La tensión entre regulación y monopolio eléctrico en España sube un peldaño más. La CNMC ha publicado un informe demoledor sobre el doble rol de Red Eléctrica (REE) como operador del sistema y gestor de la red de transporte, y la conclusión es tan clara como explosiva: la concentración de ambas funciones provoca un conflicto de interés que distorsiona la planificación de la red. El regulador no se anda con rodeos y reclama la separación total de ambos negocios.
El aviso del regulador: los riesgos del doble rol
Red Eléctrica es, desde su creación, la encargada de dos tareas que en muchos países europeos llevan entidades distintas. Como operador del sistema, coordina en tiempo real la producción y el consumo de electricidad, garantizando que siempre haya equilibrio entre oferta y demanda. Como gestor de la red de transporte, planifica y ejecuta las inversiones en infraestructuras de alta tensión, decide dónde se tienden nuevas líneas y cómo se refuerzan las existentes. A ojos de la CNMC, esa integración vertical genera un sesgo evidente: quien planifica las redes también las opera y puede orientar las inversiones para maximizar su propio beneficio regulado, en lugar de perseguir la máxima eficiencia para el conjunto del sistema.
El informe, conocido estos días, señala que el operador está en una posición que le permite influir en las decisiones de planificación para favorecer soluciones que luego él mismo gestiona. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lo resume en una palabra: conflicto de interés. Y propone una solución drástica: separar jurídica y funcionalmente las dos actividades, creando dos sociedades independientes. La medida no es nueva en el debate energético europeo, pero sí el hecho de que el propio regulador español la ponga sobre la mesa con esta contundencia.
El movimiento de la CNMC llega en un momento especialmente delicado. La red de transporte española está al límite de su capacidad para integrar nueva generación renovable, y las inversiones previstas para los próximos años superan los 6.000 millones de euros. Cualquier atisbo de que esas inversiones pudieran no responder únicamente a criterios de eficiencia técnica enciende las alarmas de la competencia.
Fuentes cercanas a Red Eléctrica han defendido en el pasado que la integración actual genera sinergias que se traducen en menores costes para el consumidor, y advierten de que una escisión encarecería los peajes de transporte. Sin embargo, la CNMC considera que los ahorros no compensan el riesgo de distorsión en las decisiones de inversión. El debate, por tanto, no es solo técnico: es una discusión sobre el modelo de gobernanza del sistema eléctrico.
Cuando quien planifica también gestiona, las decisiones sobre dónde invertir dejan de obedecer a la eficiencia y pasan a depender de quien controla ambas patas.
Un debate que pone en jaque el monopolio de Red Eléctrica
El informe de la CNMC no se produce en el vacío. Los problemas de congestión en la red de transporte —especialmente en los nudos con alta penetración renovable— han disparado las críticas hacia el actual modelo. En los dos últimos años, los costes asociados a los vertidos de energía renovable por falta de capacidad de evacuación han superado los 900 millones de euros, según datos del operador del mercado. La presión política y social para acelerar las inversiones choca con la inercia de un gestor único que, según algunos analistas, no tiene incentivos para moverse con la rapidez que exige la descarbonización.
La posible segregación de Red Eléctrica alimenta un escenario que hasta hace poco parecía tabú: el fin del monopolio en la gestión del transporte. Aunque la propiedad de la red seguiría siendo de la compañía, la aparición de un operador del sistema realmente independiente abriría la puerta a nuevos actores en la planificación y a una supervisión mucho más estrecha de las inversiones. No sería una liberalización en el sentido clásico, pero sí un terremoto regulatorio con consecuencias directas sobre la valoración de REE y la estrategia de sus accionistas.
¿Hacia una escisión? Implicaciones y precedentes europeos
En la Unión Europea, el modelo de separación entre el operador del sistema y el gestor de transporte no es una anomalía. Países como Alemania, Francia o Italia han optado por fórmulas que garantizan la independencia efectiva del operador, incluso cuando comparte grupo empresarial con el transportista. El caso español, con un operador que es al mismo tiempo transportista único, resulta cada vez más difícil de justificar frente a Bruselas. Y Competencia lo sabe.
Yo creo que la CNMC ha movido ficha con inteligencia: el informe no obliga, pero crea un marco de presión regulatoria que el Gobierno —y en última instancia el Ministerio para la Transición Ecológica— tendrá muy difícil ignorar. La transición energética estaba centrada en la generación y el consumo; ahora el foco se desplaza a la red, y con él, la necesidad de repensar quién decide y bajo qué reglas. La separación de operación y transporte no es solo un tecnicismo de competencia: es la llave que puede destensar el colapso de la red y hacer que las inversiones de miles de millones de euros respondan al interés del sistema, no al de un monopolio.
El camino hasta una escisión formal será largo y probablemente pase por una transposición de directivas europeas que, de momento, no son obligatorias. Sin embargo, el mensaje de la CNMC coloca a Red Eléctrica en una posición incómoda: tendrá que demostrar que su modelo dual no solo es rentable para sus accionistas, sino la opción más eficiente para un país que necesita desesperadamente más red y más barata. La pelota está ahora en el tejado del operador… y del legislador.
