El Senado de Estados Unidos tiene sobre la mesa la votación de la Clarity Act, la ley que promete poner orden en el mercado de las criptomonedas. Tras meses de negociación, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha calificado el momento como “la yarda 1”, una metáfora del fútbol americano que equivale a estar a un paso de la línea de gol. El proyecto cuenta con el respaldo del presidente Trump y con un calendario tan ajustado que la votación debería producirse antes del receso parlamentario de agosto.
El empujón definitivo lo dio el senador Kevin Cramer, quien aseguró que el acuerdo está “casi cerrado” después de que los demócratas recibieran las últimas enmiendas sobre ética y aplicación de la norma. La carrera contrarreloj tiene una fecha límite clara: si el Senado no vota antes de irse de vacaciones, la ley volvería a congelarse durante meses.
Una ley para saber quién manda en cada criptoactivo
La Clarity Act (o Ley de Claridad) es el intento más serio de Washington por resolver el galimatías regulatorio que enfrentan las criptomonedas en Estados Unidos. Básicamente, divide la supervisión entre la SEC (el supervisor bursátil) y la CFTC (el regulador de futuros y materias primas), y obliga a los intercambios a registrarse y cumplir normas contra el blanqueo de capitales y las sanciones internacionales. Además, la ley extendería las obligaciones de prevención del blanqueo a las plataformas de intercambio y a los servicios de custodia, algo que ya se exige en la Unión Europea con la normativa MiCA.
Uno de los puntos más peliagudos, según Cramer, es la definición de “intermediario de valores”. “A la industria no le gusta”, dijo, y prefiere una definición basada en el grado de descentralización de cada proyecto. Es una discusión técnica, pero con consecuencias millonarias: determinará qué tokens necesitan licencia y cuáles pueden operar con menos cargas. Si se impone una visión demasiado amplia, muchas plataformas descentralizadas podrían verse forzadas a registrarse como entidades financieras tradicionales.
La Cámara de Representantes aprobó su versión hace más de un año, y el Comité Bancario del Senado dio luz verde al texto este mismo año con un voto de 15 a 9, en el que dos demócratas rompieron la disciplina de partido. Desde entonces, la ley esperaba turno en el pleno, mientras los mercados miraban de reojo. La incertidumbre ha sido la nota dominante, con episodios de fuertes subidas y caídas cada vez que un tuit o una declaración movía las expectativas de aprobación.
La trinchera ética que retrasa el acuerdo
El mayor obstáculo no ha sido técnico, sino político. La pelea ética gira en torno a las criptoempresas vinculadas al presidente Trump y su familia. La senadora Cynthia Lummis, que preside el subcomité de activos digitales, propuso que los fiscales generales de cada estado pudieran demandar a las plataformas que listen tokens emitidos por cargos públicos. Los demócratas han insistido en esa vía para evitar conflictos de interés, apuntando directamente a las tenencias del presidente.
La enmienda que habría prohibido al presidente, al vicepresidente y a los miembros del Congreso tener negocios relacionados con criptoactivos fue rechazada en la fase de comité, solo con votos republicanos. Sin embargo los republicanos rechazaron la propuesta en bloque y ahora el compromiso que describe Cramer pasa por dejar la aplicación de la ley en manos del Departamento de Justicia, y no en las de cincuenta fiscales estatales distintos. “Demasiado dispar”, argumentó el senador.
Estados Unidos ha tardado años en entender que la claridad regulatoria no frena la innovación: la atrae.
Agosto aprieta: la carrera final del proyecto
El tiempo juega en contra. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quiere llevar el texto al pleno antes de que acabe el periodo de sesiones a principios de agosto. Pero la ley compite con otras prioridades, como una resolución presupuestaria para evitar el cierre del Gobierno a finales de septiembre. Cramer admitió que no sabe si se votará esta misma semana, lo que deja la decisión en un puñado de días hábiles. Galaxy Research ha rebajado la probabilidad de aprobación al 50%, justo cuando la meta parecía más cerca.
Si el proyecto fracasa, el mapa seguiría fragmentado: la SEC mantendría su ofensiva contra exchanges como Coinbase o Binance, y los tribunales seguirían decidiendo qué criptoactivo es un valor y cuál no, caso por caso. Para los inversores, eso significa más incertidumbre y menos protecciones. Para la industria, la tentación de marcharse a jurisdicciones más amables, como Singapur o Suiza, aumentaría.
Si la Clarity Act sale adelante, el mercado cripto estadounidense ganaría un marco legal estable después de años de litigios y amenazas de la SEC. Para los inversores europeos, la señal también sería potente: una gran economía que adopta reglas claras podría acelerar la maduración del sector a escala global. Pero todo depende de lo que ocurra en el Capitolio durante las próximas dos semanas.
