Facua-Consumidores en Acción ha lamentado que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, no haya introducido la obligatoriedad de que se deba informar del precio de origen de los productos de campo, según un comunicado.
En concreto, la asociación de consumidores había reclamado en varios ocasiones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Gobierno que regulara un doble etiquetado obligatorio que indicara el precio en origen de los alimentos, además del de venta al público, para permitir a los consumidores conocer bajo qué condiciones y cuánto se está pagando a los productores y así fomentar una compra informada y responsable. En sus aportaciones al anteproyecto de ley, volvió a insistir en la necesidad de esta medida, entre otras.
En este sentido, Facua ha vuelto a incidir en la necesidad de que se dote a los consumidores de mecanismos que les permitan intervenir de forma efectiva en la cadena alimentaria, al poder tomar decisiones informadas sobre los productos que consumen.
La asociación de consumidores ha señalado que resulta «imprescindible» que se le informe con la mayor transparencia y de forma adecuada sobre los alimentos que adquieren, los procesos de formación de precios, los márgenes de origen-destino, el lugar de origen o las condiciones en que se han producido.
De igual forma, recuerda la necesidad de reforzar las labores de control, inspección y sanción por parte de las administraciones competentes para evitar incumplimientos de la normativa, vinculados, en muchos casos, a actos competencia desleal y en perjuicio de los consumidores, al atribuir características a los productos que realmente no poseen, como un origen falso. La asociación lleva años denunciando a empresas que presentan sus mercancías como originarias de España, cuando realmente proceden del extranjero.
Facua ha valorado como positivo que el Gobierno haya aprobado la publicación desde ahora de las sanciones a operadores que hayan cometido irregularidades.
La asociación ha denunciado siempre que el secretismo sobre las sanciones solo redunda en beneficio del infractor y en contra de los intereses del consumidor, que se ve desprovisto de información sobre la ilegalidad de prácticas que atentan contra sus derechos.
Además, ha recordado su reivindicación en defensa de un modelo comercial diversificado, donde se potencien los llamados canales cortos de venta, es decir, aquellos que permiten adquirir los productos en origen o en establecimientos que compran directamente a los productores, eliminando los intermediarios.
De esta forma, ha señalado que se recuperaría el equilibrio en un modelo demasiado escorado actualmente hacia las grandes superficies, que deja poco poder a los productores, que no pueden elegir a quién y bajo qué condiciones venden su mercancía.
