La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso ha avalado este jueves a la candidata propuesta por el Gobierno para dirigir la CNMC, la abogada Cani Fernández, así como al candidato a vicepresidente, Ángel Torres, y al resto de consejeros propuestos.
Así, PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y el PNV han rechazado los vetos propuestos por PP y Vox a todos los candidatos del Ejecutivo, vetos que Ciudadanos ha respaldado en el caso de la candidata a la presidencia y del consejero propuesto por Unidas Podemos, Carlos Aguilar.
Tanto PP como Vox han subrayado que no ponen en duda la valoración profesional de la candidata del Gobierno y su trayectoria, pero han expresado su preocupación de su capacidad para resistir conflictos de intereses, por su pasado como jurista en defensa de empresas supervisadas.
El diputado ‘popular’ Mario Garcés ha cuestionado directamente a Fernández su capacidad para ejercer su presidencia «en condiciones, honorablemente y con integridad», mientras que Víctor González, de Vox, sin dudar de su «honorabilidad», sí ha reconocido que existe «sospecha» por su trayectoria y se ha preguntado si no existen candidatos con una hoja de servicios «análoga», pero «sin esa sospecha» que, a su juicio, arrastra Fernández.
Idéntica situación se ha producido en las votaciones para determinar si la Cámara detectaba conflicto de interés en los consejeros. El PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y el PNV, han rechazado su posible existencia frente a PP y Vox, mientras que Cs se ha abstenido salvo en los casos de Fernández y Aguilar, en los que sí detecta la existencia de posibles conflictos de interés.
Pasado el trámite parlamentario, el Gobierno tiene ahora ‘luz verde’ para formalizar el nombramiento de Cani Fernández como presidenta de la CNMC, de Ángel Torres como vicepresidente, y de Carlos Aguilar, Josep María Salas y Pilar Sánchez Núñez como nuevos consejeros del supervisor.
EL PP CREE QUE HAY UN «ASALTO A LAS INSTITUCIONES»
En el debate parlamentario, el PP ha denunciado el «asalto a las instituciones» realizado, a su juicio, por el Gobierno, al tratar de «capturar al regulador y después al regulado», una «situación insólita», ha asegurado Mario Garcés, que cree que supone «una adulteración de uno de los principales supervisores», por lo que ha llamado al PSOE a «recapacitar».
Ciudadanos, a través de su diputada María Muñoz, ha destacado la trayectoria profesional de Fernández, así como del resto de propuestas del Gobierno para renovar la CNMC, pero ha cuestionado su independencia, así como la posibilidad de que choque en conflictos de interés.
Por parte del PSOE, Antonio Hurtado ha lamentado que en la oposición «confunden la independencia» del propio organismo con la determinación de la idoneidad profesional para poder dirigirlo, y ha acusado a PP y a Vox de «desprestigiar» la CNMC. «Están por destrozar todo lo que pueden y más, incluso los órganos públicos e independientes», ha dicho.
Txema Guijarro, de Unidas Podemos, ha elogiado el currículum de Fernández para dirigir la CNMC y ha reivindicado la necesidad de contar con una regulación dentro de la economía de mercado. «El mercado es un excelente vasallo, pero es un pésimo amo», ha asegurado, pidiendo a Fernández que se asegure de que, efectivamente, sea «un excelente vasallo»
FERNÁNDEZ COMPROMETE «MÁXIMA INDEPENDENCIA»
En su intervención, Cani Fernández ha dejado claro que su principal «propósito» al frente del organismo será la «máxima independencia», «denominador común», ha dicho, en todo su desempeño profesional, y que no le condicionará haber representado a empresas en el pasado pues rehuirá de intervenir «ante cualquier duda» por un posible conflicto de intereses.
Incluso «aun cuando la ley no lo requiera», ha dejado claro que «voluntariamente» dará «un paso más allá», si bien considera que no prevé «un número significativo de conflictos».
Asimismo, ha reivindicado su trayectoria, tanto en el sector privado como en las instituciones, asesorando a la Comisión Europea, el Gobierno e incluso la propia CNMC, «a pesar de estar litigando con ellos permanentemente», y ha lamentado que se cuestione su procedencia directamente desde Moncloa: «Llama poderosamente la atención que el que una persona se ponga al servicio de su Gobierno sea una tacha o un demérito», ha dicho.
