Red Eléctrica operó al límite y reclama 600 millones para evitar el apagón

El operador del sistema admite oscilaciones por debajo del umbral de seguridad y una sobrecarga asimétrica de la generación solar. La consulta pública de la propuesta se cierra el 11 de junio.

Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico español, reconoce en un documento interno que la red ha operado al límite de su capacidad y reclama 607 millones de euros adicionales para evitar que se repita el apagón de hace un año. La confesión se produce en pleno proceso de consulta pública de su propuesta de actualización del plan de desarrollo de la red de transporte 2021-2026, abierta hasta el 11 de junio.

Claves de la operación

  • La red operó con oscilaciones por debajo del 5% exigido por la regulación. El documento reconoce que el amortiguamiento cayó muchas horas por debajo del umbral de seguridad, lo que incrementó el riesgo de fallo.
  • El desfase geográfico de la fotovoltaica sobrecarga la red en horas solares. La concentración de plantas solares en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha genera flujos asimétricos que tensionan el sistema.
  • Redeia reclama 607 millones adicionales para estabilizar la infraestructura. La propuesta actualiza el plan 2021-2026 y apunta a mejorar la estabilidad estructural del sistema y garantizar un funcionamiento seguro.

La red al límite: por qué 607 millones son la factura de la estabilidad

La propuesta, que supone una inversión extra de 607 millones de euros —según el documento que ha podido revisar este medio—, admite que el amortiguamiento de las oscilaciones del sistema ha estado por debajo del 5% exigido por el procedimiento de operación 13.1. Esta cifra es crítica: si las fluctuaciones de frecuencia o tensión no están suficientemente amortiguadas, cualquier pequeña perturbación puede amplificarse y desembocar en un incidente grave.

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El problema de fondo es la distribución geográfica de la generación renovable. La instalación de plantas fotovoltaicas en los últimos años se ha concentrado en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, generando flujos de potencia asimétricos que no estaban previstos en la planificación inicial con horizonte 2026. Esto obliga a operar la red de manera forzada, con una configuración que dista de ser la óptima.

Según la propia Red Eléctrica, el mix eléctrico peninsular y las condiciones de operación del sistema europeo han hecho que el amortiguamiento disponible “podría situarse por debajo de los valores esperados”. Y el nivel real ha sido todavía peor: un volumen significativo de horas operó con un amortiguamiento inferior al 5%, el piso que marca la normativa para garantizar la estabilidad.

El operador del sistema insiste en que su gestión fue correcta antes del apagón, pero el documento revela que la red ya arrastraba debilidades estructurales. “La evolución de la instalación de nueva generación ha supuesto un cambio significativo de los flujos respecto a lo contemplado en la planificación”, se lee en el texto. El resultado fue un sistema operando muy al filo de la capacidad, a una pequeña perturbación de distancia.

A raíz de aquel cero energético —cuyas causas están judicializadas—, Red Eléctrica activó lo que denomina modo reforzado, que implica recurrir a un mayor número de centrales de ciclo combinado para dar robustez al sistema. Una solución de urgencia que cuesta dinero y que, además, contradice el objetivo de descarbonización plena a corto plazo.

El operador se aferra al modo reforzado mientras reclama 607 millones para no tener que seguir improvisando.

El sur que estrangula el sistema: el desequilibrio geográfico de la fotovoltaica

La asimetría geográfica es la raíz del problema que la propia Red Eléctrica pone sobre la mesa. La potencia fotovoltaica creció de forma explosiva en el sur, pero sin una red de transporte dimensionada para evacuar tal volumen de energía hacia los centros de consumo del norte y levante. El documento reconoce que la evolución fue “marcadamente asimétrica” y que el plan 2021-2026 no la anticipó.

Ese desajuste obliga al operador a reconducir flujos de potencia a través de trayectos no previstos, saturando nudos críticos y creando condiciones para que las oscilaciones se amplifiquen. A esto se suma que, durante las horas centrales del día, la penetración solar deja poco margen a la generación síncrona, reduciendo la inercia natural del sistema —un factor clave para el amortiguamiento.

El modo reforzado actúa como un parche: mantiene en funcionamiento ciclos combinados que, en condiciones normales, ya estarían parados. El coste recae sobre el conjunto del sistema y, en última instancia, sobre el consumidor, que ve cómo la factura de los peajes de transporte se tensiona.

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Redeia, el IBEX 35 y la batalla por la inversión en redes

Red Eléctrica es hoy la joya regulada de Redeia, el grupo cotizado que también controla Hispasat y la división de telecomunicaciones. La matriz, con una capitalización en el entorno de los 9.500 millones de euros, compite por el favor de los inversores en rentas predecibles con Enagás —el gestor de la red gasista— y con las redes de distribución de las grandes eléctricas. Pero su principal activo depende de un marco retributivo que fija la CNMC y de la planificación que aprueba el Ministerio para la Transición Ecológica.

El apagón de 2025 no solo abrió un frente judicial: también evidenció las costuras de un modelo que acelera la penetración renovable sin haber desplegado la red de transporte necesaria. La petición de 607 millones extra es, en el fondo, una declaración: sin red no hay transición, y sin inversión regulada, la red se rompe.

En esta redacción observamos que el debate trasciende lo técnico. La mayoría de los expertos coincide en que el incidente obliga a repensar los plazos de inversión, sobre todo ante la próxima revisión de la planificación 2027-2032. La consulta pública que se cierra el 11 de junio será la primera foto fija de cuánto está dispuesto el sistema a admitir como riesgo antes de aflojar la cartera.

La empresa entró en en la recta final de 2025 con un nivel de tensión financiera importante. El regulador no ha emitido aún una valoración formal, pero fuentes del sector apuntan a que el incidente acelerará la inversión en almacenamiento. De la decisión que tomen el ministerio y la CNMC dependerá que los 607 millones se conviertan en inversión real o en un nuevo capítulo de ajustes y parches.


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