MasOrange ha puesto el grito en el cielo. El operador resultado de la fusión de MásMóvil y Orange España rechaza frontalmente la propuesta de Telefónica de elevar el alquiler de su infraestructura pasiva, las conducciones subterráneas por las que discurren los cables de fibra óptica, y pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que intervenga.
El enfrentamiento no es menor. Las canalizaciones de Telefónica, heredadas de su época de monopolio, son un cuello de botella para cualquier operador alternativo que quiera llevar internet de banda ancha a los hogares. Rentar esos ductos es un coste fijo que, de dispararse, amenaza con encarecer los precios finales de la conexión para millones de consumidores.
Según ha podido saber esta redacción, el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, tachó el plan de Telefónica de “parcial” y advirtió que un alza unilateral de las tarifas desestabilizaría el mercado mayorista. La CNMC tiene la última palabra, y su decisión marcará la pauta para todo el sector.
El conflicto por las conducciones de Telefónica
La red de conductos subterráneos, postes y cajas de registro —la llamada infraestructura pasiva— pertenece mayoritariamente a Telefónica por razones históricas. La ley obliga a la operadora a alquilar esos activos a precios regulados para fomentar la competencia. Sin embargo, Telefónica lleva meses presionando para revisar al alza esas tarifas, argumentando que los costes de mantenimiento han aumentado y que los precios actuales no reflejan el valor real.
La propuesta en concreto busca incrementar el alquiler de los ductos en una horquilla que, según fuentes del sector, podría rondar el 20% o incluso el 30% en algunos tramos. MasOrange, Digi, Vodafone y otros operadores alternativos se oponen en bloque. Pero es MasOrange, el segundo operador del país por clientes, el que lidera la ofensiva pública.
“Es un movimiento parcial, que solo beneficia a Telefónica y perjudica al resto de los actores del mercado”, habría manifestado Spenger en reuniones internas, según las fuentes consultadas. El directivo confía en que el regulador frene la subida durante la revisión en curso del mercado mayorista de banda ancha.
Los ductos de Telefónica son el peaje inevitable para cualquier operador alternativo. Si ese peaje sube, el internet barato tiene los días contados.
Impacto en la competencia y en el precio de internet
La mayor damnificada de esta posible alza sería Digi, el operador rumano que ha revolucionado el mercado español con tarifas agresivas. Digi depende casi por completo de la red de Telefónica para llegar al cliente allí donde no tiene fibra propia. Un encarecimiento de las conducciones obligaría a Digi a trasladar ese coste a sus tarifas o a reducir márgenes ya muy ajustados.
No es el único. Vodafone, ahora parte de Zegona, también sufriría el golpe en las zonas donde alquila bucles de fibra. El resultado sería un horizonte de menos competencia en precios bajos y, potencialmente, un freno a la dinámica de bajadas de tarifas que España ha disfrutado en la última década.
Analistas del sector calculan que el coste del alquiler de ductos supone entre un 10% y un 15% del gasto operativo de un operador alternativo en una zona de nueva construcción. Con la subida propuesta, ese porcentaje se dispararía, erosionando la rentabilidad de los planes de expansión de redes propias.
¿Intervendrá la CNMC? La opinión de esta redacción
La CNMC se encuentra en un momento delicado. Por un lado, debe garantizar que Telefónica obtenga una remuneración justa por sus activos, algo que también prevé la normativa europea. Por otro, tiene el mandato de preservar la competencia y evitar que el operador dominante estrangule a sus rivales a través de los precios del acceso mayorista.
Históricamente, la CNMC ha actuado como contrapeso. En anteriores revisiones del mercado de banda ancha, el regulador ha mantenido los precios controlados, incluso por debajo de lo que pedía Telefónica, alegando que cualquier alza desproporcionada acabaría trasladándose al consumidor. En 2021, por ejemplo, rechazó una petición similar de Telefónica de incrementar el alquiler de postes.
Sin embargo, el contexto ahora es diferente. Telefónica acaba de anunciar un plan de eficiencia que incluye el mantenimiento de sus ductos con nuevas inversiones, y la Comisión Europea está revisando el marco regulatorio de las redes de fibra para incentivar la inversión privada. La presión política y económica es mayor.
En opinión de quien esto escribe, la CNMC tiene pocas opciones. Frenar la subida en seco sería una victoria para los alternativos, pero podría desembocar en un recurso judicial de Telefónica. Aprobar la subida sin matices dañaría la competencia. Lo más probable es que el regulador proponga una solución intermedia: un incremento moderado, por debajo de lo solicitado, y condicionado a que Telefónica justifique los costes con auditorías externas.
Mientras tanto, MasOrange mantiene el pulso. La fusión de MásMóvil y Orange España les ha dado una masa crítica de clientes y la capacidad de negociar en bloque. Sus directivos saben que esta batalla por los ductos es también una pugna por definir el modelo de mercado de las telecomunicaciones español para los próximos cinco años. Y la lucha acaba de empezar. Un detalle no menor: el regulador podría optar por esperar al nuevo gobierno de la CNMC, cuya renovación está prevista para otoño. Eso dilataría la decisión, algo que ni los operadores alternativos ni los consumidores agradecerían.
