La llegada de Bolt a Castilla-La Mancha ha sido demasiado accidentada. La empresa, en los meses transcurridos desde que empezaron a circular sus primeros vehículos en Toledo, ha sumado más de un millón de euros en sanciones. El problema, según la empresa, es que no hay una regulación clara en la comunidad autónoma, lo que hace que los conductores no sepan cómo deben operar para evitar algunos problemas que han sido señalados por las fuerzas de seguridad al imponer las sanciones.
«Bolt mantiene una actitud de total colaboración y diálogo con las administraciones públicas y con todos los actores del ecosistema de movilidad urbana. Creemos firmemente que taxis, VTC y nuevas soluciones tecnológicas pueden convivir de forma equilibrada y complementaria, como ya ocurre en muchas otras ciudades españolas», ha señalado el director de la empresa en España, Daniel Georges, en declaraciones recogidas por el diario local El Decano de Guadalajara.
En estas declaraciones ha insistido en un punto que la empresa ha señalado en el pasado, tanto en Castilla-La Mancha como en otras comunidades como Cataluña. Para Georges es clave que la Comunidad «acometa con celeridad un marco regulatorio que aporte certidumbre a todos los actores, a semejanza de lo ocurrido en otras comunidades autónomas, y en línea con la jurisprudencia europea».
Georges ha insistido en que la empresa necesita la regulación para poder operar de forma normal y ayudar a mejorar la situación del transporte de particulares en la zona. «Bolt opera en Guadalajara desde febrero con el objetivo de contribuir a mejorar la movilidad de los ciudadanos, ofreciendo una alternativa tecnológica que complemente la oferta de transporte existente en la ciudad y la provincia». Añade que «nuestra llegada responde tanto a la demanda de usuarios que reclamaban más opciones de movilidad como al interés mostrado por profesionales del sector en incorporarse a plataformas digitales».
«En una ciudad en crecimiento como Guadalajara, donde la movilidad representa un reto cada vez mayor para vecinos y visitantes, consideramos positivo seguir impulsando soluciones que ayuden a mejorar la disponibilidad de transporte, reducir tiempos de espera y facilitar los desplazamientos diarios de los ciudadanos», sentencia el director de Bolt España.
UNA PROMESA DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2025
La realidad es que la petición de la empresa, una regulación clara para las plataformas de la «nueva movilidad» en Castilla-La Mancha, no es más que una promesa hecha por el Gobierno de la Comunidad. En una reunión entre el consejero de Fomento y la Federación del Taxi de Castilla-La Mancha se prometió que se desarrollaría un nuevo Reglamento del Taxi y una regulación de los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC), pero ninguna de las dos cosas ha ocurrido.
En ese contexto, Hernando avanzó que, «en el nuevo Reglamento del Taxi, que esperamos que se pueda aprobar a finales de este año o como muy tarde a principios de 2026, vamos a permitir que todos los taxistas de la región puedan llevar a cabo precontratos»; es decir, explicaba, «que si a día de hoy un taxi solo puede operar dentro de un mismo municipio, vamos a permitir que los taxistas que tienen clientes habituales puedan fijar viajes precontratados más allá de la frontera municipal, ya que hasta ahora se limita el poder realizar esos servicios».
El problema es que, mientras no haya una regulación, los conductores de Bolt y Uber pueden ser detenidos en cada uno de los viajes urbanos que siguen realizando. Las sanciones se siguen acumulando, y todo mientras algunas ciudades de la zona, como la propia Guadalajara o Toledo, ganan más importancia a nivel turístico y, por tanto, para su negocio.
LA NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN NACIONAL
Lo cierto es que la exigencia de Bolt en Castilla-La Mancha va en línea con la exigencia de una regulación nacional, que empieza a ronda el sector de las VTC en España. No es un detalle menor, pues puede marcar un antes y un después dentro del sector en el país y evitar las diferencias de criterio en las diferentes comunidades autónomas, con diferencias tan extremas como las que se ven entre Madrid y Cataluña, movimientos opuestos dentro del territorio nacional.
Desde el sector se espera que sea un punto que pueda concretarse una vez que acabe la legislatura. Las elecciones generales de 2027 son un horizonte interesante para este movimiento, con las empresas del sector empezando a levantar la voz sobre esta necesidad en el medio plazo.
