Holaluz está al borde de la inhabilitación como comercializadora de electricidad. Un impago de seis millones de euros a las distribuidoras, reconocido por fuentes del sector, ha puesto en marcha los procedimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para suspender su licencia de actividad.
La compañía catalana, que en 2020 se convirtió en un símbolo de la energía verde en el parqué, niega la gravedad de la situación. Sin embargo, los impagos se acumulan desde hace semanas y la crisis amenaza con extenderse a más de mil pequeñas comercializadoras que operan en España con márgenes muy ajustados.
El impago de seis millones de euros corresponde a facturas pendientes con las distribuidoras eléctricas, un eslabón regulado que toda comercializadora debe pagar puntualmente. La CNMC dispone de un mecanismo de inhabilitación automática cuando los impagos superan determinados umbrales y se prolongan en el tiempo.
Según fuentes consultadas, Holaluz habría acumulado varios requerimientos de pago sin una solución efectiva. La empresa, que cotiza en el BME Growth, ha perdido más del 90% de su valor en bolsa desde los máximos de 2022 y arrastra una deuda neta de 45 millones de euros según sus últimas cuentas auditadas.
El impago que activa la inhabilitación
El impago de los seis millones de euros no es un hecho aislado. Se enmarca en una crisis más amplia que afecta a las comercializadoras independientes desde que los precios mayoristas de la electricidad se dispararon en 2021. Muchas de ellas ofrecieron tarifas fijas a sus clientes sin cobertura suficiente y ahora soportan pérdidas millonarias.
La normativa del sector eléctrico es clara: si una comercializadora no paga a las distribuidoras en los plazos fijados, la CNMC puede suspender su licencia. Esta suspensión implica el traslado forzoso de sus clientes a una comercializadora de último recurso y, en la práctica, el fin de la actividad.
El impago no es solo financiero: es la puntilla a un modelo de negocio que no ha sabido blindarse frente a la volatilidad de los precios mayoristas.
La crisis de Holaluz destapa un problema estructural. Según datos del sector, más de 1.000 pequeñas comercializadoras están en una situación similar, con impagos recurrentes o al borde de la quiebra. La morosidad acumulada con las distribuidoras podría superar los 300 millones de euros en todo el sistema.
La respuesta de Holaluz y la tensión con el sector
La consejera delegada de Holaluz, Carlota Pi, ha salido al paso de las informaciones con un mensaje combativo. En declaraciones recogidas por ABC, afirmó que «hay un grupo de poder energético que tiene muchas ganas de acabar con nosotros», en alusión a las grandes eléctricas que, según ella, presionan para absorber a los clientes de las comercializadoras independientes.
La compañía insiste en que está negociando una solución para regularizar los pagos y que su modelo de negocio sigue siendo viable. No obstante, el mercado ha reaccionado con escepticismo. La gestora Geroa ha limitado su exposición a Holaluz a un millón de euros, frente a los 3.600 millones de euros que gestiona en toda su cartera.
Este movimiento, que ha trascendido a través de El Diario Vasco, es una señal de alarma para los inversores minoristas que aún mantienen posiciones en el valor. La cotización de Holaluz ronda los 0,07 euros por acción, muy lejos de los 4,50 euros que llegó a alcanzar en plena euforia verde.
Análisis: una crisis que redefine el mapa de las comercializadoras
El caso Holaluz no puede entenderse sin el telón de fondo de un sector que ha vivido una auténtica «caza de brujas», tal como titulaba El Español. Las grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa, Naturgy— han captado decenas de miles de clientes que buscan estabilidad ante el goteo de quiebras y suspensiones de pequeñas firmas.
En mi opinión, la crisis de Holaluz es el síntoma de un problema más profundo: el diseño del mercado minorista español no protege suficientemente la competencia. Las pequeñas comercializadoras nacieron con la promesa de abaratar la factura eléctrica, pero carecen de la musculatura financiera para sobrevivir a ciclos adversos. La paradoja es evidente: cuantas más quiebran, menos competencia y menos presión a la baja sobre los precios.
La posible inhabilitación de Holaluz pondría a prueba la capacidad de la CNMC para gestionar la transición de sus clientes sin interrupciones. Si finalmente se confirma el impago y no se alcanza un acuerdo, los casi 230.000 contratos de la compañía serían absorbidos por las comercializadoras de referencia, con las grandes del IBEX 35 como principales beneficiarias.
El precedente de 2022, cuando quebraron empresas como Bulb en Reino Unido, demuestra que estas crisis pueden tener un coste sistémico. En España, el mecanismo de último recurso está diseñado para casos puntuales, no para un colapso generalizado. El desenlace está en el aire, pero una cosa es segura: el mapa de la energía verde en España no volverá a ser el mismo.
