La Casa Blanca está a punto de mover ficha con la reserva estratégica de bitcoin de Estados Unidos. Lo ha sugerido esta semana Bo Hines, asesor del Consejo de Asesores Presidenciales sobre Activos Digitales, al hablar de un avance inminente que sortearía el bloqueo legislativo en el Senado y las limitaciones presupuestarias del Tesoro. Para el lector que no haya seguido el hilo: hablamos del plan que pretende convertir parte del bitcoin que ya posee el Gobierno estadounidense en una reserva oficial del Estado, parecida a las reservas de oro que custodia la Reserva Federal.
Si el anuncio se concreta, será la primera vez que una superpotencia trate al bitcoin como activo estratégico nacional. Y ese matiz es relevante para cualquiera que tenga ahorros en cripto, en bolsa o incluso en un fondo indexado: cuando un Estado decide acumular un activo, suele cambiar la forma en que ese activo se valora en los mercados.
Qué ha dicho exactamente el asesor de Trump
Hines, mano derecha del zar cripto David Sacks en la Casa Blanca, ha deslizado en una entrevista que el Ejecutivo trabaja en una vía para ampliar la reserva sin necesidad de comprar bitcoin con fondos del contribuyente, una de las líneas rojas que han frenado el proyecto desde que Donald Trump firmó la orden ejecutiva en marzo de 2025. La fórmula, según ha trascendido, pasaría por aprovechar mecanismos ya existentes en el Tesoro y en agencias federales para reorganizar los activos digitales decomisados en operaciones policiales y judiciales.
La cifra de partida no es menor. Estados Unidos custodia, según estimaciones publicadas por la firma de análisis on-chain Arkham Intelligence, en torno a 198.000 bitcoins procedentes de incautaciones, lo que al precio actual ronda los 22.000 millones de dólares, unos 20.500 millones de euros al cambio. Es un volumen comparable al efectivo de cualquier banco mediano europeo. Cabe recordar que la orden ejecutiva original prohibía vender ese bitcoin, pero no aclaraba cómo se contabilizaría ni quién lo gestionaría.
El bloqueo en el Senado es el otro frente. La propuesta legislativa de la senadora Cynthia Lummis, que aspiraba a comprar un millón de bitcoins en cinco años, lleva meses encallada. Sin votos suficientes, la Casa Blanca busca avanzar por la vía ejecutiva.
Por qué importa esto al inversor medio
Aquí conviene bajar al suelo. Si Estados Unidos formaliza una reserva pública de bitcoin, ocurren tres cosas a la vez. Primero, se reduce la oferta circulante: las monedas que pasan a una reserva oficial no vuelven al mercado en el corto plazo, igual que el oro de Fort Knox no se vende en una subasta cualquiera. Segundo, se legitima el activo a ojos de otros gobiernos; algunos países ya han mostrado interés y podrían moverse si Washington marca el camino. Tercero, se abre un debate contable y fiscal nuevo, porque pasar de ‘activo decomisado’ a ‘reserva estratégica’ implica reglas distintas.
Para quien tenga bitcoin en una plataforma como Coinbase o Bit2Me, el efecto inmediato suele ser de empuje al precio, aunque la volatilidad de las últimas semanas recomienda prudencia. Para quien no tenga exposición directa, el impacto llega indirectamente: muchos fondos indexados al S&P 500 incluyen empresas con tesorería en bitcoin, como Strategy (la antigua MicroStrategy) o Tesla.
Una decisión con precedentes y muchas dudas
El movimiento de la Casa Blanca recuerda, salvando las distancias, a la creación de la Reserva Estratégica de Petróleo en los años setenta, cuando Estados Unidos decidió almacenar crudo para protegerse de futuras crisis de suministro. Trasladar esa lógica al bitcoin tiene defensores y detractores. Los partidarios ven una cobertura frente a la inflación y un activo descorrelacionado del dólar. Los críticos recuerdan que el bitcoin sigue siendo extremadamente volátil: en abril de 2025, semanas después de la orden ejecutiva, el precio cayó un 22% en un mes para luego recuperarse.
Hay también un riesgo regulatorio que no conviene minimizar. La SEC sigue revisando expedientes abiertos contra varios actores del sector, y la doctrina sobre qué es valor mobiliario y qué no continúa abierta. Una reserva oficial no resuelve esa ambigüedad, aunque la presiona. En Europa, el reglamento MiCA ya está plenamente operativo desde finales de 2024 y marca un marco distinto: aquí los activos digitales se regulan, pero ningún Estado miembro ha planteado acumularlos como reserva pública.
La duda razonable que queda flotando es de calado: ¿puede una administración consolidar una reserva de bitcoin sin pasar por el Congreso y sin que la próxima presidencia la deshaga de un plumazo? La respuesta llegará en las próximas semanas, cuando se conozcan los detalles del anuncio. Si la fórmula es sólida desde el punto de vista jurídico, marcará un antes y un después. Si es un gesto político sin armazón legal, el mercado lo descontará rápido.
De momento, el sector observa. Y los inversores, también, harían bien en mirar más a la letra pequeña que al titular.
