El pulso entre Berna y UBS acaba de subir de escalón: el Consejo Federal suizo quiere obligar al banco a levantar 20.000 millones de dólares adicionales en capital. La cifra, filtrada esta semana por Financial Times y Bloomberg, llega justo cuando el ejecutivo del grupo pensaba haber ganado algo de margen en la negociación de la reforma bancaria. No lo ha ganado. Lo que hay sobre la mesa es la factura más alta que un regulador europeo ha puesto a una entidad sistémica en esta década.
La propuesta forma parte del paquete legislativo que Suiza prepara como respuesta al colapso de Credit Suisse en marzo de 2023, y que el parlamento helvético deberá empezar a votar en los próximos meses. El Gobierno ha aceptado algunas concesiones técnicas para facilitar el trámite parlamentario —según recogía Bloomberg el 22 de abril— pero ha mantenido intacto el núcleo duro: que UBS respalde íntegramente con capital propio las participaciones en sus filiales extranjeras.
UBS capital: la cifra que nadie quería escuchar
La exigencia de los 20.000 millones adicionales se articula a través de un cambio en el tratamiento de las filiales. Hoy, UBS puede computar parte del capital de sus unidades en Estados Unidos, Reino Unido y Asia con un factor de descuento. La reforma suiza quiere eliminar ese descuento y obligar a una cobertura del 100%. Según los cálculos que maneja la propia entidad, recogidos por Financial Times, el impacto neto rondaría los 20.000 millones de dólares, equivalentes a algo más de un tercio del beneficio acumulado por el banco en los últimos cuatro ejercicios.
La reacción del mercado ha sido contenida pero elocuente. UBS cotizaba en mínimos de seis meses tras conocerse la propuesta, con una caída próxima al 4% en las sesiones previas, lastrada por la incertidumbre sobre el calendario de aplicación y sobre la capacidad del banco para sostener su programa de recompra de acciones, que asciende a 2.000 millones de dólares solo para este ejercicio.
El consejero delegado, Sergio Ermotti, lleva meses advirtiendo en público de que un requisito de esa magnitud haría a UBS menos competitivo frente a JPMorgan, Morgan Stanley o Goldman Sachs. El argumento tiene fundamento: ninguna de las grandes casas estadounidenses afronta una exigencia equivalente sobre sus filiales internacionales. Pero tampoco ninguna de ellas tuvo que absorber en un fin de semana a un competidor nacional al borde del colapso.
Regulación bancaria Suiza: el fantasma de 2023 sigue presente
Aquí está la pregunta incómoda que el debate parlamentario tendrá que responder: ¿puede un país cuyo PIB es inferior al balance de su principal banco permitirse volver a improvisar un rescate? El informe parlamentario publicado a finales de 2024 fue demoledor con la gestión previa al colapso de Credit Suisse, señalando fallos de supervisión tanto en Finma como en el Banco Nacional Suizo. El Consejo Federal ha tomado nota y, aunque sus detractores hablan de sobrerreacción, lo cierto es que la propuesta actual se limita a aplicar lo que muchos reguladores internacionales llevan años recomendando.
UBS, por su parte, ha movilizado a bufetes, consultores y al propio Ermotti en una campaña de presión que ha incluido reuniones con parlamentarios de los principales partidos. La entidad amenaza veladamente con trasladar parte de sus operaciones fuera de Suiza si el texto sale adelante sin cambios sustanciales. Es una amenaza creíble a medias. Mover la sede de un banco sistémico tiene costes políticos y operativos enormes, y ningún otro país europeo estaría dispuesto a acoger un balance de más de 1,7 billones de dólares sin imponer sus propias condiciones.
Credit Suisse, el precedente que condiciona cada decisión
Conviene recordar cómo llegamos hasta aquí. En marzo de 2023, UBS adquirió Credit Suisse por 3.000 millones de francos suizos en una operación orquestada por el Gobierno, con garantías públicas de hasta 259.000 millones y una suspensión temporal de derechos de accionistas que todavía se dirime en tribunales. La fusión creó el segundo gestor de patrimonios del mundo, pero también dejó a Suiza con un único campeón bancario cuyo tamaño relativo supera al de cualquier entidad equivalente en economías comparables.
Mi lectura es que el Consejo Federal está haciendo lo que le corresponde, aunque el coste a corto plazo para UBS sea real y considerable. Un banco demasiado grande para caer solo deja de serlo cuando puede absorber sus propias pérdidas sin tocar las arcas públicas. El argumento de la competitividad internacional es legítimo, pero pierde fuerza cuando se contrasta con el precedente inmediato: fue precisamente la confianza en que Credit Suisse era invulnerable la que permitió que el deterioro avanzara durante años sin una respuesta supervisora contundente.
El calendario parlamentario marcará el siguiente capítulo. La votación en comisión está prevista para el otoño de 2026, y la aplicación efectiva de los nuevos requisitos no llegaría antes de 2028 en el escenario más rápido, con un período transitorio que podría extenderse hasta 2032 según los escenarios que maneja el propio Finma. Para entonces, Ermotti probablemente ya no estará al frente del banco, los tipos de interés habrán cambiado dos o tres veces de ciclo, y el debate sobre qué significa realmente «demasiado grande» se habrá desplazado a otros gigantes, quizá americanos, quizá asiáticos. La pregunta que queda abierta es si Suiza habrá logrado para entonces lo que persigue: un sistema bancario compatible con el tamaño de su economía. O si habrá conseguido sin quererlo lo contrario, empujar a su único banco global hacia un destino menos suizo.
