Iberdrola dispara su inversión en España con un récord de 1.200 millones de euros para redes de distribución en 2027. La mayor eléctrica española por capitalización y clientes busca desbloquear una red saturada y abrir hueco a los centros de datos, según la información adelantada por Expansión.
La filial i-DE gestiona 270.000 kilómetros de líneas eléctricas en diez comunidades autónomas y 25 provincias. Esa capilaridad equivale a un tercio de toda la red de distribución del país y atiende a más de 11 millones de puntos de suministro, entre hogares, industrias y grandes consumidores.
La factura final de ese plan es ambiciosa: equivale a un incremento superior al 50% respecto a 2025, el último ejercicio cerrado. No es un simple mantenimiento de activos; es una expansión con la que el grupo quiere recuperar terreno en el segmento más regulado de su negocio.
El pulso por los peajes y el tope legal
El desembolso previsto para 2027 será el primero que supere el tope del 0,13% del PIB que ha limitado históricamente la inversión en redes. Un real decreto aprobado el pasado 28 de julio despejó parcialmente esa barrera, después de que las grandes eléctricas paralizaran planes de inversión a la espera de una retribución mayor por el uso de sus infraestructuras.
La CNMC mejoró los peajes, pero por debajo de lo reclamado, y las eléctricas llevaron el caso a los tribunales. El resultado es que 2027 queda despejado para acelerar la red. No es un detalle menor: el negocio de distribución se retribuye por kilómetro desarrollado, con independencia de que el activo esté o no saturado, lo que históricamente empujó al regulador a mantener el freno.
Los efectos de la saturación no son menores. Hay miles de consumidores que, literalmente, no caben en la red. Cientos de proyectos de centros de datos no tienen hueco para conectarse, lo que empuja inversiones multimillonarias hacia otros países. La bronca político-empresarial apuntaba directamente al Ejecutivo por la falta de soluciones.
La decisión no solo despeja la red: reordena el tablero regulatorio y obliga al resto de distribuidoras a mover ficha antes de 2028.
Proyectos industriales, desarrollos urbanísticos, puntos de recarga para vehículos eléctricos, y nuevas conexiones renovables han topado con restricciones o plazos prolongados para obtener capacidad de acceso. El despliegue de los centros de datos, auténticos devoradores de electricidad, desbordó la situación.
El efecto multiplicador sobre centros de datos e industria
La apuesta de Iberdrola llega en un momento en el que la red española sufría una saturación histórica. Endesa, con 319.000 kilómetros, y Naturgy, con 52.000, completan el mapa de los grandes propietarios. La cifra de 1.200 millones convierte a Iberdrola en el primer gran operador que traduce el desbloqueo en un plan de inversión concreto.
El bloqueo regulatorio había hecho mella durante dos años. Iberdrola y Endesa mantuvieron un pulso abierto con el Gobierno y con la CNMC por la retribución de las líneas. El giro judicial que desbloqueó el tope de inversión abrió la puerta a que i-DE recupere el ritmo de ampliación, una señal que ahora se traduce en presupuesto.
La expansión de la red no se limita a ampliar cables. Responde a una demanda nueva que se mide en conexiones de centros de datos, plantas industriales y puntos de recarga. Los centros de datos, auténticos devoradores de electricidad, han multiplicado las solicitudes de acceso, y la falta de hueco expulsó ya inversiones hacia otros mercados. La cifra prevista para 2027 supone un incremento superior al 50% respecto a 2025, el último ejercicio cerrado.
La reactivación española se suma a otros frentes del grupo fuera de España, como los 526 millones anunciados para redes en Brasil y la apuesta de 23.000 millones por la eólica marina. El mensaje es rotundo: la red vuelve a ser prioridad.
La cifra de 1.200 millones, además, tiene un efecto señal para el resto de operadores. Si Endesa y Naturgy no responden con planes similares, el desarrollo de las nuevas zonas digitales e industriales se concentrará en el territorio de i-DE, con lo que eso implica para la competencia por clientes y para el calendario de conexiones.
Análisis: la inversión que reordena el mapa regulatorio
La lectura de fondo es que la inversión en redes deja de ser una cuestión de retribución y entra en la agenda industrial. El tope existía para evitar inversiones ociosas, pero se convirtió en un cuello de botella. El real decreto de julio ha cambiado los incentivos: ahora las distribuidoras pueden anticipar refuerzos en zonas con demanda creciente sin esperar a que la red colapse.
La presión no vendrá solo de la CNMC. Los desarrolladores de centros de datos y las comunidades autónomas con suelo industrial expectante llevan meses reclamando capacidad de acceso. Esa demanda convierte el despliegue en una carrera contra el calendario, no en un plan con margen para dudas.
El riesgo de la liberalización es real. Si el regulador no ajusta los peajes con precisión, podría repetirse una carrera por ampliar kilómetros sin que todos los activos resulten utilizados. La diferencia con ciclos anteriores es que la demanda no es una proyección teórica: los centros de datos ya están esperando conexión, y la industria lleva meses señalando restricciones de acceso.
El desbloqueo no equivale a una red ampliada: solo cambia el marco para que las inversiones lleguen antes de que la demanda se fugue.
El movimiento de Iberdrola también condiciona a Endesa y Naturgy. La mayor eléctrica por clientes envía una señal de que el desbloqueo es utilizable. Las rivales tendrán que decidir si replican la aceleración o ceden cuota de protagonismo en el desarrollo de las zonas industriales y digitales del país.
El desbloqueo parcial del tope no elimina todas las fricciones. La CNMC mantiene la competencia de fijar los peajes, y los recursos judiciales siguen vivos. La ejecución de las inversiones se revisará en un contexto de tipos de interés aún altos y una demanda eléctrica que no termina de despegar en todos los segmentos.
La cuestión abierta es si los 1.200 millones bastan para recuperar el tiempo perdido. La saturación no se resuelve con un solo ejercicio, y la ejecución de nuevas subestaciones y centros de transformación tarda más de lo que tarda en firmarse un contrato de conexión. La próxima prueba llegará con el cierre de 2026 y los primeros desembolsos comprometidos para 2027.
La ejecución no está exenta de ruido. La retribución de los peajes sigue por debajo de lo que reclamaban las compañías, y el fin del tope no garantiza rentabilidad automática. El atractivo de la inversión dependerá de que el regulador mantenga una señal estable de ingresos para los activos que se pongan en servicio.
