El principio de Made in Europe se basa en reforzar la producción local europea en tecnologías estratégicas como la automovilística o la energética, para reducir la dependencia de países terceros y fortalecer la autonomía de la industria europea. Este principio se ha moldeado en base a iniciativas legislativas como el “Industry Accelerator Act” o el “Net-Zero Industry Act” que plantean cambios en las cadenas de suministro con la visión de una Europa más independiente.
El último informe de Eurelectric, no obstante, busca revelar que pese a que estas acciones e iniciativas amparadas en el Made in Europe tengan un buen fundamento, se enfrentan a varios problemas estructurales. Y uno de los más importantes son los costes.
Made in Europe introduce cambios que repercuten en el mercado
En este sentido, Eurelectric identifica que el Made in Europe ha introducido requisitos estrictos en la producción de contenidos puramente europeos como el acero verde, que podrían encarecer las tecnologías limpias, debido a economías de escala insuficientes, una menor competencia entre proveedores y mayores cargas administrativas. Esto resulta especialmente problemático en un contexto en el que el sector eléctrico debe garantizar el suministro energético de forma asequible mientras lidera la transición hacia un sistema descarbonizado.
Por otro lado, la patronal de la industria eléctrica apunta que este encarecimiento de los costes también se traduce en la electrificación de la economía, ya que a diferencia de de los combustibles fósiles, que implican gastos operativos (opex), las energías verdes requieren a parte del opex, grandes inversiones iniciales (capex). Por lo que, la imposición de criterios de origen europeo en licitaciones públicas podría aumentar estos costes iniciales y frenar el despliegue de tecnologías clave como las energías renovables, la movilidad eléctrica o el almacenamiento energético, comprometiendo los objetivos climáticos y de competitividad.
Por qué intervenir el mercado eléctrico puede generar más problemas que soluciones
En términos de demanda futura, el documento aporta cifras relevantes que ilustran la magnitud del desafío. Para cumplir con los objetivos climáticos europeos, será necesario duplicar la capacidad instalada de generación eléctrica y casi triplicar la producción de energías renovables.
Además, el número de transformadores deberá aumentar de aproximadamente 4,5 millones en la actualidad a 9 millones en 2050, mientras que la longitud de conductores eléctricos crecerá de 10 a 16,8 millones de kilómetros. Este incremento coincide con una tendencia global, ya que cerca de 200 países se han comprometido a triplicar el uso de energías renovables, lo que intensificará la competencia internacional por tecnologías limpias.
Otro aspecto crítico es el impacto sobre la competencia en el mercado. El informe señala que el número medio de ofertas en licitaciones públicas ha disminuido significativamente, pasando de 5,6 entre 2006 y 2010 a 3,4 entre 2017 y 2024. Asimismo, los concursos con una sola oferta han aumentado del 23,5 % al 41,8 % en la última década. La introducción de criterios MiE (Made in Europe) más restrictivos podría acentuar esta tendencia, reduciendo aún más la competencia y elevando los precios, con repercusiones directas en la factura eléctrica.
La entrada del Made in Europe también ha aumentado la complejidad regulatoria. En este sentido, la coexistencia de diferentes marcos normativos europeos, como el «Net-Zero Industry Act», la futura revisión de la Directiva de Contratación Pública y el «Industry Accelerator Act», puede generar solapamientos, incertidumbre jurídica y cargas adicionales para los actores del mercado. Esta falta de coherencia regulatoria podría dificultar la planificación de inversiones y ralentizar el despliegue de proyectos energéticos.
Ante estos desafíos, Eurelectric propone una serie de recomendaciones. En primer lugar, aboga por realizar evaluaciones de impacto exhaustivas antes de implementar requisitos obligatorios de contenido local, analizando su efecto sobre las cadenas de suministro, los costes y la disponibilidad tecnológica. En segundo lugar, recomienda una aplicación progresiva y selectiva, comenzando por aquellos segmentos donde Europa ya dispone de capacidades o donde existe riesgo de pérdida industrial. Asimismo, subraya la importancia de mantener y reforzar las alianzas internacionales con socios fiables, combinando producción local con diversificación global.
Finalmente, el informe destaca la necesidad de garantizar estabilidad y claridad regulatoria. Un marco normativo predecible es esencial para fomentar la inversión, reducir riesgos y facilitar el desarrollo de tecnologías limpias a gran escala. Además, insiste en que las políticas MiE deben preservar la competencia y evitar distorsiones entre actores sujetos a contratación pública y aquellos que operan en mercados privados.
En conclusión, el informe plantea que el éxito del principio “Made in Europe” dependerá de su capacidad para encontrar un equilibrio entre el fortalecimiento industrial europeo y la eficiencia económica. Una aplicación demasiado rígida podría comprometer la asequibilidad, la innovación y la velocidad de la transición energética, mientras que un enfoque equilibrado permitiría avanzar hacia una economía descarbonizada, competitiva y resiliente.
