede a las presiones del bloque alternativo.
