El 1 de junio se acaba la tregua fiscal para la luz y el gas. A partir de ese día, el IVA de la electricidad y del gas natural volverá al tipo general del 21%, después de más de cuatro años con tipos reducidos que llegaron a ser del 5% en los momentos más duros de la crisis energética. El cambio, confirmado por la Comisión Europea y anticipado por los técnicos de Hacienda (GESTHA), supone un giro contundente en la política de ayudas y se traducirá, según las primeras estimaciones, en un encarecimiento medio de entre 8 y 12 euros al mes para un hogar con un consumo típico.
La subida no llega sola. El Gobierno estudia nuevas medidas de apoyo, pero la decisión de no prorrogar la rebaja fiscal es ya irreversible. La justificación oficial se apoya en la moderación de los precios mayoristas y en la presión de Bruselas para normalizar la fiscalidad energética. Marta Ruiz, experta económica consultada por COPE, va más allá y advierte de que “si nada cambia, en seis semanas llenar el depósito de diésel será 10 euros más caro”, señal de que el fin de los descuentos tiene ramificaciones en todos los combustibles. Sin embargo, aquí nos centramos en lo que toca la factura de la luz y el gas, que es lo que afecta a la mayoría de los hogares.
Qué cambia exactamente en tu factura
Desde el 1 de junio de 2026, la electricidad y el gas natural pasan a tributar al 21% de IVA, frente al 5% que se aplicaba desde 2023 y al 10% vigente antes de la última prórroga. En paralelo, el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) recupera su tipo original, aunque esta parte del ajuste ya se venía aplicando de forma gradual. La vuelta al 21% supone un incremento de 16 puntos porcentuales en el IVA, que el consumidor notará de inmediato en la próxima factura.
Para ponerlo en cifras: un hogar medio con una factura mensual de unos 60 euros pasará a pagar aproximadamente 69,6 euros solo por el efecto IVA, a lo que habría que sumar la normalización del IEE y la indexación de otros cargos. Según los últimos datos del comparador de la CNMC, el precio medio del kilovatio hora ronda los 0,13 euros, y un consumo mensual de 300 kWh se traduce en un sobrecoste cercano a los 10 euros. Quienes tienen contratada la tarifa regulada (PVPC) lo notarán menos en invierno, pero en verano, con el uso del aire acondicionado, el impacto puede dispararse.
El contexto europeo: Bruselas aprieta, los técnicos avisan
La decisión de eliminar la rebaja fiscal no es exclusiva de España. La Comisión Europea viene insistiendo desde 2024 en que los estados miembros retiren gradualmente las medidas excepcionales aprobadas durante la crisis de precios, en línea con la directiva sobre fiscalidad de la energía. El argumento es doble: los mercados se han estabilizado —el gas natural cotiza por debajo de los 40 euros/MWh, muy lejos de los picos de 2022— y mantener tipos superreducidos distorsiona la competencia y retrasa las inversiones en eficiencia.
GESTHA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, ya anticipó a través de su página oficial que no habría nueva prórroga y que el Gobierno se limitaría a buscar vías de compensación para los colectivos más vulnerables. De hecho, fuentes del Ejecutivo apuntan a la posibilidad de reforzar el bono social eléctrico y de ampliar temporalmente la ayuda al gas para calderas comunitarias, aunque sin entrar en detalles concretos. “No tiene sentido mantener un IVA del 5% cuando el pool ronda los 30 euros/MWh de media”, señala una fuente consultada por esta redacción, que prefiere no ser citada.
Por qué ahora y qué riesgos trae
La retirada del IVA reducido coincide con un momento en que la inflación subyacente da síntomas de agotamiento, pero el IPC general aún puede experimentar rebotes puntuales por la energía. Subir el IVA de la luz y el gas en pleno arranque del verano añade unas décimas al índice y, sobre todo, tensa la capacidad de gasto de las familias con menos margen. Los analistas consultados no esperan un impacto macroeconómico de gran calado, pero sí un trasvase de renta desde los hogares hacia las arcas públicas de alrededor de 2.400 millones de euros en el conjunto de 2026, según una proyección interna de GESTHA.
Desde esta redacción creemos que el movimiento tiene lógica fiscal, pero el calendario podría haberse afinado mejor. Con la factura eléctrica todavía un 40% por encima de los niveles prepandemia y la morosidad en suministros básicos al alza —los datos del INE muestran que uno de cada diez hogares admite dificultades para pagar la luz a tiempo—, eliminar el colchón del IVA ahora traslada un coste que muchos ya daban por consolidado. Cabe recordar que en 2022, con la inflación disparada, el Gobierno defendió el IVA superreducido como un escudo social imprescindible. Ahora, sin apenas debate parlamentario, se apaga de golpe.
La pregunta que queda en el aire es si las compensaciones que se anuncien llegarán a tiempo y serán suficientes. Si el bono social se limita a los actuales beneficiarios y no se amplía la cobertura, el riesgo de que una parte de la clase media baja quede desprotegida es real. Habrá que seguir muy de cerca la letra pequeña de las medidas que el Consejo de Ministros apruebe en las próximas semanas. Mientras tanto, los consumidores harán bien en revisar sus contratos y, si pueden, ajustar sus hábitos de consumo antes de que el 21% entre en vigor.
