Europa adjudica 180 millones de euros a cuatro operadores para construir su nube soberana europea, un paso que busca reducir la dependencia del continente frente a los hyperscalers estadounidenses y reforzar el control sobre los datos sensibles de administraciones y empresas.
Claves de la operación
- Post Telecom, STACKIT, Scaleway y Proximus, los elegidos. La Comisión Europea ha seleccionado a estos cuatro proveedores tras un proceso de licitación que priorizó criterios de soberanía y cumplimiento normativo europeo.
- 180 millones de euros en contratación pública directa. La cifra representa la mayor inversión coordinada de Bruselas en infraestructura cloud propia, aunque queda lejos de los volúmenes que mueven AWS, Azure o Google Cloud en el mercado europeo.
- Ausencia de grandes operadores españoles en la adjudicación. Ni Telefónica Tech ni otros actores nacionales figuran entre los seleccionados, lo que plantea interrogantes sobre el posicionamiento del ecosistema cloud español en la estrategia digital comunitaria.
El pulso por la infraestructura digital en la UE
La licitación resuelta por la Comisión Europea marca un punto de inflexión en la política de soberanía digital del continente. Los cuatro adjudicatarios —Post Telecom (Luxemburgo), STACKIT (Alemania, filial del grupo Schwarz), Scaleway (Francia, del ecosistema Iliad) y Proximus (Bélgica)— comparten un perfil común: son operadores europeos sin vínculos accionariales con gigantes tecnológicos estadounidenses.
La decisión llega en un momento de tensión creciente sobre el tratamiento de datos en servidores controlados por empresas sujetas a legislación extraterritorial, como la Cloud Act estadounidense. Bruselas lleva años intentando articular una respuesta que combine competitividad industrial con garantías de privacidad y control jurisdiccional.
Los 180 millones adjudicados se destinaran a desplegar capacidades cloud que puedan ser utilizadas por instituciones europeas y, potencialmente, por administraciones de los Estados miembros. El objetivo declarado es disponer de una alternativa viable a los tres grandes hyperscalers que hoy concentran más del 65% del mercado cloud en Europa.
La adjudicación no pretende sustituir a AWS o Azure, sino crear una opción para cargas de trabajo donde la soberanía del dato sea innegociable.
Sin embargo, la escala de la inversión invita a la cautela. Los 180 millones de euros representan una fracción mínima del gasto anual en cloud computing de las grandes economías europeas. Solo en España, el mercado de servicios cloud superó los 4.800 millones de euros en 2025, según datos de IDC. La dotación europea equivale a menos del 4% del gasto cloud español de un único ejercicio.
Por qué España queda fuera del reparto
La ausencia de operadores españoles en la adjudicación resulta llamativa. Telefónica Tech, la división de servicios digitales del operador histórico, lleva años posicionándose como proveedor cloud con capacidades propias y alianzas con Microsoft y Google. Pero su modelo híbrido —que combina infraestructura propia con reventa de capacidad de hyperscalers— no encaja con los criterios de soberanía estricta que ha aplicado la Comisión.
Observamos aquí una paradoja del mercado cloud europeo. Los operadores que han apostado por integrarse con los grandes estadounidenses ganan en escala y capacidades técnicas, pero pierden elegibilidad para contratos donde la independencia tecnológica es requisito. Los que han mantenido infraestructura puramente europea compiten por un segmento más pequeño, pero se posicionan mejor ante licitaciones soberanas.
STACKIT, uno de los cuatro seleccionados, ilustra el modelo alternativo. La filial cloud del grupo Schwarz (propietario de Lidl y Kaufland) nació como proyecto interno para gestionar los datos del gigante de la distribución y ha ido abriendo sus servicios a terceros con un discurso explícito de independencia frente a la tecnología estadounidense. Su presencia en esta adjudicación consolida una apuesta que el mercado seguía con escepticismo.
Lo que se juega Bruselas con la soberanía digital
La licitación de los 180 millones es solo una pieza de un tablero más amplio. La Comisión Europea trabaja en paralelo en el esquema de certificación EUCS (European Union Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services), cuya versión final lleva meses de retraso por las presiones cruzadas de Estados miembros, industria local y lobbies de los hyperscalers.
El esquema EUCS, en su borrador más ambicioso, exigiría que los proveedores cloud para datos sensibles estuvieran controlados por entidades europeas sin dependencia de legislación extranjera. Esa redacción dejaría fuera a AWS, Azure y Google Cloud para determinados contratos públicos, lo que ha generado una intensa batalla de lobby en Bruselas.
Analizamos esta adjudicación como un movimiento táctico: Bruselas consolida un primer núcleo de proveedores soberanos antes de que se cierre el debate regulatorio. Si el EUCS se aprueba en su versión más restrictiva, los cuatro adjudicatarios tendrán ventaja de posicionamiento. Si se suaviza, habrán ganado experiencia y referencias en contratación institucional europea.
El precedente más cercano en España es la estrategia de soberanía digital que el Gobierno impulsó con los fondos Next Generation, aunque con resultados desiguales. El PERTE de Digitalización de la Administración Pública destinó fondos a proyectos cloud, pero buena parte de la ejecución recayó en integradores que, a su vez, utilizan infraestructura de hyperscalers estadounidenses.
Para el ecosistema cloud español, la adjudicación europea debería servir como señal de alerta. Competir en el mercado de la soberanía digital exige inversiones en infraestructura propia que muchos operadores han preferido evitar. La pregunta es si aún hay margen para revertir esa tendencia o si el tren de los contratos soberanos europeos ya ha salido sin pasajeros españoles.
La próxima cita relevante será la publicación del texto final del EUCS, prevista para el segundo semestre de 2026. Ese documento determinará si la apuesta por la nube soberana europea se queda en un nicho institucional o se convierte en una barrera de entrada real para los gigantes estadounidenses en el mercado público del continente.
