Fenin, a través de su Observatorio de la Deuda Sanitaria de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, ha constatado que la deuda pública de las administraciones con el sector de Tecnología Sanitaria ha mantenido una evolución dispar en este 2023, tanto en la cuantía acumulada como en los plazos medios de pago. Por regiones el primer puesto lo ocupa la Comunidad de Madrid (219 M€), seguido de la Comunidad Valenciana (215 M€).
OBSERVATORIO DE FENIN
El Observatorio de la Deuda Sanitaria de Fenin es una iniciativa de esta organización empresarial para monitorizar estos indicadores. Tras los últimos datos analizados ha concluido que actualmente, las comunidades autónomas mantienen, en su conjunto, facturas pendientes de abono a las compañías de Tecnología Sanitaria por un importe total de 1.144 millones de euros. Estos datos se corresponden con el cierre de octubre y suponen un incremento del 30 por ciento respecto a la deuda acumulada al inicio de 2023 (844 M€).
Los datos suponen un incremento del 30 por ciento respecto a la deuda acumulada al inicio de 2023 (844 M€).
En el análisis por regiones destacan Comunidad de Madrid (219 M€), Comunidad Valenciana (215 M€), Andalucía (172 M€) y Murcia (85 M€) como las que más volumen de deuda tienen, suponiendo, respectivamente, el 19,1%, 18,7%, 15% y 7,4% del total de esta deuda pública. No obstante, hay comunidades autónomas con un muy reducido nivel de morosidad, como La Rioja (7 M€); Navarra (12 M€); Asturias (20 M€) y Extremadura (21 M€), siendo las que mantienen las cifras más bajas.
Ante esta disparidad desde Fenin muestran su predisposición para colaborar con las administraciones para reducir las actuales cifras, «en especial de cara a asegurar la liquidez y viabilidad de las empresas del Sector y establecer otras medidas fiscales y económicas que incentiven la actividad de las empresas».
PLAZO MEDIO DE PAGO
Más allá de las cifras totales de deuda, otro importante indicador analizado por el Observatorio de la Deuda Sanitaria de Fenin es el periodo medio de pago (DSO, por sus siglas en inglés) de facturas por las administraciones sanitarias. En este sentido, el periodo medio de pago de facturas se sitúa en 96 días, lo que supone un incremento del 33% respecto al inicio de 2023, que era de 72 días.
Fenin valora positivamente los esfuerzos y compromiso de las comunidades autónomas por situarse y/o aproximarse a los plazos máximos que fija la legislación vigente. Y, en concreto, cabe destacar la evolución positiva de algunas regiones, como Cataluña y Castilla y León, que han reducido sus DSO en el último mes un 47 por ciento y un 20 por ciento, respectivamente.
El periodo medio de pago de facturas se sitúa en 96 días, lo que supone un incremento del 33% respecto al inicio de 2023.
Lo que sí preocupa es la situación de comunidades autónomas que superan los 90 días de plazo medio de pago, destacando por encima de todas Murcia (203 días), Comunidad de Madrid (138 días). Comunidad Valenciana (133 días) y Cantabria (127 días).
La evolución de la deuda pública con el sector de la Tecnología Sanitaria se ve agravada con el actual contexto económico marcado por una elevada inflación, la subida de tipos de interés (encareciendo la financiación de las empresas) y el impacto del incremento de los costes de producción en la actividad, lo que al final repercute en la viabilidad de las compañías.
REAL DECRETO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
El proyecto de Real Decreto para regular la evaluación de las tecnologías sanitarias se publicó en el mes de noviembre para una consulta pública previa. El nuevo secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró ayer tras la toma de posesión de su cargo que es una prioridad del Ministerio de Sanidad.
De hecho, el secretario reconoció que hay una necesidad de normativa en este campo y por ello es importante ofrecer una respuesta a la situación actual. Así, aseguró que en el campo de la farmacia se va a dar prioridad a la aprobación del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Igualmente dio a conocer las posibles líneas que recogerá la nueva regulación en cuanto a la evaluación de medicamentos y otras tecnologías.
