Banco Santander prepara un nuevo plan de prejubilaciones que afectará a entre 2.000 y 3.000 empleados en España, según ha confirmado esta redacción a través de fuentes sindicales. La entidad ha comenzado a negociar con los representantes de los trabajadores las condiciones de un ajuste de plantilla que replicaría, en buena medida, los términos de su último Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Negociaciones para un ajuste pactado
El banco presidido por Ana Botín ha abierto una mesa de diálogo con los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO, CIC y otros) para alcanzar un acuerdo que evite el conflicto de despidos forzosos. Las conversaciones, todavía en una fase preliminar, apuntan a un esquema de bajas voluntarias incentivadas y prejubilaciones con condiciones económicas similares a las del anterior ERE, que se saldó con cerca de 3.500 salidas entre 2021 y 2022. Fuentes próximas a la negociación indican que la franja de edad prioritaria se sitúa entre los 55 y los 63 años, colectivo en el que se concentra la mayor parte de la plantilla más veterana.
Santander España emplea actualmente a unos 28.000 trabajadores, por lo que el recorte previsto representaría entre un 7% y un 11% de la fuerza laboral. La dirección defiende que la medida es necesaria para adaptar la estructura de costes a un entorno de tipos de interés a la baja y a la progresiva digitalización de los servicios financieros.
La última gran reestructuración del banco en España se remonta al trienio 2021-2023, cuando unas 3.800 personas se acogieron a bajas voluntarias y prejubilaciones, con un coste de 1.150 millones de euros. Aquella operación fue considerada un éxito por la dirección porque permitió reducir la red de oficinas en un 12% y ahorrar costes fijos anuales de unos 400 millones.
El relevo del baby boom en la banca
El plan de prejubilaciones de Santander no es un caso aislado. La generación nacida entre finales de los años 50 y mediados de los 70 —el llamado baby boom— está alcanzando la edad de retiro y está provocando una ola de ajustes laborales en todo el sector. Entidades como Sabadell, Unicaja e Ibercaja también han lanzado o ultiman procesos similares, con el doble objetivo de rejuvenecer plantillas y reducir gastos fijos.
Según datos de las patronales bancarias, más del 30% de los empleados de banca en España supera los 55 años. El envejecimiento de las plantillas coincide con un cierre acelerado de oficinas (más de 20.000 sucursales cerradas desde 2008) y la automatización de procesos que antes requerían intervención humana. En este contexto, los acuerdos con sindicatos se han convertido en la vía preferida para acometer los recortes sin desgaste reputacional.
A la banca se le acaba el tiempo de una generación que pegó los códigos Swift en papel. Ahora busca salidas pactadas mientras la digitalización ya no pregunta.
Los sindicatos, conscientes del envejecimiento de la plantilla, no se oponen frontalmente a las prejubilaciones pero exigen garantías de que las salidas no se convertirán en despidos encubiertos y de que se abrirán puertas a la contratación de jóvenes.
Análisis: una transformación laboral inevitable, pero con riesgos
Llama la atención que Santander recurra a un instrumento que, en teoría, parecía superado tras la oleada de EREs de la década pasada. La entidad había apostado por las bajas vegetativas y la recolocación interna como vías de ajuste suave. Sin embargo, la presión de los márgenes —el margen de intereses en España cayó un 4,3% en el primer trimestre, según los últimos resultados— obliga a medidas más drásticas.
La prejubilación masiva tiene dos caras. Por un lado, permite una salida ordenada, sin el trauma social de los despidos colectivos forzosos y con el respaldo sindical. Por otro, supone una pérdida de conocimiento tácito y experiencia que no se recupera con contrataciones de jóvenes nativos digitales. Además, el coste de las indemnizaciones lastra la cuenta de resultados a corto plazo; en el anterior ERE, Santander provisionó más de 1.100 millones de euros.
No obstante, la banca española está demostrando que prefiere pagar ahora el peaje de la renovación antes que arrastrar una plantilla sobredimensionada en un ciclo de ingresos menguantes. La gran incógnita es si estos ajustes servirán para mejorar la rentabilidad o si, por el contrario, acelerarán la pérdida de negocio ante competidores como fintechs y neobancos que operan con estructuras mucho más ligeras.
Todo apunta a que 2026 será recordado como el año en el que las prejubilaciones volvieron para quedarse. La pelota está ahora en el tejado de los sindicatos, que deberán decidir si aceptan un mal menor o se resisten a una tendencia que parece imparable.
