La junta general de accionistas de Iberdrola se celebra este viernes con la vista puesta en dos realidades opuestas: un beneficio récord de 5.471 millones de euros en 2025 y una convocatoria de huelga nacional de UGT y CCOO que amenaza con tensar la imagen de la eléctrica. El presidente ejecutivo, Pedro Azagra, se somete a la ratificación de su cargo en un clima de creciente conflictividad laboral.
Los números que Iberdrola presenta a sus accionistas son los mejores de su historia. El incremento del 9% respecto al ejercicio anterior se apoyó en la expansión internacional, particularmente en Estados Unidos y Brasil, y en la estabilidad del negocio de renovables. El dividendo propuesto asciende a 0,55 euros por acción, un 7% más que en 2024.
En el plano de gobierno corporativo, el consejo luce el máximo histórico de consejeras, ocho sobre catorce, cumpliendo con holgura las recomendaciones de la CNMV. Azagra, que accedió a la presidencia en 2024, defiende una estrategia basada en la electrificación y el hidrógeno verde, pilares que, según su discurso, justifican el buen momento económico de la compañía.
Junta de accionistas: récord de beneficios y reelección de Azagra
El orden del día incluye la reelección de Pedro Azagra como presidente ejecutivo por un nuevo mandato de cuatro años. Fuentes cercanas al consejo señalan que el respaldo de los fondos institucionales —BlackRock, Vanguard y Norges Bank— es sólido, pese al ruido sindical.
Además, se debatirá un plan de inversiones de 36.000 millones de euros hasta 2028, con el foco en redes inteligentes y almacenamiento. La dirección destaca que estos proyectos generarán 10.000 empleos en España, aunque los representantes de los trabajadores cuestionan la calidad de esas contrataciones.
La huelga nacional: el conflicto laboral que no cesa
UGT y CCOO registraron la convocatoria de huelga en en el Ministerio de Trabajo el pasado lunes. Denuncian que la empresa ha congelado los salarios reales mientras los beneficios se disparan. Según los sindicatos, la plantilla ha perdido un 4,5% de poder adquisitivo desde 2023.
El contraste entre la euforia del accionista y el malestar de la plantilla es la grieta que Iberdrola necesita cerrar cuanto antes.
La protesta, prevista para el 7 de junio, podría afectar a 8.000 trabajadores en toda España. Iberdrola ha ofrecido una subida salarial del 2,1% ligada a objetivos, pero los sindicatos exigen un incremento mínimo del 3,5% más cláusula de revisión con el IPC.
La compañía emitió un comunicado en el que califica la huelga de “injustificada” y recuerda que el salario medio de sus empleados en España supera los 42.000 euros anuales. No obstante, CCOO replica que esa cifra esconde grandes diferencias entre los puestos técnicos y el personal de campo.
Análisis: la cuadratura del círculo entre rentabilidad y paz social
La situación de Iberdrola no es única en el sector. El conflicto laboral en las grandes energéticas se ha intensificado en los últimos dos años, impulsado por la inflación y por el impacto de las renovables en la estructura de empleo. Sin embargo, pocas compañías muestran un contraste tan brusco entre el éxito financiero y la tensión con los trabajadores.
La buena noticia para el accionista es que la huelga, de momento, no amenaza el suministro eléctrico porque los servicios mínimos están garantizados. La pregunta que flota en el ambiente es si la conflictividad laboral acabaría erosionando la reputación de Iberdrola de cara a futuras adjudicaciones públicas o a su relación con los reguladores.
Yo creo que la dirección debería leer con atención el mensaje de la calle. Un 4,5% de pérdida de poder adquisitivo no se soluciona con una revisión del 2,1%. Y cuando los sindicatos mayoritarios —tradicionalmente dialogantes en el sector energético— se lanzan a una huelga nacional, es porque el cálculo interno indica que la base está dispuesta a parar. Eso convierte la junta de este viernes en un espejo de dos caras: la de los números y la de las personas.
