Coinbase ha puesto fin este miércoles a su batalla judicial contra la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por la destrucción de los mensajes de texto del expresidente Gary Gensler. El acuerdo, detallado por el director jurídico de la empresa, Paul Grewal, en un artículo de opinión en The Wall Street Journal, incluye un pago de 150.000 dólares por parte de la agencia y el compromiso de mejorar sus políticas de conservación de registros.
El caso se remonta a 2023, cuando Coinbase presentó varias solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA) para acceder a documentos internos de la SEC. Quería entender cómo el regulador había decidido tratar a los criptoactivos como valores, la misma cuestión que estaba en el centro de la demanda que la agencia había interpuesto contra la plataforma en junio de ese año.
Lejos de entregar los archivos, la SEC denegó las peticiones y el litigio se arrastró por los tribunales. Lo que nadie esperaba era que el propio inspector general del organismo descubriera que casi un año de mensajes de texto de Gensler —desde octubre de 2022 hasta septiembre de 2023— había sido eliminado después de que se reseteara su teléfono sin realizar una copia de seguridad.
Esa ventana temporal cubre episodios clave: el colapso de FTX, el mayor escándalo del sector, y la ofensiva más agresiva de la SEC contra los intercambios de criptomonedas. La investigación interna reveló que el 38% de los textos recuperados trataban asuntos oficiales, incluida una conversación de mayo de 2023 sobre el calendario de acciones contra plataformas de negociación.
Por qué Coinbase pidió los mensajes de Gensler
Coinbase no buscaba esos textos por capricho. La empresa llevaba años reclamando reglas claras para el sector y veía en la FOIA una herramienta de transparencia. Bajo la presidencia de Gensler, la SEC había impuesto más de 1.000 millones de dólares en multas a firmas financieras por no conservar adecuadamente los mensajes de sus empleados, y repetía una y otra vez que «todos deben jugar con las mismas reglas».
Sin embargo, la propia agencia era incapaz de conservar los mensajes de su máximo responsable en en el momento más delicado para el ecosistema cripto. Grewal lo resumió con crudeza cuando salió a la luz el informe: «La SEC de Gensler destruyó documentos que estaba obligada a preservar y entregar. Ahora tenemos pruebas de su propio Inspector General».
La agencia que multaba a otros por no guardar registros perdió los mensajes de su propio presidente en plena batalla contra las cripto.
La doble vara de medir: el supervisor que no guardaba sus propios registros
Para la industria, el valor simbólico del acuerdo es mucho mayor que los 150.000 dólares. Coinbase había convertido sus demandas de transparencia en un argumento de fondo: los reguladores estaban presionando al sector sin un marco normativo definido. El hecho de que la demanda de la SEC contra Coinbase fuera retirada a principios de 2025, con una nueva administración y un nuevo presidente al frente de la agencia, refuerza esa lectura.
El cierre del litigio llega, además, con un punto personal. Paul Grewal, el abogado que ha pilotado a Coinbase durante años de guerra abierta con la SEC, ha anunciado que dejará la compañía a finales de este mismo mes de julio. Se despide con un giro de guion que deja una moraleja difícil de olvidar: el guardián de los registros no supo guardar los suyos.
Qué significa este acuerdo para la regulación cripto en Estados Unidos
El desenlace del caso FOIA no cambia por sí solo el mapa regulatorio, pero sí alimenta la narrativa que el sector lleva años defendiendo. Durante el mandato de Gensler, la SEC optó por una estrategia de aplicación coercitiva —la famosa «regulación por enforcement»— en lugar de elaborar guías claras. Que ahora se demuestre que la cúpula del organismo borró pruebas justo cuando apretaba el acelerador contra las criptoempresas añade una capa de desconfianza difícil de reparar.
Más allá del golpe reputacional, el compromiso de mejorar las políticas de conservación de documentos es un recordatorio de que los reguladores también necesitan controles. Si la SEC quiere exigir transparencia a las empresas que supervisa, tendrá que empezar por aplicársela a sí misma. La pregunta que queda en el aire es si este episodio servirá de precedente para futuras solicitudes de información o si se quedará en una anécdota costosa.
Por lo pronto, el caso deja un dato que resume bien la paradoja: el mismo regulador que multó a bancos y fondos por borrar mensajes ha pagado ahora 150.000 dólares por haber perdido los de su propio presidente. Una lección que los inversores, tanto institucionales como minoristas, no van a olvidar pronto.
