Indra ha pagado 660.000 euros extra a su ex consejero delegado, José Vicente de los Mozos, por no respetar el preaviso de tres meses de su contrato, según el informe semestral remitido a la CNMV. La cantidad, que eleva el coste total de su cese hasta los 3,3 millones de euros, desvela la premura con la que el nuevo presidente, Ángel Simón, relevó al directivo al frente del grupo tecnológico y de defensa.
El contrato de De los Mozos vencía el pasado 30 de junio de 2026 y obligaba a comunicarle la no renovación con tres meses de antelación. Es decir, la decisión debía estar tomada como muy tarde el 31 de marzo, la misma fecha en la que el consejo cesó a Ángel Escribano como presidente y nombró a Simón. Sin embargo, el nuevo máximo responsable no ejecutó la salida hasta el 18 de mayo, seis semanas antes del fin del mandato, lo que activó la cláusula de incumplimiento.
La escena ha quedado registrada en las cuentas del primer semestre. La sociedad admite que la remuneración del consejo se duplicó, al pasar de 3,5 millones en el mismo periodo de 2025 a 7 millones de euros en 2026. El motivo es la indemnización de 3,3 millones percibida por De los Mozos, a la que se suman los 660.000 euros adicionales «como consecuencia del incumplimiento del plazo contractual de preaviso». El directivo, que había sido tentado con una renovación por tres años, solo aceptó continuar hasta finales de 2027 antes de ser despedido.
El impacto en la retribución: el coste del cese duplica la compensación del consejo
Indra refleja en su informe semestral cómo un relevo abrupto dispara la factura del gobierno corporativo. La siguiente tabla compara la evolución de la partida de remuneración del consejo:
| Concepto | Primer semestre 2025 | Primer semestre 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| Remuneración del consejo | 3,5 millones | 7,0 millones | +100% |
| Indemnización por cese del CEO | – | 3,3 millones | – |
| Indemnización adicional por preaviso | – | 0,66 millones | – |
La cifra de 660.000 euros, aunque modesta frente a la compensación total cercana a los 20 millones que De los Mozos percibió en su trayectoria con incentivos en acciones, simboliza el coste de una salida sin los formalismos contractuales. Fuentes próximas al consejo califican el episodio como el precio que Moncloa y el nuevo presidente estuvieron dispuestos a pagar para acelerar el relevo al frente de la joya nacional de la defensa.
La indemnización extra de 660.000 euros es el precio de un cese sin los tres meses de cortesía contractual, una señal de que el nuevo presidente ejecutivo quiso acelerar el relevo al frente de Indra.
El espejo de Telefónica: Álvarez-Pallete recibió 480.000 euros por la misma cláusula
El caso no es aislado. José María Álvarez-Pallete, cesado como presidente de Telefónica, también tenía blindado un preaviso en su contrato. Al incumplirse el plazo, el economista recibió tres meses de su retribución fija, que ascendía a 1,9 millones al año, lo que se tradujo en unos 480.000 euros. La repetición del esquema en dos de las mayores cotizadas con presencia estatal alimenta el debate sobre el coste real de los relevos políticos en la cúpula empresarial.
La salida del director jurídico eleva la provisión por litigios a 45 millones
La agitación en la alta dirección de Indra no se limita al CEO. La compañía ha confirmado el despido de Ángel de Álvaro, responsable del área jurídica, fichado de Santa Bárbara, filial española de la estadounidense General Dynamics. La salida se produce tras la demanda por competencia desleal e infracción de secretos empresariales interpuesta por Santa Bárbara el pasado 11 de mayo. La acción judicial, que Indra rechaza, apunta a que De Álvaro se habría llevado documentación confidencial.
En paralelo, la tecnológica ha elevado de 11,99 a 45,48 millones de euros la provisión contable para litigios de índole civil, mercantil y penal que considera probables. El salto evidencia que los focos de conflicto en el gobierno corporativo no son solo retributivos, sino que se extienden al flanco legal.
Un relevo político con factura para el accionista
Los números del semestre confirman que los resultados de negocio fueron sólidos —el beneficio neto ascendió a 219 millones, un 2% más, y los ingresos crecieron un 29,7%, hasta 3.179 millones—, pero la lectura completa del informe recuerda que el gobierno corporativo tiene un coste tangible. Indra ha pagado 660.000 euros por no avisar con tiempo a un CEO que iba a ser renovado y que, en última instancia, fue despedido. La cifra no es una indemnización por despido, sino la consecuencia de una cláusula de preaviso que, a juicio de los auditores, no se respetó.
En el sector, la operación se lee como un episodio más de la influencia del Ejecutivo en los nombramientos de la compañía. Ángel Simón aterrizó en el consejo el 31 de marzo, tras la salida de Escribano, y en menos de dos meses decidió el cambio en la dirección ejecutiva. El mercado aplaudió los resultados —la acción se disparó un 7%—, pero los inversores más atentos a la gobernanza subrayan que un cese sin preaviso y con un coste adicional de 660.000 euros envía una señal de improvisación.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La evolución de las provisiones por litigios, que se han multiplicado hasta los 45 millones, y si la demanda de Santa Bárbara afecta a la reputación del grupo en contratos de defensa.
- Reacción del valor: El mercado ignoró el ruido de gobernanza y premió las cifras operativas con una subida del 7%. Sin embargo, la prima por mala praxis corporativa podría aflorar si se repiten episodios de relevos abruptos.
- Precedente sectorial: Telefónica ya indemnizó a Álvarez-Pallete sin cumplir el preaviso; Indra emula el esquema. En ambos casos, el accionista asume el coste de salidas aceleradas por decisiones políticas.
