El Consejo de Ministros ha autorizado a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a comprar una decena de contenedores para albergar los residuos nucleares de la central de Cofrentes (Valencia), a través de un contrato que tendrá un importe superior a 30,3 millones de euros.
El plazo de ejecución del contrato será de cinco años, de modo que en diciembre de 2022 se entregarán cinco unidades y dos años después, en diciembre de 2024 los cinco siguientes. En concreto, el valor estimado del pedido será de 30,31 millones de euros.
Tras la autorización del Gobierno, Enresa celebrará un contrato para la fabricación, suministro y entrega de 10 contenedores que permitirán liberar las piscinas de combustible de la central valenciana y permitirá nuevas recargas de combustible en el reactor, previstas en octubre de 2023 y en octubre de 2025, para que este pueda seguir produciendo electricidad.
La compra de los contenedores se realizará con cargo al fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, que se nutre de la aportación que pagan los titulares de las centrales nucleares.
Los residuos se almacenarán en seco en el almacén temporal individualizado situado en la misma planta. Además de los 10 contenedores, el contrato incluye también el suministro de 10 sistemas de vigilancia de fugas para controlar la presión entre las dos tapas del contenedor, así como repuestos -tapas, tornillos, y juntas – que pueden ser necesarios en el mantenimiento y vigilancia de dichos contenedores.
En la actualidad, el combustible gastado de las centrales nucleares, extraído del reactor en las paradas de recarga, se deposita bajo el agua en piscinas localizadas en sus instalaciones. Pero pasado un tiempo y por limitaciones de espacio este combustible se introduce en contenedores que se depositan en el ATI.
De acuerdo con el plan de cierre de las centrales nucleares del Gobierno, Cofrentes tiene establecida su fecha de cierre en 2030, según se estableció en el ‘Protocolo de intenciones’ que firmaron las propietarias de las centrales y Enresa en marzo de 2019.
Ese protocolo tiene en cuenta la contribución de la energía nuclear al mix energético español en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que el Gobierno remitió a la Comisión Europea este mismo año.
Las centrales destinan al Fondo para la financiación del Plan General de Residuos Radiactivos una cuantía de 7,98 euros por cada megawatio hora producido, tras la última modificación de la tarifa establecida por Real Decreto el 27 de diciembre de 2019.
