Un año después del apagón y de entre los señalados en el incidente: Redeia, CNMC y energéticas, ninguno ha asumido las culpas de lo que ha sucedido. Esta carencia de culpables es algo que está respaldado por los informes elaborados por la propia Comisión Nacional del Mercado y la Competencia y el ENTSO-E, que apuntan a que el apagón se dio por causas multifactoriales, dando pie a que de todos los implicados en el incidente, ninguno haya reconocido responsabilidades.
El apagón responde a un problema estructural no coyuntural
Lo que se conoce del apagón es cómo se produjo. El informe del ENTSO-E (Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad) apunta a que se trató de un fallo en cascada provocada por problemas de control de tensión, que se originó en Granada y se propagó hasta Badajoz y otras subestaciones del suroeste, que al no poder ser contenidos desencadenó una reacción en cadena que terminó colapsando la red. En este sentido, el informe , tal y como lo recoge RBC en su nota diaria, menciona que Red Eléctrica (Redeia) es el operador del sistema y que durante años ha operado en base a un sistema de control insuficiente sin herramientas modernas.
La CNMC reconoce carencias regulatorias tras el apagón y salpica a operadores y distribuidores
En este sentido, uno de los puntos más críticos del informe es el marco regulatorio obsoleto, gestionado por la CNMC, donde el propio regulador en su propio informe que analiza el cero energético indica que la regulación está pensada para dar respuesta a un sistema estable y predecible. Por lo tanto la incorporación masiva de fuentes de energía renovables (caracterizadas por fluctuar a lo largo del día), supone un cambio radical en el esquema energético al que se enfrenta el regulador.
A esto se le suma que el organismo presidido por Cani Fernández, también apunta a que el desarrollo normativo, aunque haya sido constante, no ha sido suficiente para anticiparse a los cambios del sistema. De esta forma admite que “el ritmo de transformación del sistema eléctrico y la velocidad a la que emergen nuevos retos operativos hacen cada vez más difícil que los desarrollos normativos lleguen con la antelación deseable”.
ENTSO-E, por su parte, apunta a que la regulación no exigía a los generadores renovables participar en el control del voltaje, ni tampoco garantizaba que las centrales tradicionales cumplieran con los requisitos técnicos. Es decir, la falta de obligaciones claras y de mecanismos de supervisión claros se tradujo en que el sistema no tuviera capacidad suficiente para responder. Además de que había reclamaciones históricas por parte del operador del sistema como es el caso de la actualización del procedimiento técnico PO 7.4, que llevaba años señalado como inadecuado y que no se actualizó hasta después del incidente.
Por otro lado, este informe apunta a que también había otro tipo de problemas como es el caso de las divergencias de opiniones acerca de los límites de tensión entre Redeia, CNMC y otros organismos, que junto con una fragmentación de responsabilidades impedía un supervisión coherente del sistema. En la práctica, esto significa que ningún organismo tenía una responsabilidad definida sobre el control global del sistema.
Cara a los sucesos del día del apagón, Redeia configuró el sistema de forma que el 64% de la generación eléctrica estaba concentrada en el suroeste de España, una zona que carecía de suficiente generación síncrona y de mecanismos de control adecuados. Por lo que se generó un desequilibrio, con mucha producción en una zona poco estable, amplificando el impacto de cualquier perturbación eléctrica.
Los últimos pasos
Por otro lado, la CNMC ha abierto 20 expedientes sancionadores tras el apagón, calificado como muy grave la infracción de Redeia por los sucesos del apagón y como graves a empresas como Iberdrola o Endesa. Sin embargo, este proceso tiene perspectivas de que se va a alagar de 9 a 18 meses en el que se recopilarán pruebas e investigaciones para determinar el grado de culpa de cada uno de los señalados.
Mientras tanto, voces de diferentes sectores como es el caso de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) han expresado su mal estar por haber pasado un año sin conocer concretamente lo que sucedió; su presidente, Miguel Garrido ha recalcado el impacto que tiene el cero energético: «Cuando falla la electricidad, se detiene la economía y, un año después, seguimos sin saber en profundidad qué fallo, qué decisiones llevaron a esa situación y quién asume responsabilidades por ello”.
Bajo este contexto, los empresarios de Madrid han criticado al Ejecutivo por continuar con su plan de desmantelamiento de la energía nuclear. Una decisión que han calificado como «temeraria», debido a que «supone eliminar una de las columnas vertebrales de la red, aumentar el riesgo de nuevos cortes de suministro y encarecer la energía para empresas y hogares».
En definitiva, la cuestión de que aún no se conozca a ciencia cierta quien fue el responsable del cero energético, es una cuestión que da para largo. Por lo tanto lo único que queda es esperar a que salgan informes que señalen a alguien en concreto y que no se repita ningún incidente de estas características.
