EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha aclarado que Renfe e Iryo están obligadas a indemnizar a los pasajeros por los retrasos en los trenes de alta velocidad desde enero, al considerar que las restricciones de velocidad impuestas por Adif no constituyen fuerza mayor.
- ¿Quién está detrás? El comisario de Turismo, Apostolos Tzitzikostas, respondió a una consulta de eurodiputados del PP y ha fijado el criterio oficial.
- ¿Qué impacto tiene? Los viajeros que sufrieron retrasos de más de 60 minutos pueden reclamar hasta el 50% del importe del billete. Las operadoras ya no pueden excusarse en los límites de velocidad.
Bruselas ha dictaminado que Renfe e Iryo deben indemnizar a los pasajeros por los retrasos registrados en los servicios de alta velocidad desde enero de 2026. La decisión responde a una consulta cursada por eurodiputados del PP y tumba el argumento legal que ambas compañías esgrimían desde hace meses para evitar las compensaciones.
El argumento de Bruselas: Adif no exime de pagar
La Comisión Europea sostiene que las restricciones de velocidad impuestas por Adif tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) forman parte de la explotación ferroviaria ordinaria. En consecuencia, no pueden considerarse fuerza mayor a los efectos de la normativa comunitaria sobre derechos de los viajeros. Así lo ha comunicado el comisario de Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en una respuesta por escrito. El reglamento europeo solo contempla excepciones como fenómenos meteorológicos extremos, catástrofes naturales, actos terroristas o robos de cable. La actuación del administrador de infraestructuras no exime a las empresas ferroviarias.
La aclaración llega meses después de que los maquinistas alertaran sobre el deterioro de parte de la red. Adif, como administrador, intensificó las inspecciones y los trabajos de mantenimiento, lo que obligó a imponer limitaciones temporales y permanentes en numerosos tramos. Durante semanas, muchos trenes acumularon retrasos superiores a una hora en los corredores de alta velocidad, especialmente en el Madrid-Barcelona.
Renfe e Iryo vendieron billetes con horarios ficticios
A pesar de las restricciones, Renfe e Iryo mantuvieron prácticamente intactos sus horarios comerciales y continuaron comercializando plazas con los mismos tiempos de viaje previstos antes de los accidentes. En lugar de actualizar los horarios, optaron por enviar mensajes de aviso por SMS o correo electrónico poco antes del desplazamiento y publicar avisos genéricos en sus paginas web.
Para Bruselas, esa práctica no cumple con la exigencia de información previa a la compra. “Si la hora de llegada prevista en el momento de la compra del billete ya integra el tiempo adicional necesario para llegar al destino final debido a los límites de velocidad impuestos por un administrador de infraestructuras, ese tiempo adicional no corresponde a un retraso”, explica Tzitzikostas. Pero si el pasajero compró un billete con un horario que luego se incumplió sin que esa demora estuviera reflejada de antemano, la compensación es obligatoria.
Las asociaciones de consumidores ya cuestionaron en enero la negativa de las compañías a devolver parte del importe de los billetes. Ahora, con el pronunciamiento de la Comisión, las reclamaciones adquieren una base jurídica sólida.
La estrategia de vender billetes con horarios teóricos mientras se aplicaban restricciones conocidas por el gestor de la red coloca a Renfe e Iryo ante un aluvión de indemnizaciones inevitables.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
La decisión de Bruselas despeja una incógnita que arrastraba el sector desde principios de año. El impacto no es menor: Renfe e Iryo pueden enfrentarse ahora a miles de reclamaciones por trayectos realizados entre enero y mayo de 2026. Según la normativa de derechos ferroviarios, los pasajeros tienen derecho al 25% del precio del billete para retrasos de entre 60 y 119 minutos, y al 50% si la demora alcanza o supera las dos horas. Las solicitudes pueden cursarse directamente a través de las webs de las operadoras o de los organismos nacionales de control.
La Comisión deja la vigilancia en manos del Gobierno español y de los organismos nacionales, aunque advierte de que podría intervenir si detecta pasividad. Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible consultadas por esta redacción no han querido pronunciarse por el momento, pero el pronunciamiento europeo reduce el margen de maniobra para dilatar los pagos.
En la práctica, Adif sigue aplicando restricciones de velocidad en varios puntos de la red de alta velocidad. Por tanto, mientras las obras de mantenimiento no finalicen, las operadoras se verán obligadas a ajustar sus horarios comerciales o a asumir el coste de las indemnizaciones. La tentación de repetir el esquema de avisos de última hora queda ahora descartada, salvo que quieran arriesgarse a nuevos expedientes.
El precedente es relevante: desde la liberalización del AVE en 2021, las compañías han pugnado por trasladar al pasajero las incidencias imputables al gestor de la infraestructura. Con este dictamen, la Comisión deja claro que la responsabilidad comercial recae en el operador, que es quien vende el billete. Y eso puede acelerar una reforma de los contratos entre Renfe, Iryo y Adif. Mientras tanto, los viajeros afectados tienen una ventana abierta para reclamar. Conservar el billete y el justificante del retraso es el primer paso.
