Europa lanza un plan de soberanía digital para cortar la dependencia de la nube de EE.UU., bajo la amenaza del ‘botón de apagado’ de Washington.
Claves de la operación
- El ‘botón de apagado’ de Trump acelera la desconexión digital. Los gobiernos europeos temen que EE.UU. pueda cortar servicios cloud en hospitales o redes energéticas.
- La Chips Act 2.0 y el Acta de Desarrollo de la Nube blindan la infraestructura crítica. El plan aspira a triplicar la capacidad de centros de datos en cinco a siete años y obliga a priorizar soluciones europeas.
- España ya recibe 1.000 millones de los créditos de defensa y participa en proyectos clave. La corbeta europea y la futura red satelital IRIS² reducirán la dependencia de Starlink.
El ultimátum de Washington que cambió la doctrina europea
Fue en febrero de 2025 cuando, a puerta cerrada, la administración estadounidense dio un ultimátum a los ministros de Defensa de la OTAN: Washington se centraría en Asia-Pacífico y exigió a Europa asumir su propia defensa convencional. Aquella advertencia, unida a la retirada de 5.000 soldados de Alemania, prendió las alarmas sobre la dependencia tecnológica.
Un reciente estudio reveló que 23 de los 27 Estados miembros dependen de la nube y el software estadounidense para operar sistemas críticos de seguridad nacional. La conclusión fue demoledora: esos sistemas tienen un ‘botón de apagado’ a disposición de Donald Trump, según las fuentes consultadas por este diario.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo resumió con claridad: “No podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que mantienen en funcionamiento nuestros hospitales, la estabilidad de nuestras redes energéticas y la seguridad de nuestros servicios”.
La ‘desconexión’: chips, código abierto y centros de datos
La Comisión presentó el Paquete de Soberanía Tecnológica Europea, que incluye el Acta de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial, la Chips Act 2.0, una estrategia de código abierto y una hoja de ruta energética. El objetivo es reducir las dependencias estructurales y garantizar el control sobre datos y cadenas de suministro, en un intento de blindar la economía digital del continente.
La nueva ley de chips corrige errores de su predecesora: ahora abarca toda la cadena de suministro y, por primera vez, incorpora la demanda. Emilio García, autor de ‘Chips y Poder’, señaló que se extienden las prioridades industriales a todos los eslabones, lo que permitirá triplicar la capacidad de centros de datos en un horizonte de cinco a siete años.
Las infraestructuras digitales críticas de Europa dependen de un ‘botón de apagado’ que podría activarse desde Washington. La soberanía ya no es una opción.
Las directrices de código abierto también marcan un punto de inflexión: las administraciones públicas deberán priorizar soluciones europeas, lo que podría abrir oportunidades a las startups del continente que llevan años reclamando este tipo de medidas. En paralelo, los futuros centros de datos deberán integrarse en la red eléctrica, en un momento de creciente rechazo ciudadano a estas infraestructuras.
La apuesta española y el nuevo tablero industrial
España no es ajena a este movimiento. De los 150.000 millones en créditos blandos para defensa, 1.000 millones ya han sido asignados a proyectos españoles, entre ellos la Corbeta de Patrulla Europea, un buque de 3.000 toneladas que desarrollan junto a Italia, Francia y Grecia. Los dos primeros prototipos empezarán a construirse en los próximos meses.
Pero la gran apuesta es IRIS², la constelación de 290 satélites que sustituirá a Starlink en comunicaciones seguras. Nicolás Pascual de la Parte, coordinador de Seguridad y Defensa del PP Europeo, fue tajante: “No podemos depender de Elon Musk”. El proyecto, que se espera esté operativo a finales de la década, requerirá inversiones multimillonarias y una colaboración público-privada sin precedentes.
El coste de la soberanía y el riesgo de un mercado fragmentado
El plan europeo tiene una factura difícil de cuantificar. Migrar toda la infraestructura digital de un continente no es barato ni rápido, como advirtió el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javier López: “Esto no va a ser ni muy rápido, ni muy fácil ni muy barato, pero hace falta ponerse a ello”. El verdadero desafío no es tecnológico, sino financiero y político: quién paga la migración y cómo se evita fragmentar el mercado digital en un mosaico de soluciones nacionales incompatibles.
En España, el debate tiene implicaciones profundas. La privatización de Telefónica en 1997 marcó el inicio de una dependencia de infraestructuras y software estadounidenses que ahora se cuestiona. Empresas como Indra, líder en sistemas de defensa y tráfico aéreo, podrían beneficiarse si las administraciones priorizan proveedores locales, pero la sustitución de servicios en la nube de gigantes como AWS o Azure no será inmediata. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y otros organismos deberán velar por que el proceso no genere cuellos de botella ni sobrecostes.
La incógnita que planea sobre todo el proyecto es si la UE conseguirá mantener la cohesión interna mientras lidia con las represalias comerciales que Washington podría activar. La historia reciente muestra que la política digital europea avanza a golpe de crisis. Esta es, sin duda, la mayor desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos.
