La invasión de la Rusia de Vladimir Putin está teniendo fuertes consecuencias económicas no sólo sobre los oligarcas de aquel país, sino también sobre todo ciudadano que porte dicha nacionalidad en Europa. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay censados en España cerca de 79.500 rusos en España, la mayoría en Cataluña, con una comunidad de más de 25.000 personas.
No se quiere correr ningún riesgo
Sus negocios y viviendas se extienden principalmente en Barcelona, pero también especialmente en la costa del Maresme, junto a Mataró. «Han comprado inmuebles que antes eran de embajadas», han afirmado fuentes inmobiliarias a MERCA2. Algunas de estas construcciones están bajo la lupa policial para determinar su titularidad exacta, ya que la mayoría están a nombres de empresas u ‘hombres de paja’ para mantener el anonimato. «La mayoría de casas y palacetes del paseo marítimo de Sant Vicenç de Montalt son propiedad de rusos», han advertido las mismas fuentes.
Esta localidad no es turística, sino un lugar de descanso. «La mayoría son viviendas de segunda residencia y sus precios oscilan por el millón de euros«, han apuntado. Algunos de estos bienes podrían ser confiscados por el Estado si se demostrara que su propietario está incluido en la extensa lista negra contra los miembros del Gobierno de Putin y los oligarcas rusos.
EL CIUDADANO RUSO, UN RIESGO PARA LA BANCA ANTE EL BCE
No obstante, la banca comercial y de inversión española se está protegiendo contra el denominado «riesgo ruso». Por orden del Banco Central Europeo (BCE), todas las entidades españolas están cortando de raíz el crédito a cualquier persona de esta nacionalidad, independientemente de si está o no vinculado con la oligarquía rusa. «No se quiere correr ningún riesgo«, han apuntado fuentes financieras. Por esta razón se ha extremado la cautela cuando el cliente que opera en España es ruso.
El sector aplica la normativa europea en el sentido más estricto. «No queremos sorpresas de ningún tipo», han indicado. Y es que, las consecuencias de permitir operaciones a ciudadanos rusos que después pudieran estar vinculados con la lista negra de Occidente tendría consecuencias severas. Entre ellas, por ejemplo, no poder operar en Estados Unidos o una dura sanción del BCE en ese mismo sentido. Y este temor, ha puesto en alerta a los departamentos de riesgos de las entidades financieras.
Sin correr riesgos de ningún tipo, la banca ha prohibido a los ciudadanos rusos realizar ingresos ni transferencias superiores a los 100.000 euros; para los no residentes en España no pueden abrir cuentas, y por tanto tienen cortado cualquier acceso al crédito. Ni pueden pedir hipotecas, ni préstamos personales ni ser cotitulares. Además, las operaciones pendientes de realizar también quedan anuladas. Así, si hace varias semanas, un ciudadano ruso quería comprar un piso, el banco le ha denegado la hipoteca o el préstamo, así como también ocurre con las compraventas de activos.
LOS NO RESIDENTES, SIN DERECHO A CUENTAS CORRIENTES
Al carecer de cuentas, los no residentes tampoco pueden vivir de alquiler ni contratar los suministros. En definitiva, representan un alto riesgo. Este celo de la banca española, impuesto por el BCE, afecta igualmente a otros gastos corrientes, como colegios, recibos domiciliados a gimnasios e incluso a las plataformas de streaming. Sin cuenta corriente o con esta bloqueada no hay actividad económica.
La intención de Occidente no es otra que la de asfixiar financieramente a Rusia, por todos los cauces posibles, y trasladar el drama de los refugiados ucranianos al día a día de los ciudadanos rusos, impregnados de la propaganda del régimen dictatorial de Putin. De hecho, estos mismos ciudadanos que viven en España se encuentran también con las sanciones impuestas por el propio gobierno ruso, al tener limitado el acceso a sus fondos y la imposibilidad de sacar el capital del país.
La única forma de desprenderse de sus activos es acudiendo al mercado de segunda de mano, pero también es complicado con la propia legislación española. Los pagos en metálico superiores a los 1.000 euros están prohibidos, una norma impuesta para evitar el blanqueo de capitales y el fraude. Así, están malvendiendo sus propios bienes para subsistir.
AUDITORÍA ESPECIAL ‘IN SITU’ DEL BCE A LA BANCA
Los equipos de riesgos de los bancos están siendo «más escrupulosos» con los ciudadanos rusos. Se trata de un «cortafuegos», para evitar tener que dar explicaciones a posteriori al Banco Central Europeo. Y es que, la banca se enfrenta a sanciones y requerimientos si incumplen con las restricciones impuestas por Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Antes de entrar en líos o problemas, la banca ha anulado por completo este riesgo.
Así, la banca se guarda las espaldas ante la «auditoría especial física» del Banco Central Europeo para cada banco para comprobar que se ha aplicado rigurosamente la normativa europea a nivel bancario y financiero.
Lo mismo está sucediendo con la banca de inversión. «Las entidades que operan bajo el paraguas del BCE están imponiendo vetos a los movimientos financieros de ciudadanos rusos«, han explicado fuentes financieras a este medio.
LOS RUSOS DE CATALUÑA, LOS MÁS AFECTADOS POR ESTAS RESTRICCIONES
Cataluña es la comunidad con mayor porcentaje de rusos censados. Algunos de ellos han denunciado una presunta persecución por parte de las autoridades y de los ciudadanos por el simple hecho de tener esta nacionalidad. Pero nadie está libre de sospecha tras la invasión de Rusia a Ucrania y ante la posibilidad de pertenecer al selecto grupo de Putin y sus oligarcas nadie tampoco quiere pillarse las manos.
De hecho, en Barcelona y otras ciudades, como la Costa del Sol de Málaga, los negocios rusos han perdido público de forma significativa. Nadie busca sus negocios ni sus empresas, también como represalia a los crímenes deleznables que está cometiendo el ejército ruso en Ucrania.
Hace una semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la inclusión de Rusia entre los países calificados como paraísos fiscales. La medida podría ser ineficaz ante los acuerdos de colaboración de las autoridades rusas a la hora de compartir información, apuntan fuentes del Sepblac a este medio. No obstante, de ser así, la compraventa de propiedades por parte de rusos se gravaría en un 3% adicional.
