Las discrepancias entre Marruecos y España van mucho más allá del paso de la frontera. Hace unos días estalló la denominada “crisis del tomate”, que ya era palpable desde hace años, pero ahora se ha agudizado. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos junto con la Fundación Mundubat sacaba a la luz la megalópolis que se está construyendo en el Sáhara Occidental. El gran problema es que llegan a España tomates cuyo origen se desconoce. Y como agravante de la situación: los consumidores tienen el derecho de conocer dicha procedencia.
En mitad del conflicto político ha surgido la polémica alimentaria que se esboza en el estudio ‘Derechos Humanos y empresas transnacionales en el Sáhara occidental‘. En dicho documento se explican las múltiples irregularidades que se están llevando a cabo en este territorio. En el informe se detalla que cinco grandes grupos empresariales, muchos de ellos participados por Mohamed VI y el propio ministro de Agricultura de Marruecos, están explotando tierra fértil de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Una de estas empresas es Les Domaine Agricoles, holding perteneciente al rey de Marruecos cuya información está catalogada como confidencial.
Además, se vulneran los derechos fundamentales del pueblo saharaui y se les discrimina laboralmente. En esta megalópolis del tomate los contratados son marroquíes, no contratan a los saharauis porque desconfían de ellos y porque buscan mano de obra algo cualificada.
LOS PRODUCTOS SAHARAHUIS NO PODRÍAN ENTRAR EN EUROPA
Sin embargo, uno de los principales problemas de esta megalópolis y que afecta tanto a consumidores españoles como europeos es la opacidad de su etiquetado. ¿Cómo sabemos si el producto que consumimos es realmente de Marruecos o del Sáhara? Es imposible.
“El tema de la trazabilidad es lo más importante. Lo primero que, desde COAG, se denunció ya hace años que, bajo el amparo del acuerdo de asociación, no podían entrar productos saharauis porque el acuerdo era Marruecos-Unión Europea. Eso se llevó a su extremo con una demanda al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que nos dio la razón. Nos dijo que el acuerdo era ilegal, que solo amparaba al producto marroquí y no al saharaui. La Comisión Europea lo arregló justificando el acuerdo, viendo un anexo y diciendo que el acuerdo también amparaba a las producciones saharauis. Al final eso era lo que quería Marruecos”, explica Andrés Góngora, responsable de Frutas y Hortalizas de COAG.
Además, explica que “las empresas que se han instalado en el Sáhara son todas marroquíes y la mayoría tienen otras fincas en Agadir. Lo que se está haciendo es cambiar un producto por otro en el territorio marroquí. La comisión debería apretar ahí”.
Este hecho vulnera el derecho del consumidor de conocer el origen del producto que después va a llegar a su hogar. Este derecho está reconocido por la Unión Europea y, sin embargo, a pesar de saberlo, no está haciendo nada para ponerle una solución. “La trazabilidad es obligatoria para los productores y no sé está haciendo. Marruecos como estado se niega en rotundo a tener una etiqueta de Europa que aparezca ‘Origen Sahara Occidental’ porque eso sería reconocer el estado saharaui y no quiere”, argumenta Góngora.
«LA COMISIÓN EUROPEA ESTÁ JUGANDO CON NUESTRA SALUD»
Resulta realmente asombroso que desde la Comisión Europea no se esté haciendo nada para solucionar el problema del rastreo del producto. Si existe cualquier producto que genere un problema de salud en el consumidor, la trazabilidad sirve para rastrear de qué finca, de qué explotación viene. Con lo cual el no tener este código es un delito muy grave. “Es imposible recuperar el código de trazabilidad después de que salga de su producción y le ponen un código falso. La Comisión está jugando con fuego, está jugando con nuestra propia salud”, señala el directivo de COAG.
El gran perjudicado económicamente de todo esto es España y, en concreto, las huertas del sur. Almería se ha caracterizado durante años por ser la gran productora de tomates, sin embargo, ahora el principal proveedor en el país es Marruecos.
¿Piensa la Unión Europea tomar cartas en el asunto y defender a España? ¿El Gobierno español piensa plantar cara y defender a su producto? ¿Y los supermercados? ¿Apostarán por el producto nacional o por el tomate importado de Marruecos después de conocer las irregularidades en su rastreo?
