Este sábado, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional y ordenó a la Policía y las Fuerzas Armadas restablecer la libre circulación en las carreteras bloqueadas por manifestantes. La medida llega tras más de seis semanas de protestas que han estrangulado el suministro de alimentos, medicamentos y combustible en varias ciudades, especialmente La Paz. He seguido de cerca la evolución de esta crisis, y lo que subyace es una fractura política que amenaza con desestabilizar una economía ya frágil, la más golpeada en cuarenta años.
Acuerdo con la COB: ¿el fin de las protestas?
La decisión de Paz se produce pocas horas después de firmar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), la principal central sindical del país, que anunció el levantamiento de sus bloqueos. Sin embargo, el pacto no ha convencido a todos. Los campesinos y los cultivadores de coca del Chapare —bastión del expresidente Evo Morales— mantienen las movilizaciones e incluso han endurecido sus medidas.
Los datos reflejan una situación aún tensa:
- De los más de cien bloqueos que colapsaron la red vial en el pico de las protestas, permanecen activos alrededor de cincuenta.
- La Defensoría del Pueblo ha contabilizado más de un centenar de detenidos desde el inicio de las movilizaciones.
- El desabastecimiento afecta sobre todo a La Paz, con escasez de alimentos, medicinas y combustibles.
El propio Paz justificó la declaración del estado de excepción denunciando un “intento de golpe de Estado impulsado por el narcoterrorismo”, una acusación que el Gobierno lanza con frecuencia contra Evo Morales, a quien señala de alentar las protestas.
“Después de haber agotado todas las vías del diálogo, alcanzado acuerdos con quienes tenían reivindicaciones legítimas e identificado a quienes utilizaban la violencia para intentar desestabilizar Bolivia, hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional.” – Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, alocución televisada, 20 de junio de 2026
El contexto económico y la sombra de Evo Morales
Lo que leo en esta sucesión de hechos es un gobierno atrapado entre la necesidad de reformas y la resistencia sindical. Bolivia atraviesa la crisis económica más grave de las últimas cuatro décadas, y las propuestas de centroderecha de Paz —que puso fin a veinte años de gobiernos socialistas en noviembre— chocan con un movimiento obrero y campesino que exige respuestas inmediatas. El acuerdo con la COB, que incluye el compromiso de no privatizar empresas públicas y la creación de mesas de trabajo para examinar las demandas sindicales, es un gesto que busca comprar tiempo, pero la continuidad de los bloqueos muestra que el conflicto está lejos de resolverse.
El dirigente campesino Antonio Mallku declaró a Unitel que los indígenas se sienten “traicionados” por la COB y advirtió que endurecerán los bloqueos. Mientras, el Gobierno ha dado un plazo de 90 días para avanzar en las reivindicaciones, con la advertencia de que quienes sigan con la violencia se enfrentarán a “todo el rigor de la ley”. La pelota está en el tejado de un Ejecutivo que ahora debe conjugar la mano dura con las concesiones sociales.
🌍 El impacto en España y Europa
Para la economía española, la crisis boliviana no es un asunto lejano. Empresas como Repsol, Red Eléctrica o Abertis mantienen intereses en el país andino, y la inestabilidad política siempre eleva la prima de riesgo de los activos latinoamericanos en cartera. Bolivia es además un exportador relevante de gas natural y minerales como el zinc y el estaño; aunque su peso en el suministro europeo es reducido, cualquier escalada que interrumpa la producción puede tensionar los mercados globales de materias primas, encareciendo costes para la industria española. A nivel diplomático, España sigue con atención la evolución de un socio histórico, consciente de que un deterioro prolongado podría afectar a la cooperación y a los flujos migratorios.
