El acuerdo alcanzado por el Gobierno con Esquerra Republicana para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 pretende que se fijen «límites mínimos y/o máximos de gravamen efectivo» en el Impuesto sobre el Patrimonio para evitar que comunidades como Madrid lo bonifiquen hasta hacerlo prácticamente inexistente.
En este acuerdo, de trece puntos, ambas partes acuerdan por un lado la creación de un comité de expertos para establecer las bases de «una reforma tributaria estructural a medio y largo plazo que modernice la eficiencia del sistema tributario» para «adecuarlo a la realidad económica del siglo XXI.
En el texto dado a conocer por ERC se señala que el objetivo es avanzar hacia un sistema tributario «más equitativo, progresivo, justo y que incorpore la imposición medioambiental, digital y la perspectiva de género».
Y en ese contexto incluyen el compromiso de crear otro grupo de trabajo que analice la reforma del Impuesto sobre Patrimonio, ya que el Gobierno y ERC coinciden en que este impuesto «debe jugar un papel relevante para mejorar la legitimación del sistema tributario» y contribuir «a mejorar la equidad y la gestión administrativa de otros gravámenes».
«La última reforma estatal de este impuesto tiene fecha de 2011, por lo que resulta necesario actualizar sus elementos esenciales para ajustarlos a la realidad socioeconómica actual», sostienen ambas partes.
Al imponer un mínimo, si finalmente la reforma se culmina en línea con lo firmado en el acuerdo, la Comunidad de Madrid ya no podría seguir con su actual política de bonificar el 100% del Impuesto de Patrimonio, que en la práctica supone dejarlo exento.
MORATORIA DE COTIZACIONES PARA AUTÓNOMOS
Por otro lado, el Gobierno y ERC han acordado reproducir el aplazamiento de pago de cotizaciones para autónomos a interés reducido del 0,5% aprobado durante los primeros meses de pandemia –abril, mayo y junio–, aunque en sus términos aprobados en abril, para las deudas que estos trabajadores deban abonar a la Seguridad Social en diciembre de este año y enero y febrero.
Otras medidas económicas contempladas pasan por homologar el tratamiento fiscal del Institut Català de Finances (ICF) al Instituto de Crédito Oficial (ICO), la gestión por parte de la Generalitat del ingreso mínimo vital, la cogobernanza de los fondos europeos –«la Generalitat gestionará más de la mitad y marcará sus prioridades de inversión«– y la modificación de los estatutos del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona para dar entrada a la Generalitat de Cataluña.
