El Parlamento Europeo y la Comisión han fracasado en su intento de reformar el Reglamento 261/2004 sobre los derechos de los pasajeros aéreos, cuyo texto seguirá vigente sin cambios sustanciales. Según ha adelantado Preferente.com, la única novedad es la prohibición de que las aerolíneas cobren a los padres por reservar un asiento junto a sus hijos menores de 14 años, una medida que entra en la normativa tras meses de bloqueo político.
El pulso político que descarriló la reforma
La reforma enfrentaba dos visiones contrapuestas. Por un lado, el Parlamento Europeo defendía ampliar las indemnizaciones en casos de retrasos y establecer la gratuidad de una segunda maleta de mano en cabina. Por otro, la Comisión Europea proponía aumentar el umbral de retraso a partir del cual se generan compensaciones, es decir, endurecer las condiciones para el pasajero. El desacuerdo entre ambas instituciones ha impedido cualquier consenso.
Tras semanas de negociaciones, el plazo para cerrar un texto conjunto expiró sin acuerdo. La Comisión carecía de mayoría suficiente para imponer sus tesis, y los Estados miembros no mostraron un respaldo unánime. Aunque se barajaron fechas alternativas, el resultado es que la normativa de 2004 permanece inalterada.
Lo que no cambia: compensaciones, maletas y la polémica del asiento infantil
La normativa mantiene intacto el derecho a compensaciones económicas por retrasos superiores a tres horas, cancelaciones y denegaciones de embarque, tal y como establece el Reglamento 261/2004. Los pasajeros seguirán recibiendo entre 250 y 600 euros según la distancia del vuelo, además de asistencia (comida, alojamiento) durante las esperas. Tampoco se introduce una segunda maleta de mano gratuita: cada aerolínea podrá seguir cobrando por equipaje adicional en cabina si así lo establece en sus tarifas.
La única modificación que se incorpora es la gratuidad del asiento adyacente para niños menores de 14 años. Hasta ahora, varias compañías cobraban por garantizar que padres e hijos viajaran juntos, una práctica que Bruselas considera contraria a los derechos de los menores. A partir de su entrada en vigor —que no será inmediata, ya que cada país debe transponerla a su legislación nacional—, las aerolíneas tendrán prohibido aplicar suplementos por este concepto.
El pulso entre el Parlamento y la Comisión deja una lección clara: los derechos de los pasajeros llevan dos décadas congelados y la política europea no encuentra la fórmula para actualizarlos.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
Para el viajero español, esta falta de reforma significa que las reglas del juego siguen siendo las mismas. Las compensaciones por retrasos siguen blindadas, pero las aerolíneas evitan un endurecimiento que les habría supuesto mayores costes. La pequeña victoria de las familias —el asiento gratuito junto a menores— es, en realidad, un ajuste simbólico frente a las expectativas iniciales de una revisión profunda del texto.
El impacto se siente en todo el espacio aéreo europeo. En España, con un tráfico de más de 250 millones de pasajeros anuales en los aeropuertos de Aena, la regulación afecta a millones de vuelos. Las aerolíneas con sede en nuestro país —Iberia, Vueling, Air Europa— mantienen sus protocolos de compensación sin cambios, mientras que las low cost extranjeras que operan desde Madrid o Barcelona seguirán cobrando por la maleta extra sin que Europa lo impida.
Observamos una división clara: las grandes aerolíneas de red (Lufthansa, Air France-KLM, IAG) se alinean con la postura de la Comisión, que busca aliviar la carga financiera de las compensaciones. Las aerolíneas de bajo coste, en cambio, temen que cualquier regulación que avance hacia la gratuidad de maletas o indemnizaciones más generosas erosione su modelo de negocio. La patronal europea A4E celebró discretamente el fracaso de la reforma, según fuentes del sector consultadas por MERCA2.ES.
El reglamento de 2004 cumple 22 años y sigue siendo un parche. La digitalización del check-in, la generalización de los overbooking encubiertos y la pérdida de equipaje en escalas no están reguladas. El riesgo para el pasajero es que la próxima oportunidad de reforma se postergue otros cinco años. La fecha a vigilar es la presidencia española del Consejo de la UE en 2030, que podría reactivar el debate si el descontento de los consumidores escala.
