La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que el balance de las reformas ligadas al Plan de Recuperación está siendo «muy decepcionante», ya que algunas de las nuevas normas apuntan en la dirección contraria a la que sería deseable, mientras que otras están casi vacías de contenido o se quedan cortas en el despliegue de medidas necesarias.
Fedea ha publicado este lunes un nuevo número de su Boletín centrado en el seguimiento de estas reformas, en el que se advierte de que en los últimos dos años y medio se han aprobado numerosas normas legales, respetando generalmente el calendario previsto, aunque «a costa de una utilización excesiva de procedimientos de urgencia que pueden haber repercutido negativamente sobre su calidad».
«Lamentablemente, el balance de estas reformas está siendo muy decepcionante«, ha señalado la Fundación en su informe. En concreto, Fedea menciona en su informe dos de los casos más paradigmáticos y preocupantes de reformas «mal planteadas».
El primero es la reforma del sistema público de pensiones, ya analizada en varios documentos de la Fundación. En su opinión, esta reforma debería haber tenido como uno de sus objetivos centrales el de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y ha terminado teniendo el efecto contrario, «al introducir una serie de disposiciones que pondrán una fuerte presión al alza sobre el gasto sin acompañarlas de medidas compensatorias adecuadas».
Incluso con la nueva cláusula de salvaguarda del MEI, que obligará «más pronto que tarde a subir las cotizaciones sociales» para financiar en parte el aumento del gasto, Fedea ha advertido de que el efecto previsible de la reforma será un fuerte incremento del déficit básico del sistema de pensiones durante las próximas décadas cuya financiación absorberá buena parte de los ingresos tributarios del Estado.
La segunda de las reformas que comenta Fedea es la ley de vivienda que, buscando en principio paliar el problema de escasez de oferta que padecemos en este ámbito, «contribuirá seguramente a agravarlo a través del retraimiento de la oferta de alquiler ante una norma que reduce la rentabilidad e incrementa el riesgo de esta actividad», según advierten.
