El responsable de empleo del PSOE, Toni Ferrer, ve «urgente» dotar «correctamente» las plantillas de servicios públicos y «dignificar» el empleo público y privado, potenciando la contratación estable, así como derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 y reducir la jornada de trabajo.
También aboga por revisar e incrementar los recursos las políticas activas de empleo y reformar el sistema fiscal hacia uno «más justo y progresivo» que asegure la suficiencia de ingresos para afrontar las necesidades de reconstrucción económica y social ante la crisis del Covid.
Así lo señala Ferrer en un artículo publicado en ‘Fundación Sistema’, en el que realiza una serie de recomendaciones ante las previsiones económicas y tras la EPA del segundo semestre, en la que se produjo la mayor caída de empleo de la historia, con la destrucción de un millón de empleos coincidiendo con el confinamiento.
Junto a la decisión «histórica» en la respuesta europea a la crisis, con el fondo de 750.000 millones, Ferrer recuerda que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos desde el inicio de la pandemia ha construido «un escudo social», como los ERTE o los avales del ICO, para «no dejar a nadie atrás.
AVISA DEL RIESGO DE AJUSTES DE COSTE LABORAL PARA RECUPERAR RENTABILIDAD
Además, valora el Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo, firmado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos, así como los acuerdos sociales por el empleo, con la extensión de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre, en paralelo a la aprobación en el Congreso de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social «rodeados del ruido y la confrontación provocados por la derecha y la ultraderecha.
En este sentido, advierte de que «todo apunta a que los neoliberales harán de los costes laborales una de las principales variables de ajuste que permita recuperar la rentabilidad empresarial«, por lo que «se corre el riesgo de que se pretenda relanzar la economía reduciendo al máximo el empleo, y por lo tanto la masa salarial».
Por ello, pide no olvidar la situación previa a esta crisis, con una recuperación de la anterior que se basó mayoritariamente en «descargar sobre la clase trabajadora el déficit y la deuda contraídas con recortes del gasto público e imponiendo bajos salarios y empleos precarios, que han generado el aumento de las desigualdades y del riesgo de pobreza».
A su juicio, se ha destapado que las actividades esenciales, como la sanidad, para mantener la vida económica y social ocupan mayoritariamente a trabajadores precarios y con bajos salarios, por lo que ve «urgente» dotar «correctamente» las plantillas de los servicios públicos y dignificar el empleo público y privado, potenciando la contratación estable y con derechos mediante la modernización de nuestro sistema de relaciones laborales.
Regular la protección de los derechos ante las nuevas necesidades sociales y la creciente digitalización y descarbonización de la economía, con la derogación de las medidas lesivas de la reforma laboral de 2012 y la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores son sus propuestas.
También pide que en los planes de recuperación se garantice que los avances alcanzados hasta ahora en materia de igualdad no tengan retrocesos y establecer un plan global de empleo, que integré y amplié los actuales planes específicos para jóvenes, parados de larga duración, así como aumentar los recursos destinados a las políticas de empleo, los servicios públicos de empleo y para mejorar la protección por desempleo.
Aboga por tanto por reformular las políticas activas de empleo e impulsar una agenda por el empleo centrada en el cambio de modelo productivo, potenciando los itinerarios personalizados para facilitar la orientación, la formación para el empleo y la inserción laboral de las personas desempleadas.
REDUCIR JORNADA DE TRABAJO Y REFORMAR SISTEMA FISCAL
Ante el aumento del desempleo insta a ampliar el reparto del empleo mediante la reducción de la jornada de trabajo, junto con otras fórmulas de flexibilidad negociada, al tiempo que se aumenten los medios contra la economía sumergida, el fraude laboral y los falsos autónomos.
En su opinión, la política industrial debería ser el eje central de la transición a un modelo económico digital y bajo en carbono, con medidas específicas de impulso en los ámbitos del sector primario, industrial y de servicios, apoyar la economía social, el trabajo autónomo y a las pymes.
Igualmente, ve «imprescindible» la mejora de los servicios públicos, garantizar el sistema público de pensiones y reforzar el Estado del bienestar, para lo que cree que se requiere reformar el sistema fiscal, para que sea «más justo y progresivo», junto con la erradicación del fraude y la evasión fiscal, y garantizar la suficiencia de ingresos para afrontar las necesidades*de la reconstrucción económica y social.
