El batacazo electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en los comicios municipales y autonómicos del pasado 28 de mayo ha provocado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, adelante las elecciones generales previstas para el próximo invierno al próximo 23 de julio. Un hecho que ha puesto en duda por parte de algunos sectores de la aplicación de los fondos europeos de recuperación.
Este cambio de fecha viene principalmente provocado por la perdida de poder territorial de los socialistas que dificulta su gobernabilidad, además de consultar directamente a la ciudadanía la opinión sobre los pactos que ha llevado a cabo en la legislatura con partidos independentistas.
Y es verdad que esta convocatoria de elecciones generales anticipadas pone en el punto de mira la ejecución de hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo plazo para comprometer las ayudas no reembolsables finaliza el 31 de diciembre de este mismo año. Este adelanto pone en duda la llegada y ejecución de más de 100.000 millones de euros de esos fondos, a pesar que desde el Ejecutivo español este próximo martes se tiene previsto activar los mecanismos necesarios para poder ejecutar esos planes y que los fondos no corran peligro, según explican allegados al Gobierno.
«Las normas del reglamento europeo son muy claras», aseguran a fuentes del Ejecutivo. Hasta ahora, España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que le corresponde en forma de transferencias no reembolsables, que asciende a 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.
A lo largo de 2023, la hoja de ruta del Plan prevé otros dos pagos por importe de 10.000 millones de euros y 7.000 millones de euros de los fondos europeos. El Ejecutivo asegura que solicitará «lo antes posible» el cuarto pago de estos recursos de 10.000 millones al culminar la segunda parte de la reforma de las pensiones.
Tras esto, los desembolsos se completarán con tres pagos anuales previstos de 8.000 millones de euros en junio de 2024, 3.500 millones de euros en junio de 2025 y 4.000 millones de euros en diciembre de 2026.
Con estos elementos y pesar de los vaivenes políticos nacionales la intención del Gobierno español es que la inversión en los diferentes sectores señalados por los planes no pare. Por este motivo, el objetivo de la vicepresidenta Nadia Calviño es que no se inmovilicen los recursos e inversiones que están en marcha, ya que el plazo para ejecutar todos los programas termina en tres años, en 2026 y se considera desde el Ministerio de Asuntos Económicos que hay tiempo para ello si no se frena este ritmo inversor.
Pero antes de eso, un hecho importante, y es que el 31 de diciembre de este mismo año finaliza el plazo para comprometer las ayudas no reembolsables. Según el último informe de Ejecución, publicado en febrero, España habría ejecutado el 75% de los fondos europeos previstos en los Presupuestos de 2021 y 2022, mientras que habría un 90% de créditos autorizados y el 81% comprometido.
Además, según la titular de Asuntos Económicos, el despliegue de estos fondos se habría acelerando notablemente en el primer trimestre de 2023, con más de 10.757 millones de euros autorizados. Este volumen de fondos autorizados equivale a casi el 40% de los 28.692 millones presupuestados para todo el ejercicio 2023.
Con estas cifras la ministra de Asuntos Económicos ha señalado esta semana que «no hay tiempo que están en el momento ideal de cuadrar los resultados y que no habría tiempo que perder para seguir reforzando el modelo económico español y la creación de empleo que lo sustenta». Además, desde el Gobierno se repite con insistencia que a pesar de las elecciones y un posible cambio de gobierno en España «ellos han trabajado igual para que ese posible cambio no afecte en la ejecución de los planes».
POSIBLES IMPEDIMENTOS
Ahora mismo y con las nuevas circunstancias electorales el Ejecutivo tiene dos ‘peligros’ muy detectados y muy cercanos en el tiempo. Por un lado, el hecho de que el Gobierno enviará la actualización del Plan esta semana que entra que viene, según ellos mismos indican este próximo marte. Pero la Comisión Europea tiene unos meses de plazo máximos para avalar el programa de reformas.
Es decir, podría hacerlo una vez se conozca el resultado de las urnas y ver como se desarrolla el clima político y social español. Otro hecho es que las elecciones generales del puedan afectar a los desembolsos de los doce Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en los que se estructuran los proyectos estrella del Ejecutivo como son renovables y digitalización.
APROBACIÓN DE LA ADENDA AL PLAN LA PRÓXIMA SEMANA
Como hemos comentado antes el Gobierno lleva meses manteniendo reuniones con los gobiernos autonómicos, los grupos parlamentarios y los agentes sociales para la elaboración de la adenda al Plan de Recuperación, con la que se movilizarán 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y los 84.000 millones de euros en préstamos, que se sumarán a los 70.000 millones de euros de la primera fase del Plan.
A finales de año, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño expuso un primer borrador de esta adenda, en la que el Ejecutivo sigue trabajando con el fin de aprobar su versión definitiva y formal el próximo martes para remitirla a Bruselas. Según el reglamento, el plazo máximo para remitir esta adenda sería el 31 de agosto de este año.
Pero España ya ha presentado formalmente la petición de los préstamos a la Comisión Europea. Con estos recursos y las transferencias adicionales, el Gobierno pretende concentrar las inversiones y reformas en el impulso de la industrialización y autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, reforzando las inversiones de los 12 proyectos estratégicos (Perte) ya aprobados y en marcha.
Además, la vicepresidenta primera ya ha avanzado que se incluirá las novedades de esta versión definitiva de la adenda un fondo de 1.000 millones de euros para la «modernización y sostenibilidad» del sector turístico, algo que ya adelanto el titular de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez.
