Una investigación judicial ha sacado a la luz la posible implicación de Exxon en un escándalo de espionaje corporativo: la contratación de hackers para robar correos de activistas climáticos en 2016. El objetivo, según los documentos judiciales, era frenar investigaciones y litigios que trataban de hacer responsable al gigante petrolero por décadas de ocultar el impacto climático de sus combustibles fósiles. La revelación amenaza con abrir una nueva vía de responsabilidad corporativa en los crecientes litigios climáticos, con el greenwashing y la gobernanza ESG en el punto de mira.
La historia arranca en enero de 2016, cuando Kert Davies, fundador del Climate Investigations Center, participó en una reunión en Nueva York para coordinar la campaña #ExxonKnew (#ExxonSabía). Pocas semanas después, empezó a recibir correos de phishing que simulaban notificaciones de redes sociales. Davies cayó en la trampa y, con él, decenas de activistas, abogados y periodistas que trabajaban para destapar la doble estrategia de la petrolera: negar públicamente la crisis climática mientras sus científicos la confirmaban internamente ya en 1982.
Los atacantes mostraron un conocimiento minucioso de los círculos activistas y sus relaciones personales. Según el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto, los enlaces fraudulentos usaban un acortador de URL personalizado que permitió identificar una lista de cientos de objetivos, entre ellos familiares de activistas y fondos de inversión que apostaban contra el valor de las petroleras. El rastreo digital apuntó a un grupo de hackers a sueldo con base en India, bautizado como Dark Basin, que operaba bajo la dirección de intermediarios israelíes.
La operación de espionaje no buscaba solo desacreditar activistas: los correos robados llegaron a los tribunales para sostener la defensa de Exxon.
En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a Aviram Azari, un investigador privado israelí, acusado de gestionar los encargos de hacking. Azari se declaró culpable en 2022 de dirigir campañas de phishing que afectaron a más de cien víctimas y que facturaron más de 4,8 millones de dólares en cinco años. Sin embargo, el nombre del cliente que pagó por el hackeo a los activistas de #ExxonKnew siguió sin revelarse hasta la orden de extradición contra otro investigador israelí, Amit Forlit, emitida en 2025.
El sumario contra Forlit, desvelado a principios de 2026, señala a una firma de asuntos públicos que trabajaba «para un gigante petrolero» que encaja con el perfil de Exxon. Forlit, en su defensa, identificó directamente a DCI Group, una agencia de comunicación estratégica con sede en Washington D.C. que ha trabajado para Exxon durante años, con más de 3 millones de dólares en labores de lobby registradas solo entre 2014 y 2015. DCI Group niega cualquier implicación y la petrolera afirma que no ha participado «en actividad alguna de hacking» y que condena estas prácticas.
La letra pequeña del caso: cómo el hackeo llegó a los tribunales
Los correos robados no solo inquietaron a los activistas. Detalles de la reunión del Rockefeller Family Fund aparecieron en The Wall Street Journal y en el Washington Free Beacon, que acusaron de «coordinación secreta» contra Exxon. La petrolera utilizó aquel material para combatir las citaciones de diecisiete fiscales generales estatales que investigaban si había engañado a inversores y consumidores sobre el cambio climático. La sentencia de Azari recoge que documentos pirateados de activistas se filtraron a la prensa y fueron incorporados como prueba en los escritos judiciales de la compañía.
Esta maniobra tiene consecuencias directas sobre la credibilidad ESG de la empresa. Una compañía que se presenta como comprometida con la descarbonización y que ha lanzado un negocio dedicado a reducir emisiones podría haber financiado una operación de espionaje contra quienes pedían responsabilidades climáticas. El contraste entre el discurso público y las acciones que investiga la justicia es el tipo de incoherencia que los inversores institucionales y los gestores de fondos con criterios ESG están empezando a penalizar con fuerza.
Los abogados especializados en litigios climáticos ven en este caso un posible punto de inflexión. Si se demuestra la conexión entre Exxon y el hackeo, las demandas por daños climáticos —que ya reclaman cientos de miles de millones de dólares— podrían añadir cargos por obstrucción y espionaje corporativo. El concepto de greenwashing dejaría de ser una etiqueta reputacional para convertirse en un agravante judicial con costes económicos muy tangibles.
El fin de la impunidad del hackeo a sueldo en la era ESG
El episodio muestra que el acoso digital a la sociedad civil ya no es un riesgo menor. Las empresas de combustibles fósiles han colaborado con firmas de seguridad para vigilar a opositores de oleoductos como el Dakota Access o el Line 3, pero la contratación de hackers para robar correos de activistas eleva la amenaza a un nuevo nivel. Y, como señala John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab, «la industria global del hackeo a sueldo ha operado hasta ahora con muy pocas consecuencias».
Para los directivos de sostenibilidad y los responsables de cumplimiento normativo, la implicación es clara: la diligencia debida ya no puede limitarse a la cadena de suministro o al reporte de emisiones. La Taxonomía Verde europea y la directiva CSRD obligan a las empresas a informar sobre su impacto social y su gobernanza, y un escándalo de espionaje corporativo puede dinamitar la puntuación ESG de una compañía de la noche a la mañana. La pregunta que sobrevuela los mercados es cuántas empresas energéticas han recurrido a prácticas similares y si los fondos que las mantienen en cartera están evaluando este riesgo.
Davies, que aún sigue a Exxon, lo resume de forma personal: «No me gustan los matones, los mentirosos ni los tramposos». Pero más allá del agravio individual, el caso aporta una lección para las próximas décadas de litigios climáticos: los tribunales y los inversores van a escarbar cada vez más en la letra pequeña de la conducta corporativa, no solo en las toneladas de CO2 emitidas.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: La revelación del caso puede acelerar la inclusión del espionaje corporativo como agravante en los litigios climáticos, aumentando la presión financiera sobre las empresas que obstruyen la acción climática.
- Modelo que cambia: La práctica de contratar hackers para silenciar a activistas sale de la sombra y se convierte en un riesgo legal y reputacional cuantificable, lo que obliga a las petroleras a revisar sus tácticas de contraataque.
- Para las próximas generaciones: Una justicia climática más robusta, que no solo persiga las emisiones sino también las maniobras de ocultación, protege el derecho a un medio ambiente sano y acelera la transición hacia un modelo energético limpio.
