La banca de inversión de Wall Street se está partiendo en dos. Goldman Sachs, uno de los pesos pesados del sector financiero, ha dado un paso al frente para respaldar públicamente la Ley Clarity, la propuesta legislativa que busca ordenar el mercado de criptoactivos en Estados Unidos. Su apoyo, expresado por su CEO David Solomon en una entrevista con Politico, ha desatado una guerra abierta con la banca comercial, liderada por JPMorgan, que ve en la norma un riesgo para el negocio tradicional.
Qué es la Ley Clarity y por qué enfrenta a los bancos
La Ley Clarity —oficialmente la «Clarity for Digital Tokens Act»— se arrastra por el Senado estadounidense desde hace meses. Su objetivo es crear un marco jurídico para las criptomonedas, diferenciando entre tokens que son valores (securities) y los que son materias primas (commodities), y regular las stablecoins. El texto actual incluye una disposición clave sobre el rendimiento de las stablecoins: permite a las plataformas cripto pagar recompensas a los usuarios que mantienen tokens vinculados al dólar, pero con limitaciones.
Sin embargo, este punto ha encendido las alarmas de la banca comercial y las asociaciones de pequeños bancos comunitarios. Temen que las stablecoins con rentabilidad aspiren los depósitos de los clientes, reduciendo la liquidez que luego se presta a empresas y familias. Seis grandes grupos bancarios, incluida la Asociación de Banqueros Estadounidenses (ABA), publicaron un comunicado esta misma semana tachando la medida de «un riesgo para la concesión de créditos locales». Los sindicatos también se han sumado a la oposición.
Goldman Sachs apuesta por la innovación, JPMorgan cierra filas
Para Goldman Sachs, la cosa es distinta. Al no depender tanto de los depósitos minoristas como un banco comercial, su negocio se inclina hacia los mercados de capitales y la tecnología. Solomon ha sido claro: «Soy muy partidario de que avance la Ley Clarity para que podamos tener una estructura de mercado y que el proceso de innovación siga adelante». Reconoce que el proyecto no es perfecto, pero su valor reside en crear «un campo de juego nivelado» que dé entrada a instituciones reguladas que hasta ahora estaban al margen de los criptoactivos.
Eso es justo lo que busca Goldman. El banco ya ha revelado una posición de 1.100 millones de dólares en un ETF al contado de bitcoin, que califica de «éxito asombroso», y el propio Solomon ha admitido tener una pequeña cantidad de bitcoin a título personal. La ley abriría la puerta a que firmas como la suya utilicen activos digitales y las cadenas de bloques de forma más activa.
Enfrente está Jamie Dimon, el eterno crítico de las criptomonedas. El presidente de JPMorgan no solo se opone a la ley, sino que la ha calificado de guerra abierta. En mayo, llegó a reprender personalmente al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, por el trabajo de presión (lobby) del sector. «Las criptomonedas no van a prestar dinero a las pequeñas empresas», ha repetido John Cornyn, senador republicano de Texas, alineándose con la banca tradicional.
La batalla de las stablecoins es la nueva línea de fractura: los que viven de los depósitos frente a los que quieren un sistema financiero con blockchain.
Votación en el Senado: la cuenta atrás antes del receso de agosto
El enfrentamiento no es sólo empresarial. La Ley Clarity también se ha encontrado con un campo minado político. El texto actual prohíbe a los funcionarios federales emitir activos digitales, una línea pactada entre los senadores Cynthia Lummis, Bernie Moreno y la Casa Blanca. Pero los demócratas lo ven insuficiente. Una carta firmada por siete senadores, encabezados por Angela Alsobrooks, denunció el miércoles que la ley «se queda corta» en protección al consumidor y en la prevención de conflictos de interés.
El trasfondo es delicado: el presidente Trump y su familia han ganado más de 1.000 millones de dólares con proyectos cripto en el último año, una fortuna que la oposición considera incompatible con la redacción actual de la ley. «No habrá ninguna disposición que haga felices a los críticos del presidente y al mismo tiempo al presidente», ha admitido Lummis con realismo.
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quiere llevar la ley al pleno en los próximos días, antes del receso estival de agosto. Es una ventana estrecha que definirá si el proyecto sobrevive o muere. Por ahora, los votos no están asegurados. Senadores republicanos como John Curtis o Bill Cassidy comparten las dudas de la banca, y los demócratas exigen más blindajes éticos.
Para el inversor medio, lo que está en juego es relevante. Una regulación clara daría seguridad jurídica a los exchanges, a los fondos cotizados y a cualquier empresa que quiera tocar criptoactivos en Estados Unidos. Pero también podría encarecer el acceso a las stablecoins con rendimiento o limitar la competencia. La división de Wall Street refleja, en realidad, dos maneras de ver el futuro financiero: una apuesta por las reglas tradicionales y otra que quiere meter la innovación dentro del sistema con todas sus consecuencias.
El desenlace se jugará en los despachos del Capitolio, no en las pantallas de trading. Y lo que decida un puñado de senadores podría cambiar las reglas para millones de ahorradores que, sin saberlo, acabarán tocando las criptomonedas a través de sus fondos de pensiones o de sus aplicaciones bancarias.
