Crisis del tomate marroquí: “La Comisión Europea lo conoce y no ha hecho nada”

No cabe dudas de que en la crisis del tomate marroquí el gran perjudicado es España y, en concreto, las miles de personas del sector de la agricultura que, frente a la competencia desleal de Marruecos, acaban abandonando el cultivo. Sin embargo, también es sabido que Marruecos está incumpliendo con una normativa básica de la Unión Europea: la trazabilidad. Pero, ¿por qué ninguna autoridad está tomando cartas en el asunto?

“La Unión Europea no va a hacer nada porque el zapato le aprieta a España. A veces tendemos todos a pensar que esto previene de Europa y no. Europa no va a tomar cartas en el asunto de forma más drástica si España no lo pide. Al final al que le perjudica el tema de las importaciones de frutas y hortalizas es a España, el que tiene que mostrar su indiferencia ante las autoridades comunitarias es el gobierno español. Difícilmente la UE va a tomar cartas en el asunto o va a cambiar de posición, porque para ellos tampoco es una de sus preocupaciones. Le preocupa más la relación diplomática que el efecto económico que pueda tener en España las importaciones de marruecos”, sostiene Andrés Góngora, responsable de Frutas y Hortalizas de COAG.

Esta afirmación la sostiene la eurodiputada y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Clara Aguilera. “La comisión conoce esto y no ha hecho nada ni va a hacer nada porque, aunque se contempla que el origen del Sáhara no tiene el etiquetado que debiera tener, ellos siguen garantizando que se respeta la trazabilidad. Por lo tanto, me temo que, o eso conseguimos demostrarlo de alguna manera para intentar solucionar este problema o la Comisión es un consentidor más de esta situación y por eso no está tomando medidas de algo que ya conocemos todos”.

DESAPARICIÓN PAULATINA DE LA HUERTA ANDALUZA

La eurodiputada da un paso más allá y explica los intereses que mueven a Europa para no solucionar este problema. “No hay que olvidar que el acuerdo con Marruecos tiene una preferencia política esencial en la UE por otras cuestiones políticas que no tienen nada que ver con la agricultura. Por lo tanto, Marruecos es un socio preferencial de la Unión Europea. Esto dificulta que se tomen medidas para corregir el acuerdo y que haya un cierto temor político por parte de la Comisión para llevarlas a cabo. Estamos habituados a que, cuando algo no le gusta a Marruecos, nos amenace aún con vidas humanas como hemos estado viendo con la inmigración marroquí cuando han abierto sus fronteras. Esto le preocupa mucho a la CE y, por tanto, son muy cautelosos a la hora de tomar decisiones con Marruecos”.

Otro de los puntos que las asociaciones de agricultores andaluces piden a la Comisión Europea es regular el acuerdo porque el precio de producción que pactaron hace 20 años es de 0,46 euros el tomate. Esto es imposible para un productor andaluz cuyos costes son muchísimo más altos. Esto deriva a que muchos agricultores decidan dejar de producir. “Yo he hecho varias preguntas referidas a la comisión en las que no clarifican demasiado y ahora estoy promoviendo un debate dentro de la comisión de agricultura para denunciar esta situación que lo que está provocando es que desaparezcan las zonas de tomate en Almería y Murcia y donde los agricultores en el mejor de los casos tengan que producir otras cosas o desaparezcan por la inviabilidad”, destaca Aguilera.

UNIÓN ENTRE GOBIERNO, ANDALUCÍA Y MURCIA

Sin embargo, esta situación no depende solo de la Comisión Europea. Clara Aguilera señala que “sería conveniente que las decisiones que tomaran las autoridades españolas, incluida la Junta de Andalucía y el Gobierno Regional de Murcia junto al Gobierno español, estuviesen más observantes a los etiquetados de producto porque tienen competencias plenas. Por lo tanto, ojo a lo que pasa por las aduanas y ojo a como se etiqueta finalmente. Además de lo que pueda hacer la Comisión, creo que el Gobierno de Andalucía y de Murcia podrían estar haciendo mucho más para impedir esta situación”.

Desde la Junta dicen que esta decisión solo la puede tomar el Gobierno central. Por su parte, desde COAG alegan que “todo lo que escuchamos del Ministerio y de las consejerías son de cara a la galería, brindis al sol. No nos contradicen, nos dan la razón. Tienen un mensaje para quedar bien pero no les veo ante las autoridades europeas alzando la voz, tomando medidas, llevando este tema ante sus últimas consecuencias”.

La eurodiputada considera que desde el Parlamento Europeo deben seguir trabajando en ello. “Hasta que no se sea consciente de que esto es un problema para Europa, que ahora le ha tocado al tomate, pero otro día puede tocar a otro producto, pues no se tomaran medidas adecuadas”, concluye.

Ante esta clara ofensa no solo al producto español, sino que se están vulnerando los derechos del consumidor, ¿piensan los supermercados tomar alguna decisión? ¿Apuestan más por el producto marroquí a pesar de no tener la misma calidad que el andaluz?

Lidia Vega
Lidia Vega
Redactora de economía y empresas especializada en Distribución, Alimentación y Consumo