La fábrica sevillana de GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha encendido las alarmas. La paralización de los acuerdos marco de mantenimiento del carro de combate Leopard y del obús SIAC pone en riesgo 500 empleos directos y amenaza al programa Dragón 8×8. Así lo ha denunciado este miércoles el comité de empresa del centro de Alcalá de Guadaíra en un comunicado en el que reclama al Ministerio de Defensa que desbloquee la carga de trabajo.
La preocupación no es nueva, pero se ha intensificado. Los representantes sindicales advierten de que la incertidumbre que rodea a los dos contratos de sostenimiento está generando un escenario que ‘invita a la preocupación’ y que podría tener consecuencias difíciles de revertir si se pierde personal cualificado.
El doble bloqueo: dos acuerdos marco sin avances
El acuerdo marco del Leopard, en sus versiones 2E y 2A4, tiene un techo de gasto de 200 millones de euros. El del obús SIAC, 36 millones. Ambos importes contemplan posibles prórrogas. Los contratos se firmaron en 2023 y 2024, respectivamente, con una duración inicial de cuatro años, pero su ejecución no está asegurada: depende de las dotaciones presupuestarias anuales y de las necesidades operativas del Ejército de Tierra. El comité reconoce que parte de esos trabajos ya se ha ejecutado en los últimos dos años, pero ahora la ralentización es palpable.
La planta de Alcalá de Guadaíra es la única en España capaz de realizar este mantenimiento. Décadas de especialización han convertido a la factoría en un activo estratégico. El propio comité recuerda que, hace apenas tres años, respondió con eficacia a una emergencia, demostrando que su capacidad no es puntual, sino fruto de una trayectoria industrial sólida. Sin embargo, ahora temen que la parálisis erosione esa base de conocimiento.
La experiencia acumulada durante décadas no se improvisa. Si la fábrica pierde ahora a sus especialistas, el programa Dragón 8×8 se quedará sin el soporte industrial para cumplir plazos.
La situación ya está afectando a las empresas auxiliares. Según el comunicado del comité, más de 500 familias dependen directamente de la actividad de la planta. ‘La destrucción de empleo en una empresa privada asentada sobre instalaciones del Ministerio de Defensa cuestiona el retorno social e industrial de dichas infraestructuras’, advierten los trabajadores.
Consecuencias laborales y el efecto dominó sobre el 8×8
El riesgo no se limita a los puestos de trabajo amenazados. El comité insiste en que la descapitalización industrial —la fuga de técnicos y operarios cualificados— pondrá en peligro otros programas estratégicos, en especial el Dragón 8×8, el vehículo blindado sobre ruedas que debe modernizar la capacidad del Ejército de Tierra. Además, las empresas auxiliares que rodean la planta sevillana también dependen de esta carga de trabajo, con lo que el impacto sobre el empleo se multiplicaría en la comarca. ‘La pérdida de personal cualificado puede acabar afectando a proyectos clave como el Dragón 8×8, poniendo en riesgo plazos y compromisos estratégicos’, subrayan los representantes sindicales.
La judicialización de los PEM y la relación rota con Defensa
El conflicto va mucho más allá de la ejecución de estos contratos de mantenimiento. GDELS mantiene un pulso judicial con el Gobierno por la concesión de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de obuses de ruedas y cadenas, valorados en 7.200 millones de euros, a una unión temporal de empresas formada por Indra y EM&E. El Tribunal Supremo debe pronunciarse en los próximos meses sobre el recurso contencioso-administrativo presentado por la compañía contra los préstamos de 3.000 millones otorgados por el Ministerio de Industria a dicha UTE. De momento, el alto tribunal ha rechazado las dos medidas cautelares solicitadas, lo que añade incertidumbre.
En abril, el Ministerio de Defensa desestimó otro recurso contra la adjudicación directa de los contratos. Ahora, GDELS ha abierto un nuevo frente en la Audiencia Nacional. Fuentes industriales confirman a Infodefensa que la relación entre la compañía y el departamento de Margarita Robles es ‘muy delicada’. El Ministerio ha reducido al mínimo las reuniones con la empresa y considera injustificada su posición, sobre todo porque GDELS sigue liderando la modernización de los vehículos de infantería Pizarro, un programa con un presupuesto superior a los 250 millones de euros.
La tensión judicial ha contaminado lo operativo. No se trata solo de que Defensa esté reteniendo carga de trabajo: el distanciamiento bloquea la interlocución necesaria para planificar el mantenimiento de sistemas críticos en un momento en que el gasto europeo en defensa se dispara. En pleno impulso de la OTAN por la autonomía estratégica, la erosión de una capacidad industrial cualificada en Alcalá de Guadaíra supone un paso atrás.
La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno está dispuesto a asumir el coste reputacional y estratégico de que una planta con más de medio siglo de trayectoria se debilite por un pleito, justo cuando Bruselas reclama músculo industrial.
