Sánchez ha convocado las elecciones generales para ganarlas. Esa es, al menos, la tesis que sostiene Juan Ramón Rallo en su último análisis: el presidente busca retener el poder y, si para lograrlo necesita una campaña sucia, no dudará en librarla. El economista identifica tres movimientos ejecutados en apenas unas horas y advierte de que esto no ha hecho más que empezar.
La Diputación Permanente como atajo parlamentario
El punto de partida es el revés que el Gobierno sufrió en el pleno del Congreso. Los dos decretos sobre vivienda —los conocidos como decretos Maricarmen— cayeron el viernes con los votos de PP, Vox y Junts, a los que en el segundo se sumaron el PNV y Coalición Canaria. Rallo recuerda que ese es el funcionamiento ordinario de la cámara y que la mayoría de los diputados rechaza expresamente esos textos.
Lo que describe a continuación es el mecanismo que, según él, permite darle la vuelta a ese resultado. La Diputación Permanente mantiene viva la cámara cuando ya ha sido disuelta, como ocurre en un periodo electoral, y se compone de 69 miembros con una representación teóricamente proporcional a la de los 350 diputados. En la práctica, señala, esa traslación no es exacta: PP, Vox y Junts suman 34 representantes, uno por debajo de la mayoría absoluta de 35. Con esa aritmética, el Gobierno podría convalidar al menos el primero de los decretos, mientras que el segundo decaería por el voto en contra del PNV.
El analista anticipa el argumento de quienes defienden la maniobra y lo desmonta. Se recordará que en enero de 2019 el pleno tumbó un decreto de alquiler del Gobierno de Sánchez y que, semanas después, otro decreto de vivienda fue convalidado por la Diputación Permanente. Para Rallo la comparación no se sostiene: aquel texto era distinto, incorporaba cambios y había sumado apoyos nuevos, de modo que habría salido adelante también en el pleno. Ahora no hay ni una coma modificada ni un solo voto cambiado.
Una huelga general contra la oposición
El segundo movimiento llegó el mismo día del adelanto electoral: UGT y Comisiones Obreras anunciaron una huelga general por la vivienda y los salarios, con fecha aún por concretar pero siempre antes del 29 de noviembre. Rallo subraya que sería la primera desde 2012 y la primera en un mandato de Sánchez, y se pregunta por qué no hubo razones para convocarla durante los ocho años anteriores.
Convoca elecciones para ganarlas, no para perderlas, y para lograrlo no dudará en llevar a cabo una campaña tan sucia como sea necesario.
— Juan Ramón Rallo
Para el economista, la huelga no es una iniciativa autónoma de los sindicatos. Recuerda que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, han respaldado abiertamente las movilizaciones, esta última acusando a PP, Vox y Junts de elegir a los buitres antes que a los ciudadanos. Su lectura es que el Gobierno está detrás del llamamiento y que el objetivo real es fijar la agenda: mantener el tema de la vivienda en el centro del debate justo cuando los votantes terminan de decidir su voto.
La Ley de Nietos y el censo electoral
La tercera jugada es, en palabras del propio Rallo, la más especulativa, aunque también la considera cada vez más realista. Los antecedentes arrancan en 2022: la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática permitió obtener la nacionalidad española de origen a hijos y nietos de quienes la perdieron por el exilio, y una instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de ese año presumió exiliado a todo español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Bastaba con acreditar que el abuelo se marchó en esas fechas, incluso por motivos laborales.
El efecto sobre el censo, apunta, ha sido enorme. En las generales de julio de 2023 había 2,3 millones de electores inscritos en el extranjero; en el censo cerrado el 1 de agosto de 2026, el que se usará el 29 de noviembre, la cifra supera los 2,7 millones, con un crecimiento de más de 400.000 personas concentradas sobre todo en Argentina, México y Cuba. En septiembre de 2026, a instancias de Vox y de Justicia Europa, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de esas inscripciones, de manera que solo podrían votar quienes acreditaran un exilio real y no presumido. La Abogacía del Estado recurrió la medida.
Aquí está el nudo que preocupa al analista. Como el censo aplicable es el cerrado el 1 de agosto, anterior a la resolución del Supremo, la suspensión podría quedar vacía de contenido por incapacidad administrativa: los consulados tendrían que distinguir entre nacionalizados por exilio real y nacionalizados por presunción, y Rallo duda de que puedan hacerlo. La otra vía es judicial, con el Constitucional anulando la cautelar del Supremo por afectar al derecho fundamental de voto. En cualquiera de los escenarios, el resultado práctico sería el mismo.
Qué hay detrás de las tres jugadas
El hilo común que Rallo extrae de los tres episodios es la conversión de las instituciones y de la calle en herramientas de campaña. La subversión de la voluntad legislativa en la Diputación Permanente, la movilización sindical orientada contra la oposición y la batalla por el censo de españoles en el extranjero comparten, según él, una misma lógica: aprovechar la ventana entre la disolución de las Cortes y la constitución de las nuevas, un intervalo en el que el pleno no puede reaccionar y en el que solo quedan órganos reducidos y recursos judiciales con plazos difíciles de encajar.
Conviene situar el asunto con algo de perspectiva. La Diputación Permanente no es una anomalía ni un invento: está prevista en la Constitución y existe precisamente para que el poder legislativo no se apague durante la interinidad. El reproche de Rallo no va dirigido contra la figura, sino contra el uso que, a su juicio, se hace de ella cuando la composición del órgano se desvía del pleno y permite aprobar lo que ese pleno rechazó días antes. Algo parecido ocurre con el censo: la ley fija un corte determinado y las cautelares llegan después, de modo que el calendario acaba teniendo tanto peso como el fondo del asunto.
Qué significa para el votante
Si la lectura de Rallo es correcta, el ciudadano que acuda a las urnas el 29 de noviembre lo hará en un terreno ya inclinado. No solo por los decretos que puedan colarse por la puerta de atrás, sino porque la campaña arrancará con el marco temático elegido por el propio Gobierno y con una movilización social que, en la práctica, funcionará como un acto de campaña más. Y si el Supremo ve recortado su margen de actuación o el Constitucional entra a corregirlo, el mensaje que quedará es que incluso los jueces pueden llegar tarde.
Hay, además, un elemento de fondo que trasciende estas semanas: cada vez que un gobierno usa la interinidad institucional para imponer lo que no logró en el hemiciclo, la pregunta deja de ser qué se aprueba y pasa a ser qué reglas seguimos respetando. Esa erosión no se mide en escaños y no aparece en las encuestas, pero tambien socava la calidad de la democracia. Rallo lo plantea como una advertencia: lo que hemos visto estos días es solo el arranque de la campaña, no su episodio más llamativo.
Queda por ver si las tres maniobras prosperan y con qué coste. La convalidación en la Diputación Permanente depende de una aritmética de un solo escaño; la huelga general, de que los sindicatos y el Gobierno sostengan el pulso sin desgastarse; y el censo, de unos consulados desbordados y de unos tribunales que se mueven a otro ritmo. ¿Bastará con cambiar el resultado de las elecciones o con empañar la legitimidad de quien las gane?
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Juan Ramón Rallo en YouTube.
