El último informe encargado por la patronal del sector eléctrico europeo Euroelectric redactado por Neon, lo tiene muy claro: las nuevas medidas planteadas en el seno comunitario basados en intervenir en los precios mayoristas de la energía son problemáticas.
En este sentido, aborda la ampliación del mecanismo ibérico (España y Portugal), que subsidia el gas utilizado para producir electricidad; y la división de mercado eléctrico en dos: uno para energías renovables y otro para fósiles. El informe apunta a que, la motivación, a pesar de ser noble, con la reducción del precio de la factura de la luz, causa más distorsión que beneficios reales para consumidores e inversores.
Intervenir: ¿sí o no?
El debate sobre la reforma del mercado eléctrico europeo se ha reactivado en los últimos meses, en parte por la preocupación de varios gobiernos ante el impacto de los precios de la energía en la competitividad industrial y el coste de vida de los hogares por la coyuntura de Irán. Sin embargo, el informe recuerda que la situación actual es muy diferente a la de la crisis energética de 2022 por la guerra de Ucrania.
En aquel entonces, los precios mayoristas de la electricidad llegaron a alcanzar picos superiores a los 1.000 euros por megavatio hora (€/MWh) y el promedio anual rondó los 270 €/MWh. Hoy, en cambio, los precios en la mayoría de los países europeos se sitúan entre los 50 y los 90 €/MWh, niveles considerablemente más moderados y cercanos a los registrados antes de la crisis.
Aun así, el informe reconoce que persisten diferencias relevantes entre regiones. Mientras algunos países europeos con abundantes recursos hidroeléctricos o nucleares registran precios relativamente bajos, otros mercados siguen enfrentando costes más elevados.
En Alemania, por ejemplo, los precios de la electricidad a futuro rondan actualmente los 80 €/MWh, frente a aproximadamente 45 €/MWh en el mercado eléctrico de Texas. Esta brecha, sin embargo, no se explica por el diseño del mercado eléctrico (ya que ambos utilizan sistemas de precios marginales) sino principalmente por dos factores estructurales: el mayor coste del gas natural en Europa y la existencia del sistema europeo de comercio de emisiones de carbono, que encarece la generación eléctrica con combustibles fósiles.
Por qué intervenir en el mercado eléctrico puede generar más problemas que soluciones
En este contexto, una de las propuestas más discutidas consiste en extender a nivel europeo el llamado mecanismo ibérico. Este sistema, aplicado en España y Portugal durante la crisis energética, consiste en subvencionar parcialmente el coste del gas utilizado por las centrales eléctricas.
Al reducir el coste de producción de estas plantas, se pretende que puedan ofrecer electricidad a un precio más bajo en el mercado mayorista, lo que a su vez reduciría el precio final de la electricidad. Sin embargo, el mecanismo incluye también un segundo elemento clave: el coste de la subvención se recupera posteriormente mediante un recargo aplicado a los consumidores de electricidad.
El informe advierte de que este sistema sólo resulta efectivo en circunstancias muy concretas. Para que funcione, las centrales de gas deben ser las que fijen el precio del mercado durante muchas horas, pero al mismo tiempo deben representar una parte relativamente pequeña de la generación total de electricidad.
Si el peso del gas en el sistema es mayor o si el precio del combustible ya no es excepcionalmente alto (como ocurrió en 2022) el efecto de la medida sobre la factura final puede ser limitado. Además, en un mercado altamente interconectado como el europeo existe el riesgo de que parte de la electricidad subvencionada termine exportándose a otros países, lo que reduciría el beneficio para los consumidores nacionales.
Otro de los problemas señalados por el informe tiene que ver con el sistema de apoyo a las energías renovables existente en muchos países europeos; en este sentido, una gran parte de las instalaciones renovables opera bajo contratos que garantizan un precio mínimo de venta de la electricidad, conocidos como contratos por diferencia. Por lo que, si el precio mayorista cae debido a una intervención pública, el Estado debe aumentar automáticamente las subvenciones para compensar la diferencia entre el precio de mercado y el precio garantizado. En ese caso, el ahorro obtenido en el mercado mayorista podría terminar reapareciendo en forma de mayores impuestos o recargos en la factura eléctrica.
La segunda propuesta analizada en el informe plantea dividir el mercado eléctrico en dos sistemas separados: uno para las energías renovables y otro para las tecnologías fósiles. El objetivo de esta reforma sería evitar que el precio de la electricidad producida por energías renovables (que tienen costes de producción muy bajos) quede determinado por el coste de las centrales de gas, que suelen ser las que fijan el precio final del mercado.
No obstante, el estudio subraya que esta idea presenta importantes dificultades tanto técnicas como económicas. El sistema eléctrico europeo funciona como una red altamente integrada que coordina millones de decisiones de generación, consumo, almacenamiento y comercio transfronterizo de electricidad cada quince minutos. Alterar el mecanismo de precios podría modificar esas señales económicas y generar ineficiencias en la operación del sistema. Además, el diseño práctico de un mercado dividido plantea numerosas incógnitas: cómo se repartiría la electricidad barata de las renovables cuando la demanda supere la oferta, qué consumidores tendrían acceso a ella o cómo se gestionarían los intercambios de electricidad entre países.
Más allá de estas cuestiones operativas, el informe advierte también de los posibles efectos sobre las inversiones energéticas. El actual sistema de precios marginales permite que las centrales con costes más bajos (como las renovables o la nuclear) obtengan ingresos superiores a sus costes variables. Esa diferencia no se considera un beneficio extraordinario, sino un mecanismo necesario para recuperar los elevados costes de inversión y mantenimiento de estas instalaciones. Si los gobiernos reducen artificialmente los precios del mercado, esos ingresos podrían disminuir, lo que obligaría a aumentar las subvenciones públicas o elevar las primas exigidas por los inversores para financiar nuevos proyectos energéticos.
En definitiva, el informe concluye que, aunque las intervenciones en el mercado eléctrico puedan parecer una solución rápida para reducir la factura de la luz, en la práctica suelen trasladar los costes a otras partes del sistema energético.
