El verano de 2026 activará un cambio silencioso en la movilidad juvenil española. La Dirección General de Tráfico (DGT) ultima la transposición de una directiva europea que autoriza la obtención del carnet de conducir a los 17 años mediante un sistema de conducción acompañada. La medida, inspirada en el exitoso modelo alemán, tiene una lectura económica inmediata que va más allá de la seguridad vial: implica una palanca de movilidad temprana para el empleo en la España rural y un nuevo segmento de consumidores para el sector del automóvil.
Requisitos del nuevo permiso y figura del acompañante
El proceso para obtener la licencia no varía en esencia. El aspirante de 17 años deberá aprobar el examen teórico y superar la prueba práctica en las mismas condiciones que un adulto. La diferencia administrativa reside en que el permiso incluirá el código 98.02 en su reverso. Este identificador actúa como una restricción explícita: prohíbe la conducción en solitario hasta que el titular cumpla los 18 años.
La Directiva Europea 2025/2205 que da cobertura a este cambio es muy estricta con la figura del supervisor. El acompañante del menor deberá tener al menos 24 años y poseer el carnet de conducir de la misma categoría desde hace más de un lustro. La norma no solo exige veteranía al volante: además, esta persona no puede haber sido privada del derecho a conducir en los últimos cinco años. La DGT subraya que el tutor debe cumplir rigurosamente las normas de alcohol y drogas. No es un mero pasajero; actúa como un ejemplo de comportamiento y una referencia técnica para corregir vicios desde el primer día.
Plazos, trámites y aplicación práctica de la ‘conducción acompañada’
Aunque la fecha límite para la transposición es el 26 de noviembre de 2028, la intención del organismo que dirige Pere Navarro es agilizar los trámites. El objetivo es responder a la demanda social de las familias, especialmente en territorios con carencias de transporte público. Los jóvenes que residen en zonas despobladas ganarán autonomía de forma temprana para acceder a ciclos formativos o a sus primeros empleos.
La movilidad deja de ser un rito a los 18 años y se convierte en una herramienta de inserción laboral y cohesión territorial antes de la mayoría de edad.
El organismo recalca que no se modifica ni el modelo formativo ni los contenidos de los exámenes oficiales. La subdirectora de Formación de la DGT, Montserrat Pérez, destaca que esta fórmula mejora la confianza durante los primeros kilómetros. El foco está en la ganancia de experiencia en situaciones reales de tráfico bajo vigilancia constante.
La economía de la movilidad temprana: del acceso al empleo al seguro obligatorio
La lectura empresarial de esta directiva es profunda. La patronal de las autoescuelas observa con interés un previsible aumento de alumnos en la franja baja de edad. La matriculación en los centros de formación no decaerá, ya que el examen no se dulcifica. De hecho, se mantiene la misma rigurosidad, lo que garantiza la necesidad de servicios profesionales de enseñanza. El verdadero impacto está en el mercado laboral de la España vaciada: un chico de 17 años con permiso acompañado puede cubrir desplazamientos para trabajos agrícolas, hostelería estacional o prácticas duales muy alejadas de las líneas regulares de autobús.
Sin embargo, el engranaje económico no se activará sin la complicidad del sector asegurador. Las compañías tendrán que diseñar productos específicos que cubran la responsabilidad civil de un menor al volante, con un tutor presente. El ‘riesgo novel’ sigue existiendo, aunque matizado por la supervisión. La combinación de inexperiencia juvenil y supervisión adulta facilitan que el menor gane experiencia sin que el riesgo se dispare de de forma descontrolada. Ese es, al menos, el argumento técnico que defiende la Dirección General de Tráfico.
Las miradas están puestas en la reducción de la siniestralidad. La Unión Europea busca homogeneizar las licencias para bajar los accidentes entre conductores novatos. Si el modelo funciona, veremos una migración progresiva de jóvenes hacia el vehículo particular como herramienta de trabajo. No obstante, el éxito de la medida dependerá de la aceptación por parte de las aseguradoras y de que el despliegue normativo no se quede limitado a los grandes núcleos urbanos.
