Google ha formalizado este viernes la apelación contra la sentencia de agosto de 2024 que lo declaró monopolista ilegal en el mercado de búsquedas online. La compañía presenta un recurso de más de 200 páginas en el que sostiene que el tribunal ignoró la competencia real del sector y que su dominio es fruto de un producto superior. La batalla legal coincide con el avance de una nueva sanción de Bruselas bajo el reglamento DMA, lo que sitúa al buscador en el centro de una tormenta regulatoria a ambos lados del Atlántico.
Claves de la operación
- Google apela el fallo por monopolio de agosto de 2024. La compañía argumenta que el tribunal no valoró adecuadamente la competencia de rivales como Amazon, TikTok o los asistentes de IA.
- La sentencia de 2025 obligaba a compartir datos de búsqueda con terceros. Esa medida, que Google califica de ‘expropiación encubierta’, queda suspendida hasta que se resuelva la apelación.
- Bruselas prepara un nuevo expediente sancionador por incumplir el DMA. La Comisión Europea investiga si el buscador favorece sus propios servicios de viajes y compras frente a los de la competencia.
El argumento de la apelación: ‘Ganamos limpiamente’
En el escrito presentado ante el tribunal de apelación, Google defiende que su posición en el mercado no deriva de prácticas anticompetitivas, sino de haber ofrecido el mejor producto de forma consistente. ‘Google just prevailed in the marketplace fair and square‘ —ganamos en el mercado limpia y justamente—, resume la compañía en un pasaje que ya ha sido filtrado por varios medios estadounidenses.
La apelación ataca directamente el corazón del fallo original del juez Amit Mehta. Según Google, la sentencia ‘atropella’ principios legales básicos al definir el mercado relevante de forma artificial. La empresa insiste en que el ecosistema de búsqueda ha mutado por completo en los últimos dos años, con la irrupción de ChatGPT, Perplexity y los buscadores integrados en redes sociales como TikTok e Instagram.
El recurso también cuestiona la orden de compartir datos de búsqueda con competidores, impuesta en septiembre de 2025. Google describe esa medida como una «expropiación sin precedentes de propiedad intelectual» y advierte de que, de mantenerse, distorsionaría el mercado en lugar de corregirlo.
En esta redacción observamos que la estrategia procesal de Google es deliberadamente maximalista. No busca una corrección técnica del fallo, sino la revocación completa. Coloca al tribunal de apelación ante la disyuntiva de respaldar una intervención radical o retroceder por completo.
El tono desafiante del recurso no es casual. Google quiere enviar un mensaje al ecosistema inversor: su motor de ingresos, que facturó 175.000 millones de dólares en publicidad de búsqueda en 2025, no está en peligro inmediato. La cotización de Alphabet reaccionó con alzas moderadas a la filtración de los argumentos, una señal de que el mercado ya descontaba la apelación.
Google no está negociando una multa. Está peleando por la arquitectura legal que define si un buscador puede ser declarado monopolista por ser el más usado.
El frente europeo: el DMA como amenaza paralela
Mientras la batalla judicial en Estados Unidos seguirá su curso durante al menos dos años, Bruselas avanza con una ofensiva regulatoria que golpea el mismo flanco del negocio. La Comisión Europea ultima un pliego de cargos contra Google por presunto incumplimiento del Digital Markets Act (DMA) en el tratamiento de los resultados de búsqueda.
La investigación se centra en si Google continúa favoreciendo sus propios servicios de viajes, compras y hoteles frente a los de competidores como Booking, Tripadvisor o los comparadores locales que operan en mercados como el español. La multa podría alcanzar el 10% de la facturación global de Alphabet, lo que en las cifras de 2025 se traduce en cerca de 34.000 millones de dólares.
El caso europeo tiene un alcance más práctico que el estadounidense. En EE.UU. se discute doctrina antimonopolio; en Bruselas se discute qué ve el usuario cuando teclea ‘hotel barato en Madrid’ y si el primer resultado que aparece es orgánico o está condicionado por la posición dominante del buscador.
Los reguladores europeos han endurecido el tono tras la sentencia estadounidense de 2024, que consideran un respaldo a su propio diagnóstico. Pero el frente judicial en EE.UU. otorga a Google una baza: mientras la apelación siga viva, cualquier medida estructural ordenada por el tribunal original queda en suspenso. Eso diluye la urgencia de un acuerdo con Bruselas, que ve cómo su ventana de influencia se estrecha.
Lo que se juega el ecosistema digital español
El desenlace de esta disputa no es abstracto para el mercado español. Google acapara más del 94% de las búsquedas en España según datos de StatCounter. Cualquier cambio en la arquitectura del buscador tiene un impacto directo sobre miles de negocios que dependen del tráfico orgánico para captar clientes.
Las agencias de viajes, los comparadores de seguros y los portales inmobiliarios españoles llevan años denunciando que Google privilegia sus propios widgets en detrimento del ecosistema local. La CNMC ha abierto diligencias informativas, aunque sin llegar aún a un expediente sancionador.
Una eventual victoria de los reguladores —tanto en Estados Unidos como en Europa— obligaría a Google a rediseñar la página de resultados. Eso abriría oportunidades para competidores locales como idealista, Rastreator o Atrápalo, que podrían recuperar visibilidad en las búsquedas más valiosas.
Sin embargo, el calendario juega en contra. La apelación en Estados Unidos puede alargarse hasta 2028, y el procedimiento europeo por el DMA no suele resolverse en menos de dos años. Para entonces, la propia naturaleza de la búsqueda podría haber cambiado de nuevo con la generalización de los asistentes de IA conversacional.
En esta redacción consideramos que Google está comprando tiempo en todos los frentes. La apelación en EE.UU. es sólida en lo jurídico y ralentiza cualquier remedio estructural. El frente europeo, aunque más inmediato, se enfrenta a una empresa que ya ha demostrado su capacidad de adaptación regulatoria.
La paradoja es que el ecosistema de búsqueda se está moviendo más rápido que los tribunales. Cuando llegue una sentencia firme, el mercado ya no será el mismo que se juzgó en 2024. Los reguladores libran la última guerra. Google, mientras tanto, ya está peleando la siguiente.
