La ofensiva de los conductores de Uber, Cabify y Bolt contra la «ley taxi» de Cataluña se ha reactivado. Encabezados por Aurora VTC, los conductores del sector se han reunido ayer en el centro de Barcelona con la idea de llamar la atención no solo sobre el efecto que tendría la nueva ley sobre el transporte en la ciudad, sino también sobre la cantidad de trabajadores que se quedarían sin empleo de un día para otro en la Ciudad Condal y el resto de Cataluña si se aprueba el texto de la nueva ley que se encuentra en trámite en el Parlament.
No es el primer movimiento similar, pero sí es una reactivación de los conductores que operan con plataformas como Uber, Cabify y Bolt. Su regreso a las calles el día de ayer se espera que funcione para poner el ojo sobre los efectos negativos que, según avisan, tendrá la nueva ley si se aprueba, al menos según este sector.
Las preocupaciones siguen siendo las mismas: la pérdida de empleo de los algo más de 4.000 conductores dentro de la comunidad, y el aumento de los tiempos de espera para los usuarios y los turistas que visitan la ciudad para sus grandes eventos deportivos, económicos y culturales. Para una ciudad tan interesante en lo económico como Barcelona, puede ser un problema a largo plazo, pero desde el sector del taxi defienden que pueden dar respuesta a ambos problemas, ofreciendo licencias temporales a los conductores de VTC y, a largo plazo, proponiendo que se sumen a las escuelas para obtener su licencia.
En cualquier caso, las empresas del sector siguen queriendo poner la lupa en los empleos que se perderán si se aprueba la nueva ley. La realidad es que, a pesar de las promesas de figuras como Tito Álvarez, portavoz de la controvertida Élite Taxi, no hay una respuesta clara ante estas preocupaciones que siguen elevando los conductores de las plataformas como Uber, Cabify y Bolt.
UNA LEY CON UN COMPLICADO SUSTENTO JURÍDICO
Una de las grandes preocupaciones sobre la nueva ley es la posibilidad de que, a pesar de los deseos de los taxistas, desde Europa se le ponga freno. Ya el Consejo Europeo (CE) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han dejado claro que los países miembros no deben legislar contra las plataformas de VTC solo para proteger el negocio del taxi, que no se incluye a este nivel como un servicio público.
Es una de las grandes preocupaciones de los partidos que han apoyado el proyecto de ley: el PSC, Junts, ERC, Comuns e incluso Aliança Catalana. De momento, el borrador sigue su tramitación, pero las revisiones necesarias ante esta preocupación hacen que haya dudas reales ante su posible aprobación. Si bien, al ser una medida autonómica, el CE y el TJUE pueden tardar meses en responder —si es que lo hacen—, el tribunal tiene la posibilidad de tumbar la ley y el Consejo puede hacer recomendaciones al Parlamento Europeo, que puede marcar también el futuro de este tipo de medidas.
Por su lado, los defensores de la ley recuerdan que tanto el CE como el TJUE dejan abierta la puerta a otros motivos para limitar la presencia de las VTC como Uber, Cabify y Bolt en las grandes ciudades. Estas organizaciones recuerdan que se puede limitar la presencia de estas aplicaciones por motivos de contaminación y circulación del tráfico; es un argumento clave que puede permitir que la ley siga funcionando en el tiempo, pero que requiere justificaciones más allá de la protección del taxi, algo que, según los estudios legales de las plataformas, no ocurre en el borrador que se discute hoy en el Parlament.
LOS PROBLEMAS DE LA LEY A LARGO PLAZO
Aunque los taxistas insisten en que limitar las VTC defiende el bien común, el argumento de las plataformas es que el texto elimina empleos, alarga los tiempos de espera y deja a una ciudad como Barcelona con menos opciones de transporte que el resto de las grandes ciudades de Europa. Además, es un texto que deja entre 4.000 y 5.000 conductores sin empleo y que puede obligar a la Generalitat a pagar las indemnizaciones correspondientes a los conductores que se vean afectados.
Es una combinación de argumentos que deja la ley en una situación precaria y, aunque de momento la presión de Élite Taxi y su portavoz sigue siendo suficiente para empujarla, hay motivos para que los partidos, en particular el PSC, tengan dudas a largo plazo sobre el texto y sobre la posibilidad de que el mismo realmente funcione como base para regular este tipo de opciones de transporte en el futuro de la Generalitat.
