El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lanzado una exigencia sin precedentes a las grandes tecnológicas: revelar el coste ambiental real de sus centros de datos de inteligencia artificial. Lo ha hecho en plena Semana de Acción Climática de Londres, durante un discurso en el que ha presentado la Iniciativa de Transparencia Medioambiental en materia de IA. Las cifras que maneja Naciones Unidas son elocuentes: en 2030, estos centros podrían consumir más energía que cualquier país del mundo excepto cinco, y el agua necesaria para refrigerarlos equivaldría a las necesidades básicas de los 1.300 millones de habitantes del África subsahariana durante todo un año.
He analizado el discurso y la investigación de la ONU que lo sustenta, y el mensaje es claro: la opacidad con la que las compañías tratan el impacto climático de sus infraestructuras de IA ha dejado de ser tolerable. La organización exige a gigantes como Google, Microsoft, Amazon, Meta y a firmas emergentes como OpenAI, Anthropic o xAI que hagan públicos los datos de consumo eléctrico, uso de agua, emisiones de carbono y ocupación del suelo de sus data centers. “Si la IA va a ayudar a construir un futuro mejor, debe ser honesta sobre lo que nos cuesta ahora”, ha espetado Guterres.
Las cifras que explican la exigencia de la ONU
El llamamiento no es un brindis al sol. Una investigación interna de la ONU difundida semanas atrás dibuja un escenario difícil de ignorar:
- Energía: los centros de datos de IA podrían situarse en 2030 como el sexto mayor consumidor energético del planeta, solo por detrás de cinco países.
- Agua: el volumen requerido para la refrigeración sería suficiente para cubrir las necesidades básicas anuales de 1.300 millones de personas en el África subsahariana.
- Emisiones de CO₂: alcanzarían los 400 millones de toneladas, una cantidad comparable a la contaminación de un país industrializado como el Reino Unido.
Estas proyecciones llegan en un momento especialmente sensible, con media Europa asfixiada por una ola de calor que evidencia la presión sobre los recursos energéticos. No es casual, por tanto, que la ONU haya elegido precisamente ahora para pedir cuentas al sector.
“Si la IA va a ayudar a construir un futuro mejor, debe ser honesta sobre lo que nos cuesta ahora.” — António Guterres, secretario general de la ONU, Semana de Acción Climática de Londres, junio de 2026
El espejismo de la IA limpia: la brecha entre compromisos y realidad
Lo que los datos reflejan es una brecha creciente entre las promesas climáticas de las tecnológicas y la realidad de sus centros de datos. La aspiración de la ONU de que todos ellos se abastezcan con energía renovable en 2030 parece hoy inalcanzable. Microsoft ya ha dejado entrever que podría retrasar o abandonar sus objetivos voluntarios de descarbonización para no frenar su apuesta por la inteligencia artificial, según informó Bloomberg. Otras compañías, como OpenAI, Oracle, xAI o Meta, están recurriendo directamente a turbinas de gas —altamente contaminantes— para sortear las limitaciones de la red eléctrica y acelerar la construcción de nuevas instalaciones.
En paralelo, el lobby que representa al sector tecnológico en la Unión Europea, la European Data Centre Association, ha pedido a Bruselas que flexibilice el uso del gas como fuente energética para sus despliegues, anteponiendo la soberanía tecnológica a los objetivos climáticos. Esta tensión entre la urgencia de la innovación y la sostenibilidad define el momento actual. Como analista, veo difícil que la transparencia que reclama Guterres llegue de forma voluntaria mientras no haya un marco regulatorio vinculante que obligue a revelar cada megavatio consumido y cada litro de agua evaporado en un centro de datos.
🌍 El impacto en España y Europa
España, que aspira a convertirse en un polo de centros de datos en el sur de Europa —con proyectos en Madrid, Barcelona y Aragón—, se verá directamente afectada por cualquier marco de transparencia ambiental que emane de Bruselas o de la presión internacional. La futura regulación europea sobre IA y la Directiva de Eficiencia Energética ya obligan a informar sobre el consumo, pero la iniciativa de la ONU eleva el listón. Para el consumidor español, el impacto más tangible se traslada a través de la tarifa eléctrica: un mayor consumo energético de estas macroinfraestructuras añade presión alcista a los precios de la luz, lo que a largo plazo puede mantener elevada la inflación subyacente y, con ello, retrasar la senda de recortes de tipos del BCE. Aunque no existe un vínculo directo con el Euríbor, el encarecimiento de la energía es precisamente el tipo de inercia que complica la vuelta a una política monetaria más lava, con el consiguiente efecto sobre las hipotecas variables.
La pelota está ahora en el tejado de los gigantes tecnológicos y de los reguladores. La Semana de Acción Climática de Londres ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: la inteligencia artificial no es gratis, y su factura climática empieza a ser demasiado alta para ignorarla.
